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Esperanzados por la presentación de un recurso en los tribunales de impugnación, integrantes de una familia en el norte provincial esperaban los resultados de esa presentación que finalmente no fue la esperada. Los jueces de la Sala III del Tribunal de Impugnación, Pablo Mariño y Rubén Arias Nallar, rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa de siete personas que habían sido condenadas en Orán, acusadas de narcotráfico.
La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, María Laura Toledo Zamora había condenado en mayo de este año a Daniel Gustavo Simba, Amelia del Milagro Simba, Silvia Claudia Simba, Teresa Cristina Simba, Mariela Simba, David Martín Simba y Claudio Jesús Cuéllar a la pena de seis años de prisión efectiva y pago de multa, por ser coautores materiales y responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravado por ser en perjuicio de menores de edad y por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.
Dijeron los jueces que los argumentos expuestos por la defensa no fueron suficientes para revertir la decisión que había sido adoptada luego del juicio realizado. Agregaron que de los allanamientos, las filmaciones reproducidas en audiencia de debate y las declaraciones testimoniales, surgieron con claridad los movimientos desplegados en los domicilios de los imputados, que son miembros de la misma familia, lo que permitió administrar la sustancia de manera organizada.
Expusieron que la sentencia carece de los vicios a los que refiere la defensa respecto a la selección y valoración de la prueba, y de la convicción de la jueza, ya que no cabe duda alguna acerca del reparto de las tareas de cada uno de los integrantes para lograr el objetivo.
De esa forma la Justicia salteña volvió a castigar y anular toda esperanza a una familia dedicada a la tenencia y la venta de estupefaciente en el norte salteño. Delito que se expande por cada sector de la sociedad para dañar estructuras. Muchas veces los vecinos saben quiénes y dónde comercializan la droga, pero no se animan a denunciar.
La investigación comenzó en marzo de 2019 por una denuncia anónima que aportaba datos sobre la comercialización de drogas en dos domicilios ubicados en el barrio 200 Años y Libertad de Orán. De allí se secuestró cocaína y otros elementos. La modalidad utilizada para la venta era la de "pasamanos", y se comprobó que la mayoría de los compradores eran menores de edad.