Al obligar a los propietarios a que declaren ante la AFIP todos los contratos de alquiler, el Estado da una nueva muestra de voracidad fiscal, una estrategia recaudatoria que no resolverá uno solo de los problemas del país, pero agravará lo que ya existe.
El argumento formal es que la mayoría de los contratos de locación se realizan fuera de la economía formal y con esta nueva obligación se avanzaría en un proceso de blanqueo. Además, se argumenta que solo se trata de beneficiar al inquilino, al que se considera en posición desfavorable frente al locador. En principio, no es más que una nueva intervención burocrática, igual a las que se han ensayado en el último medio siglo, y cuyo resultado siempre ha sido contraproducente. Además, en este caso, tal como está planteada, estimulará la aparición de nuevas formas de acuerdo no registrado.
Concretamente, a partir de marzo, lo más probable es que se produzca un aumento de los alquileres, mayor presión tributaria, menos rentabilidad, menos oferta y mayores obstáculos para los desalojos en caso de moras o daños materiales a los inmuebles. Una medida que se toma sin más esfuerzo que una resolución de la AFIP podría derivar, entonces, en una fuerte alteración del mercado inmobiliario y un agravamiento de la crisis habitacional del país.
El Estado es incapaz de crear un sistema de financiamiento hipotecario sustentable porque carece de una moneda sólida. Los requisitos establecidos por la ley de alquileres sancionada el año pasado imponen condiciones que serían válidas en un país sin inflación y con empleo registrado generalizado. Pero ese pa ís no existe.
Por eso, la inversión en viviendas para alquiler es una de las pocas alternativas de ahorro; de rentabilidad discreta, pero más atractiva que las posibilidades en pesos que ofrecen los bancos. Además, es una forma de resolver la falta de viviendas. Oficialmente se estima que la crisis habitacional, entendida como carencia de vivienda o de las condiciones mínimamente dignas afecta a 3.500.000 hogares; es decir, entre 15 y 17 millo nes de personas.
El propietario que invierte en un departamento para alquilar espera cuarenta años en recuperar ese capital, aunque el valor del bien se mantiene estable. En el caso de un particular, las nuevas regulaciones imponen una desalentadora carga burocrática. El desconocimiento de los problemas reales produce avances que bien podrían terminar con la intermediación inmobiliaria, como si esta actividad fuera una mera especulación. Sin embargo, su función es la de facilitar el acuerdo para locatario y locador.
La intervención del Estado para imponer contratos por tres años, congelar los alquileres y obstruir los desalojos tuvo, como primer efecto, el incremento del 62 % en los precios a partir de la Ley 27.551. En los que se celebren a partir de ahora, considerando que es evidente la subestimación de la inflación, los propietarios van a tratar de cubrirse de las consecuencias de un futuro incierto.
El actual gobierno se ve obligado a afrontar un verdadero desbarajuste económico ante el cual solo atina a incrementar la presión tributaria, exigiendo a los propietarios aportes económicos que degradan la inversión y el capital. Es una fórmula conocida, aplicada a veces por ideología y otras por ineptitud, pero que siempre termina incrementando la pobreza.
El Presupuesto 2021 aumenta la presión tributaria del 24% del PBI al 24,8%. Pero esos impuestos, generalmente aplicados al gasto político con el argumento del estímulo al consumo lo pagan todos, cualquiera sea el ingreso de cada cual. De hecho, con una estructura tributaria regresiva y un Estado ineficiente, el gobierno se transforma en el gran formador de precios: a fin de 2020, los impuestos componen el 41,3% del precio final de los alimentos.
Blanquear la economía exige un cambio de mentalidad. Intervenir en el mercado inmobiliario, y en cualquier mercado, siempre ha ido en detrimento de los intereses de los sectores de menores ingresos. Para recaudar racionalmente, el país tiene que producir más, alentar la inversión y desarrollar políticas constructivas. Dividir a la sociedad entre “los buenos y los malos”, (o enfrentar a propietarios e inquilinos), es un recurso nefasto, que puede servir a intereses mezquinos de corto plazo, pero termina destruyendo al país.
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Al obligar a los propietarios a que declaren ante la AFIP todos los contratos de alquiler, el Estado da una nueva muestra de voracidad fiscal, una estrategia recaudatoria que no resolverá uno solo de los problemas del país, pero agravará lo que ya existe.
El argumento formal es que la mayoría de los contratos de locación se realizan fuera de la economía formal y con esta nueva obligación se avanzaría en un proceso de blanqueo. Además, se argumenta que solo se trata de beneficiar al inquilino, al que se considera en posición desfavorable frente al locador. En principio, no es más que una nueva intervención burocrática, igual a las que se han ensayado en el último medio siglo, y cuyo resultado siempre ha sido contraproducente. Además, en este caso, tal como está planteada, estimulará la aparición de nuevas formas de acuerdo no registrado.
Concretamente, a partir de marzo, lo más probable es que se produzca un aumento de los alquileres, mayor presión tributaria, menos rentabilidad, menos oferta y mayores obstáculos para los desalojos en caso de moras o daños materiales a los inmuebles. Una medida que se toma sin más esfuerzo que una resolución de la AFIP podría derivar, entonces, en una fuerte alteración del mercado inmobiliario y un agravamiento de la crisis habitacional del país.
El Estado es incapaz de crear un sistema de financiamiento hipotecario sustentable porque carece de una moneda sólida. Los requisitos establecidos por la ley de alquileres sancionada el año pasado imponen condiciones que serían válidas en un país sin inflación y con empleo registrado generalizado. Pero ese pa ís no existe.
Por eso, la inversión en viviendas para alquiler es una de las pocas alternativas de ahorro; de rentabilidad discreta, pero más atractiva que las posibilidades en pesos que ofrecen los bancos. Además, es una forma de resolver la falta de viviendas. Oficialmente se estima que la crisis habitacional, entendida como carencia de vivienda o de las condiciones mínimamente dignas afecta a 3.500.000 hogares; es decir, entre 15 y 17 millo nes de personas.
El propietario que invierte en un departamento para alquilar espera cuarenta años en recuperar ese capital, aunque el valor del bien se mantiene estable. En el caso de un particular, las nuevas regulaciones imponen una desalentadora carga burocrática. El desconocimiento de los problemas reales produce avances que bien podrían terminar con la intermediación inmobiliaria, como si esta actividad fuera una mera especulación. Sin embargo, su función es la de facilitar el acuerdo para locatario y locador.
La intervención del Estado para imponer contratos por tres años, congelar los alquileres y obstruir los desalojos tuvo, como primer efecto, el incremento del 62 % en los precios a partir de la Ley 27.551. En los que se celebren a partir de ahora, considerando que es evidente la subestimación de la inflación, los propietarios van a tratar de cubrirse de las consecuencias de un futuro incierto.
El actual gobierno se ve obligado a afrontar un verdadero desbarajuste económico ante el cual solo atina a incrementar la presión tributaria, exigiendo a los propietarios aportes económicos que degradan la inversión y el capital. Es una fórmula conocida, aplicada a veces por ideología y otras por ineptitud, pero que siempre termina incrementando la pobreza.
El Presupuesto 2021 aumenta la presión tributaria del 24% del PBI al 24,8%. Pero esos impuestos, generalmente aplicados al gasto político con el argumento del estímulo al consumo lo pagan todos, cualquiera sea el ingreso de cada cual. De hecho, con una estructura tributaria regresiva y un Estado ineficiente, el gobierno se transforma en el gran formador de precios: a fin de 2020, los impuestos componen el 41,3% del precio final de los alimentos.
Blanquear la economía exige un cambio de mentalidad. Intervenir en el mercado inmobiliario, y en cualquier mercado, siempre ha ido en detrimento de los intereses de los sectores de menores ingresos. Para recaudar racionalmente, el país tiene que producir más, alentar la inversión y desarrollar políticas constructivas. Dividir a la sociedad entre “los buenos y los malos”, (o enfrentar a propietarios e inquilinos), es un recurso nefasto, que puede servir a intereses mezquinos de corto plazo, pero termina destruyendo al país.