Un proyecto de investigación realizado por 46 periodistas de 14 provincias sobre la implementación de la ley 27.610 que desde este año permite la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) e ILE (interrupción legal del embarazo) arrojó que falta información básica para las mujeres que desean acceder a la práctica.
inicia sesión o regístrate.
Un proyecto de investigación realizado por 46 periodistas de 14 provincias sobre la implementación de la ley 27.610 que desde este año permite la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) e ILE (interrupción legal del embarazo) arrojó que falta información básica para las mujeres que desean acceder a la práctica.
La discusión por la ley de interrupción del embarazo llevó a que diferentes sectores que hasta el momento no habían mostrado unidad ni militancia, lo hicieran. De esta manera, actrices, docentes, médicos y hasta "católicas por el derecho a decidir" se embanderaron detrás de la iniciativa que defendieron.
En este escenario, las comunicadoras también asumieron un rol activo que, con la norma ya aprobada se transformó ahora en control de la efectividad de la ley. Así lo asumieron las periodistas de la Red Federal de Periodistas Feministas que, con financiamiento de la fundación Huésped se abocaron a conocer cómo se implementa la ley.
"Son 14 las provincias que tienen más comprometidos sus derechos sexuales y reproductivos", explicó Itatí Carrique, coordinadora del proyecto en Salta sobre el recorte geográfico del proyecto.
Además de nuestra provincia también se incluyó a Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Córdoba, Chaco, Formosa y Mendoza. En estas provincias las periodistas se entrevistaron con alrededor de 500 fuentes que incluyeron desde efectores de salud, organismos de control, organizaciones sociales y mujeres que quisieron acceder a la practica.
El relevamiento no solo incluyó los centros urbanos, sino también al interior. En el caso de Salta, la periodista Bernadita Ponce Mora tuvo a su cargo el relevamiento en capital, mientras que en el interior trabajaron Teresita Frías, en Metán, y María Aleman, en Orán.
"Lo que surge es muy similar en las diferentes provincias: que las mujeres que quieren acceder no encuentran información de manera fácil y accesible. También desconocen en muchos casos qué es lo que dice la ley", advirtió Carrique, quien resaltó además diferencias entre las ciudades y localidades más pequeñas. "Es mucho más fácil acceder a la práctica en grandes centros urbanos, y se va volviendo más complejo el acceso en las periferias", dijo.
De los datos surgió también que las organizaciones sociales que tuvieron un rol activo para acceder a la práctica antes de la aprobación de la ley continúan siendo "fundamentales a la hora de articular".
La objeción de conciencia en el personal que ejecuta la práctica fue uno de los puntos de mayor disputa cuando se aprobó la ley en diciembre del año pasado. Respecto al personal de salud, Carrique destacó que en el sector que debe garantizar el acceso a la practica también se detectó desinformación: "Hay que traccionar para que haya capacitación a todo el personal de salud para que sepan exactamente qué dice la ley y garantizar el derecho", señaló.