La Cámara de Diputados tratará mañana la ley de presupuesto para el próximo año y del análisis previo al proyecto surgió un fuerte cuestionamiento al libre manejo que se pretende imponer sobre recursos de coparticipación a los municipios.
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La Cámara de Diputados tratará mañana la ley de presupuesto para el próximo año y del análisis previo al proyecto surgió un fuerte cuestionamiento al libre manejo que se pretende imponer sobre recursos de coparticipación a los municipios.
El diputado por San Martín, Franco Hernández, advirtió que el espíritu federal con el que se anunció el presupuesto se desvirtúa al tratar de otorgar total discrecionalidad para disponer de $2.300 millones que son de los municipios.
El legislador cuestionó el manejo libre que se intenta imponer a través del artículo 28 de la ley de presupuesto, que mañana será tratada por la Cámara de Diputados.
Este artículo establecerá que el 1,5% del Fondo de Convergencia Municipal se integrará con $918.173.681 para gastos corrientes y con $1.377.260.521 para gastos de capital.
Pero, con el artículo 28 también se dejará determinado que la ejecución se hará en función de la metodología que fijen Economía y la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, a cargo de Pablo Outes.
El diputado Hernández advirtió que el último organismo no tiene rango de ministerio y cuestionó que no se establezcan imputaciones concretas de partidas para distribuir los $2.300 millones a los municipios.
"Si no se esta en armonía con el Gobierno provincial la discrecionalidad va a ser negativa y si se está en consonancia con el Gobierno provincial va a ser positiva; será todo subjetivo", consideró el diputado del PV.
El Fondo de Convergencia fue establecido en el 2011 para que los municipios atiendan gastos corrientes y gastos de capital.
Hernández recordó que en la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey se eliminó el giro automático del 1,5 % de coparticipación para crear el Fondo del Bicentenario y para compensar se restituyó el fondo de convergencia, pero administrado discrecionalmente por el Ejecutivo, con los ministros de Economía y de Gobierno asignando recursos.
Para el diputado Hernández, lo que se pretende fijar en el artículo 28 del presupuesto para el 2022 no es para nada federal y se estará otorgando un cheque en blanco.
Tras reiterar que la Coordinación de Relaciones Políticas no tiene rango de ministerio y a su entender "no puede manejar partidas presupuestarias, justamente porque no está contemplada en la Constitución", Hernández anticipó que lo planteará mañana en el recinto.
También la diputada Cristina Fiore, como integrante de la comisión de Legislación General, anticipó la posibilidad de incluir en el dictamen el tema del manejo discrecional de recursos para los municipios.
Del análisis al proyecto presupuestario, Fiore se mostró preocupada por la excesiva delegación de facultades que se otorgarán para el gobernador en la ley de presupuesto 2022.
Dijo que le llama la atención que otras áreas vayan a tener más recursos que el Ministerio de Desarrollo Social. La copa de leche, unos $700 millones, está dependiendo de la Gobernación, advirtió la legisladora capitalina.