El acuerdo aceptado por el gobierno de Mauricio Macri para saldar la deuda del Correo Argentino fue "perjudicial para el Estado", según determinó un estudio de una dirección que depende de la Corte Suprema de Justicia.
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El acuerdo aceptado por el gobierno de Mauricio Macri para saldar la deuda del Correo Argentino fue "perjudicial para el Estado", según determinó un estudio de una dirección que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una pericia realizada sobre el denominado "Caso Correo" por la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende del máximo tribunal de Justicia de la Nación.
El estudio había sido solicitado por el juez Ariel Lijo, quien está a cargo de la investigación sobre la posible comisión de delitos de funcionarios del gobierno de Cambiemos, entre ellos el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, por el acuerdo sobre el Correo Argentino.
De esta manera, el estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para dejar saldada la deuda concursal con la empresa Correo Argentino S.A. avaló la postura de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien en su momento había impugnado dicho convenio por "abusivo", por lo que el acuerdo nunca se llegó a concretar.
Boquín había dicho que la propuesta aceptada "es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional" y que la aceptación implica "reducir el crédito del Estado nacional a una suma inadmisible", por "resultar equiparable a una condonación de la deuda".
De hecho, aquel estudio de hace cinco años mostró que "el valor real de la propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada implica una quita velada del orden del 98,82%".
A partir de lo dictaminado por la representante del Ministerio Público se dio lugar a varias denuncias, entre ellas una de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que originó la causa judicial que tiene en sus manos el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4.
A partir de allí se abrió el expediente para determinar si los entonces funcionarios habían incurrido en algún delito y quedó en manos de la Dajudeco la investigación de cada una de las propuestas sobre la deuda del Correo, que en la década del 90 se había privatizado y pasado a formar parte del grupo de la familia Macri por un monto de 296 millones de pesos al momento de rescisión del contrato durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En las últimas horas la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó por "tardía" una solicitud de la empresa Socma, de la familia Macri, para que la jueza Marta Cirulli sea apartada del proceso sobre el concurso preventivo del Correo.
Hace una semana la Sala B de la Cámara desestimó otro planteo de Socma, que pedía que se diera intervención al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en el trámite de recusación de la fiscal Gabriela Boquín, que también le había resultado adverso. Socma sostuvo que la jueza de primera instancia había incurrido en prejuzgamiento y, al igual que en caso de la fiscal Boquín, actuaba con "parcialidad y evidente animosidad" contra el Correo Argentino.
El año pasado, dirigentes del macrismo salieron al cruce de la intervención del Correo y alertaron que "el kirchnerismo presiona a la Justicia para perseguir" al expresidente Macri.