El escandaloso robo del gasoducto del NEA terminó con leves condenas

El descomunal saqueo al gasoducto del NEA, que bien tiene por apelativo "el robo del siglo", terminó finalmente, después de inusuales postergaciones para dar a conocer la sentencia para los acusados, con leves condenas que incluyen dos arrestos domiciliarios y una prisión efectiva de tres años. Esta última pena tiene la posibilidad cierta de una apelación al tratarse de un fallo que resultó dividido dentro del Tribunal Oral Federal, integrado por Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule.

Los magistrados decidieron condenar al exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado a la pena de 6 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el término de la condena, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado en despoblado y en banda.

La misma pena recayó en el empresario Diego Alos, el titular OSIP, la empresa mendocina encargada de extraer las enormes tuberías del gasoducto como supuesto material de rezago y pasivo ambiental, a partir de una autorización municipal firmada por el intendente Prado.

En forma unánime el tribunal determinó su responsabilidad penal y dictaminó que la pena se cumpla en la modalidad domiciliaria, por lo que los dos acusados quedaron bajo custodia de la Gendarmería Nacional en sus respectivos domicilios.

Los magistrados también dispusieron que el monitoreo del cumplimiento efectivo de la prisión domiciliaria se haga a través de un dispositivo electrónico, pero será Gendarmería la encargada de vigilar a los condenados hasta que se les asigne dicho dispositivo.

Una prisión efectiva

En tanto, Adrián Vera, el principal responsable que llevó adelante el saqueo al GNEA y sindicado como el autor de otros importantes robos a gasoductos en el país, fue condenado a la pena de 3 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado en despoblado y en banda, en concurso real con uso de documento falso o adulterado en calidad de autor.

Este último fallo no fue unánime, ya que el juez Batule votó en disidencia, con lo cual dejó habilitado el camino para una apelación por parte de la defensa de Vera.

Vera había sido atrapado en octubre de este año en Buenos Aries en momentos en que desmantelaba otro ducto gasífero junto a cinco cómplices entre las localidades de Cañuelas y San Vicente. Actualmente se encuentra detenido en el Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, aunque la orden del Tribunal fue su inmediato traslado a una unidad penitenciaria federal, por lo que podría ser trasladado en las próximas horas a la cárcel de Guemes. Hay que recordar que Vera también tiene causas pendientes con la Justicia provincial, acusado por varias estafas en el norte de Salta.

Adrián Vera está detenido en el destacamento de Gendarmería de Orán. El tribunal ordenó su traslado a una dependencia penitenciaria federal, pero el detenido también debe responder por varias causas por estafa en la Justicia provincial.
 

Entre los puntos del fallo del tribunal se destaca, además, la devolución de 252 caños decomisados a la empresa IASA; la devolución a Prado de 500 dólares y 13 mil pesos que habían sido encontrados en su caja fuerte durante los allanamiento en Aguaray. También se dispuso la devolución de teléfonos celulares y elementos informáticos incautados a Prado y Alos.

Todas las pruebas, todas

Las penas dictadas por el Tribunal no parecen estar a la altura de la investigación que se desarrolló en torno al denominado "robo del siglo", en un juicio que se evidenció con testimonios, copias de actos administrativos, actas, remitos, facturas, cheques y hasta comprobantes de giros de dinero sobre el plan de saqueo del GNEA que se gestó con una aceitada "asociación ilícita", con complicidades que trascendieron al municipio de Aguaray y que se proyectaron desde Tonono (Tartagal) hasta el conurbano bonaerense y otras provincias del sur del país inclusive.

El juicio había comenzado con 10 imputados y terminó con siete de ellos absueltos.

Si bien se trata de una condena efectiva en contra de un funcionario público seriamente sospechado, la pena, que insólitamente fue postergada por varios días, dejó ver un claro perfil garantista, sobre un escándalo que tuvo repercusión nacional.

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