"Cuando formuló sus declaraciones de hace dos días y pidió "reordenar la Corte", el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, demostró cuál es la prioridad de Cristina Fernández de Kirchner de quien él es vocero: cerrar las causas, para siempre. Después de una decena de procesamientos por presunta corrupción, avalados por los testimonios de centenares de testigos, arrepentidos, exfuncionarios, contadores, y hasta el espectáculo incomparable de "los bolsones de López" - con nueve millones de dólares adentro- en un convento de General Rodríguez, es razonable que la vicepresidenta se sienta urgida por lograr absolución y declaración de inocencia. Y también, que aspire a ser reivindicada para que se cumpla su declaración ante los jueces: "La historia ya me absolvió". Este dato no está verificado. Y la absolución no parece accesible.
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"Cuando formuló sus declaraciones de hace dos días y pidió "reordenar la Corte", el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, demostró cuál es la prioridad de Cristina Fernández de Kirchner de quien él es vocero: cerrar las causas, para siempre. Después de una decena de procesamientos por presunta corrupción, avalados por los testimonios de centenares de testigos, arrepentidos, exfuncionarios, contadores, y hasta el espectáculo incomparable de "los bolsones de López" - con nueve millones de dólares adentro- en un convento de General Rodríguez, es razonable que la vicepresidenta se sienta urgida por lograr absolución y declaración de inocencia. Y también, que aspire a ser reivindicada para que se cumpla su declaración ante los jueces: "La historia ya me absolvió". Este dato no está verificado. Y la absolución no parece accesible.
Las apetencias personales de un político con entendibles, pero la grandeza solo es reconocida cuando existe.
Lo cierto es que ningún Poder Judicial es tan poderoso como crear un "lawfare". Ese imaginado complot -que el secretario Mena suscribe sin tomarse el trabajo de analizar el alcance de lo que supone- es una reacción institucional ante los procesamientos en cadena producidos a partir de la investigación de las coimas pagadas por la empresa Odebrecht. No es contra Cristina ni contra los presidentes "populares". Además del brasileño Lula, también derivó en procesamientos y hasta detenciones Michel Temer (Brasil) Alan García, quien se suicidó para no ser detenido, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kucynski (Perú) y por causas similares a Alvaro Uribe (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) mientras que en México son investigados Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari.
Mena es abogado, a su manera. En estos días afirmó que "en la Argentina no hay presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo sino de otros poderes". Que un funcionario sostenga la existencia de "presos políticos" es una anomalía. Los presos están en esa condición por decisión judicial y el sistema tiene mecanismos suficientes como para revisar errores o arbitrariedades. Cuestionar al sistema, como hace Mena, es aventurado y alarmante. En realidad, la vicepresidenta ya lo había adelantado. Un documento del Instituto Patria lo propuso hace tiempo: "la justicia debe ser una dependencia del Poder Ejecutivo" señalaba una escrito que incluía una nueva constitución nacional y un nuevo "contrato social".
Esas ideas son liminares. Es el concepto de Justicia Legítima y, de hecho, la historia política de Néstor y Cristina Kirchner refleja esa filosofía, que reniega de la democracia representativa y la división de poderes.
"No me satisface en lo personal que con una mayoría de tres personas la Corte defina el destino judicial del país", dijo Mena. La Corte es la última instancia de un sistema que, a diferencia del Poder Ejecutivo, está integrado por profesionales que deben rendir prueba de idoneidad y son pasibles de enjuiciamiento. A Mena lo le satisface una Justicia que no absuelve a su jefa política, esa es la realidad.
La Justicia argentina presenta muchas deficiencias, es cierto. Pero la primera es la intromisión de la política, que suele acarrear intereses espurios. Lo más saludable sería, probablemente, que la participación de la política fuera mínima y que los magistrados fueran elegidos por un consejo de académicos del Derecho, de otras áreas del saber, de representantes de jueces, fiscales y abogados y menos diputados, senadores y políticos. Y que fuera un poder realmente independiente. Es decir, que sea todo lo contrario de lo que propone Justicia Legítima.
La "militancia" de Mena tiene una visión mezquina y utilitaria de la Justicia: es la que se puso de manifiesto en la manipulación de la muerte de Alberto Nisman y en la politización obscena del caso del artesano Santiago Maldonado.
Los mensajes detrás de la basura
Hace dos semanas, el sábado 16 de enero, un grupo de militantes inauguró una nueva estética política: tiraron basura en las puertas del Palacio de Justicia. El pretexto: la libertad de Milagro Sala, presa en Jujuy. Los convocantes fueron el ministro de Jorge Ferraresi; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y el activista Juan Grabois. Y los ejecutores, la Cámpora y la Tupac Amaru.
¿Por qué no lo hicieron en Jujuy? Porque el mensaje, al unísono con las declaraciones de Juan Martín Mena, parece estar dirigido al presidente Alberto Fernández para que cumpla lo que se supone que el compromiso que asumió al integrar la fórmula: Definir a Cristina (y no a Milagro) como presa política y reivindicarla como para el futuro no la recuerde por “la rosadita” ni los “bolsones de López”, sino por lo que supone son sus grande logros en el gobierno.