El Tribunal Oral Federal 2 condenó ayer a cinco personas que participaron en una operación de transporte de poco más de 8,5 kilos de cocaína, que fue detectada en un procedimiento de control sobre una ruta al oeste de la capital de Salta.
La condena, dictada por la jueza Gabriela Catalano (presidenta), en todos los casos fue por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
En calidad de coautores, Robles Funes fue condenado a 7 años de prisión, su hijo y Guillén a 6 años de prisión. Esquivel, en tanto, recibió una pena de 3 años, también condicional, por ser considerado partícipe secundario.
La fiscal subrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, llevó adelante el caso desde su inicio el 14 de marzo pasado. Contó con la asistencia de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana.
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El Tribunal Oral Federal 2 condenó ayer a cinco personas que participaron en una operación de transporte de poco más de 8,5 kilos de cocaína, que fue detectada en un procedimiento de control sobre una ruta al oeste de la capital de Salta.
La condena, dictada por la jueza Gabriela Catalano (presidenta), en todos los casos fue por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
En calidad de coautores, Robles Funes fue condenado a 7 años de prisión, su hijo y Guillén a 6 años de prisión. Esquivel, en tanto, recibió una pena de 3 años, también condicional, por ser considerado partícipe secundario.
La fiscal subrogante Paula Gallo, de la Unidad Fiscal Salta, llevó adelante el caso desde su inicio el 14 de marzo pasado. Contó con la asistencia de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana.
Los hechos juzgados tuvieron inicio en la ruta 40, a la altura de la localidad de Tolombón, cuando personal de la Gendarmería Nacional detuvo un automóvil Peugeot 206, que se dirigía a Tucumán.
Durante el control, uno de los efectivos percibió que una rama salía del panel del rodado, por lo que al profundizar la requisa descubrió que llevaba ocho paquetes de droga en el sector de los guardabarros, por lo que quedó detenido.
“Nueva forma”
Por su parte, el juez Batule se refirió a la importancia de las herramientas legales establecidas para la investigación de las organizaciones criminales como la del “imputado colaborador”. En este punto, en tanto, resaltó “esta nueva forma con la que el Ministerio Público Fiscal vienen llevando adelante las investigaciones de los hechos delictivos, a partir de la implementación del Código Procesal Penal Federal”.
Explicó que “un hecho como este, producto de un hallazgo de estupefacientes en un control de rutina, un hecho de flagrancia, en otro momento hubiera quedado sólo con una sola detención y hubiera terminado la investigación”.
“Siempre se reclamó la necesidad de que se investigara la vinculación del transportista con los responsables de los transportes que estaban en los escalones superiores. En este caso, después del hallazgo del estupefaciente, utilizando estas herramientas se hizo una investigación hacia adelante y hacia atrás, a partir de la información brindada y la documentación que se encontró en el vehículo”, agregó.
Precisó que toda la información, mensajes, llamadas obtenidas por la fiscalía, son producto de la explotación de los teléfonos que fueron secuestrados. “No hay intervenciones telefónicas como en otras causas de las cuales van surgiendo las comunicaciones y a partir de allí se llega al hallazgo del estupefaciente. En este caso, a partir del hallazgo del estupefaciente se logra determinar los otros responsables de este transporte”, destacó.
Para el juez, incluso, no solo se pudo corroborar la responsabilidad de este transporte en particular, sino que “de la información obtenida se puede incluso inferir que habría existido otro transporte de estupefaciente en los primeros días de febrero de 2021”.
“La investigación da cuenta de los recaudos que tomaba esta organización para no ser descubierta. Hay poco contacto con el estupefaciente”, añadió. No obstante, coincidió en destacar la tarea de la fiscalía al reunir suficientes elementos de prueba que destruyeron esa estrategia.