Las preciadas y escasas dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 que llegaron a Tartagal, estaban destinadas a trabajadores del hospital Perón y de los sanatorios privados que se encuentran en la primera línea de atención y por ello están peligrosamente expuestos al contagio de este virus que hace estragos en todo el mundo.
Ojalá y pronto llegue la cantidad de dosis necesarias para todos los argentinos, pero por ahora, son pocas y tienen destinatarios. El fiscal penal Rafael Medina inició de oficio una investigación para determinar las eventuales responsabilidades que pudiera caberle a los directivos del hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, quienes públicamente confirmaron, tal como lo anticipó El Tribuno, que particulares que no integran el área Salud, recibieron la vacuna Sputnik V contra el Sars-Cov-2.
Este hecho se suma a otro escándalo que se produce en la localidad norteña, que involucra a dos funcionarias públicas -una concejal actualmente detenida y a una defensora oficial- quienes deben responder por la supuesta comisión de un delito penal, ya que fueron acusadas de acopiar, vender y eventualmente utilizar con fines electoralistas la ayuda solidaria que recibían desde diferentes entidades sin fines de lucro del país.
Esta vez, el escándalo se trasladó al hospital Juan Domingo Perón luego de que se conociera que periodistas de la radio Municipal FM Ciudad y tres dirigentes piqueteros recibieron la vacuna que debía ir destinada a los trabajadores del hospital Perón y de los sanatorios privados. El gerente del hospital Perón, Juan López, le confirmó a El Tribuno que los piqueteros que recibieron la popular y escasa vacuna rusa son de apellido Contreras.
López fue el primero en explicar las razones por las que comunicadores y piqueteros recibieron la Sputnik V, seguido por la encargada del área de vacunación licenciada Carla Vesprini.
El fiscal penal de Tartagal Rafael Medina consultado por la prensa local, precisó: “Tenemos que determinar si existe una ley que efectivamente indique que debe vacunarse en primera instancia al personal esencial o en su defecto debe aplicarse el criterio de los facultativos médicos para determinar en caso de que sobren las vacunas si deben vacunar al personal no esencial”.
El agente fiscal de Tartagal en esa línea explicó que “desconocemos si la vacuna tiene un vencimiento y si al sobrar por negativa del personal de salud, por razones humanitarias los médicos pueden disponer si se puede vacunar a otras personas que no se encuentren dentro del servicio esencial. Por ese motivo estamos librando los correspondientes oficios para que el hospital Juan Domingo Perón explique la situación”.
Apenas se tuvo conocimiento de esa noticia, agregó el agente fiscal “que aparentemente puede o no constituir un delito, nos corresponde pedir las explicaciones respectivas y que los facultativos de ese hospital nos sabrán dar”.
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Las preciadas y escasas dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 que llegaron a Tartagal, estaban destinadas a trabajadores del hospital Perón y de los sanatorios privados que se encuentran en la primera línea de atención y por ello están peligrosamente expuestos al contagio de este virus que hace estragos en todo el mundo.
Ojalá y pronto llegue la cantidad de dosis necesarias para todos los argentinos, pero por ahora, son pocas y tienen destinatarios. El fiscal penal Rafael Medina inició de oficio una investigación para determinar las eventuales responsabilidades que pudiera caberle a los directivos del hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, quienes públicamente confirmaron, tal como lo anticipó El Tribuno, que particulares que no integran el área Salud, recibieron la vacuna Sputnik V contra el Sars-Cov-2.
Este hecho se suma a otro escándalo que se produce en la localidad norteña, que involucra a dos funcionarias públicas -una concejal actualmente detenida y a una defensora oficial- quienes deben responder por la supuesta comisión de un delito penal, ya que fueron acusadas de acopiar, vender y eventualmente utilizar con fines electoralistas la ayuda solidaria que recibían desde diferentes entidades sin fines de lucro del país.
Esta vez, el escándalo se trasladó al hospital Juan Domingo Perón luego de que se conociera que periodistas de la radio Municipal FM Ciudad y tres dirigentes piqueteros recibieron la vacuna que debía ir destinada a los trabajadores del hospital Perón y de los sanatorios privados. El gerente del hospital Perón, Juan López, le confirmó a El Tribuno que los piqueteros que recibieron la popular y escasa vacuna rusa son de apellido Contreras.
López fue el primero en explicar las razones por las que comunicadores y piqueteros recibieron la Sputnik V, seguido por la encargada del área de vacunación licenciada Carla Vesprini.
El fiscal penal de Tartagal Rafael Medina consultado por la prensa local, precisó: “Tenemos que determinar si existe una ley que efectivamente indique que debe vacunarse en primera instancia al personal esencial o en su defecto debe aplicarse el criterio de los facultativos médicos para determinar en caso de que sobren las vacunas si deben vacunar al personal no esencial”.
El agente fiscal de Tartagal en esa línea explicó que “desconocemos si la vacuna tiene un vencimiento y si al sobrar por negativa del personal de salud, por razones humanitarias los médicos pueden disponer si se puede vacunar a otras personas que no se encuentren dentro del servicio esencial. Por ese motivo estamos librando los correspondientes oficios para que el hospital Juan Domingo Perón explique la situación”.
Apenas se tuvo conocimiento de esa noticia, agregó el agente fiscal “que aparentemente puede o no constituir un delito, nos corresponde pedir las explicaciones respectivas y que los facultativos de ese hospital nos sabrán dar”.