Para la mayoría de los salteños, la gobernación de don Joaquín Castellanos, iniciada en 1919, aún permanece en la nebulosa. Al parecer, los altibajos de su gestión no despertaron mayor interés en los analistas políticos de la época. Y quizá sea ésa la razón por la cual, después de un siglo, poco se sabe de su gobernación, de sus proyectos y mucho menos de cómo se fue gestando el final de su mandato. Tal vez la causa sea la existencia de un tácito pacto de silencio entre sus opositores, ya que luego de la caída de Castellanos, no solo quedaron huellas “conservadoras”, sino también de radicales opositores. Y no son simples conjeturas de quien escribe estas líneas. Castellanos lo explicita en la carta que le escribe a Yrigoyen el 5 de enero de 1919, dos días antes de asumir el poder en Salta. Y lo hace cuando se refiere a la incomunicación que existió con el presidente en el transcurso del “accidentado desenvolvimiento de la campaña electoral”. “Este silencio -dice- que traducía una actitud inspirada en móviles dignos, fue mantenido invariablemente por mí a través de todo el largo tiempo en que la insidia atrabiliaria pretendió quebrantar la imparcialidad de Su Excelencia, haciendo todo lo posible para suscitarle desconfianza a mi respecto y atribuyéndome propósitos hostiles para la unidad partidaria y política del gobierno radical”.
Esa confesión que Castellanos le hace a Yrigoyen con respecto a los insidiosos, a poco, será algo palpable. Ya en una nota anterior sobre Joaquín Castellanos, dijimos que en el inicio de su gestión, todo parecía que iba marchar sobre rieles. El flamante mandatario tenía en mente varios proyectos para la provincia y, apenas asumió, los envió a la Legislatura para su correspondiente tratamiento. Pero, a poco de andar, Castellanos se topó, como vulgarmente decimos, con una “piedra en la frente”. Es que el Poder Legislativo, dominado por la Unión Provincial y unos pocos radicales, resolvió darle la espalda al flamante gobierno que acababa de consagrarse según la Ley Sáenz Peña, la del voto universal, secreto y obligatorio.
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Para la mayoría de los salteños, la gobernación de don Joaquín Castellanos, iniciada en 1919, aún permanece en la nebulosa. Al parecer, los altibajos de su gestión no despertaron mayor interés en los analistas políticos de la época. Y quizá sea ésa la razón por la cual, después de un siglo, poco se sabe de su gobernación, de sus proyectos y mucho menos de cómo se fue gestando el final de su mandato. Tal vez la causa sea la existencia de un tácito pacto de silencio entre sus opositores, ya que luego de la caída de Castellanos, no solo quedaron huellas “conservadoras”, sino también de radicales opositores. Y no son simples conjeturas de quien escribe estas líneas. Castellanos lo explicita en la carta que le escribe a Yrigoyen el 5 de enero de 1919, dos días antes de asumir el poder en Salta. Y lo hace cuando se refiere a la incomunicación que existió con el presidente en el transcurso del “accidentado desenvolvimiento de la campaña electoral”. “Este silencio -dice- que traducía una actitud inspirada en móviles dignos, fue mantenido invariablemente por mí a través de todo el largo tiempo en que la insidia atrabiliaria pretendió quebrantar la imparcialidad de Su Excelencia, haciendo todo lo posible para suscitarle desconfianza a mi respecto y atribuyéndome propósitos hostiles para la unidad partidaria y política del gobierno radical”.
Esa confesión que Castellanos le hace a Yrigoyen con respecto a los insidiosos, a poco, será algo palpable. Ya en una nota anterior sobre Joaquín Castellanos, dijimos que en el inicio de su gestión, todo parecía que iba marchar sobre rieles. El flamante mandatario tenía en mente varios proyectos para la provincia y, apenas asumió, los envió a la Legislatura para su correspondiente tratamiento. Pero, a poco de andar, Castellanos se topó, como vulgarmente decimos, con una “piedra en la frente”. Es que el Poder Legislativo, dominado por la Unión Provincial y unos pocos radicales, resolvió darle la espalda al flamante gobierno que acababa de consagrarse según la Ley Sáenz Peña, la del voto universal, secreto y obligatorio.
La máquina de impedir
Castellanos asumió la Gobernación de Salta el 7 de enero de 1919 y ahí nomás comenzó el proceso obstruccionista que tuvo derivaciones inimaginables. Se puede decir sin temor a equivocaciones, que en la historia de la provincia pocos gobernadores sufrieron un acoso político como el que se ejerció sobre Castellanos.
En el primer año de gobierno, la oposición y un grupo de sus correligionarios, se ocuparon de crear un clima de tensión. ¿Cómo lo hicieron? Cajoneado sistemáticamente todo proyecto que el Ejecutivo enviaba a la Legislatura. Y, como si eso fuese poco, entre diciembre de 1919 y enero de 1920, el parlamente salteño dejó de sesionar, siempre por falta de quórum, pese a los reiterados llamados a sesiones o asamblea legislativa. Pero con un agravante: la minoría nunca echó mano al derecho que reglamentariamente le asistía de compeler, aún con la fuerza pública, para que los remisos cumplan con sus obligaciones ciudadanas.
Y así fue que la obstrucción parlamentaria hizo que el gobernador Castellanos recurriese a decretos de “necesidad y urgencia”, como se les denomina ahora. Y lo hizo al igual que lo hacía el presidente Yrigoyen, entre otras, para reactivar el Trasandino del Norte o Tren a Huaytiquina, entre Rosario de Lerma y Campo Quijano, obra paralizada desde 1914.
Otros proyecto que “dormían” en la Legislatura eran la Ley de Riego, que buscaba terminar con los privilegios de los “aguatenientes”; la reforma constitucional lograda recién en 1928; presupuesto; creación del Departamento de Trabajo, el primero del país; ley para reglamentar las relaciones entre patrones y obreros y entre terratenientes y arrendatarios; creación del Banco de Préstamo Municipal; y la creación de la Escuela de Tejidos y Manualidades que, con algunas modificaciones, funcionó hasta los años 70 del siglo pasado. Hoy, varias de sus filiales del interior de la provincia fueron transformadas en escuelas técnicas.
Renovación de las cámaras
En diciembre de 1920, a casi medio mandato del gobierno de Castellanos, la misión de la oposición era clara: desgastar la gestión radical con la mira puesta en las elecciones de 1923, cuando se elegiría nuevo gobernador. Pasadas las fiestas de fin de año, no se vislumbró un cambio de actitud de la oposición, y fue entonces que Castellanos tomó una medida drástica, única en la historia política de Salta. El 29 de enero dictó el recordado Decreto N° 3141 por el cual convocaba a “elecciones generales de diputados y senadores” para el 6 de marzo siguiente. De esa manera, el Poder Legislativo era prácticamente disuelto, aunque Castellano sostuvo hasta el final, que eran los legisladores y no él, los responsables de tal disolución, por no haber sesionando por más de un año.
Como es de imaginar, el decreto causó un revuelo en los ambientes políticos de la provincia y más allá de sus límites también. Los propios de Castellanos quedaron anonadados y la oposición, indignada, rechazó de plano el instrumento legal, aunque en su fuero interno deben haberse frotado las manos.
En los considerandos, Castellanos argumenta haber tomado esa decisión, dado el prolongado e inconstitucional receso que se habían tomado las cámaras, pese a las reiteras convocatorias. En otro, dice que, al no haber sesionado (las Cámaras), el Legislativo quedó al margen de la Constitución. En un tercer párrafo sostiene que los legisladores, al haber abandonado sus bancas, han caducado en sus mandato, según la Constitución; y finalmente que por ello, el Poder Ejecutivo resuelve convocar a elecciones para elegir nuevos legisladores.
Juicios político
Pero más allá de la indignación y como era de prever, la oposición reaccionó de inmediato y, aprovechando que entre la convocatoria y la fecha electoral había un lapso de 30 días, las Cámaras se autoconvocaron para el 21 de febrero de 1921, luego de un año de inactividad. El Orden del Día incluyó un solo tema: tratamiento del proyecto de resolución, de los diputados Ernesto M. Aráoz y José Antonio Chavarría. ¿De qué versaba el proyecto? Pues iniciarle juicio político al gobernador Castellanos por haber dictado el Decreto 3141, mediante el cual disolvía el Poder Legislativo.
Puesto en consideración, los fundamentes fueron dados por el único orador de la sesión, el diputado Ernesto M. Aráoz. Luego de aprobada la iniciativa, se designó la Comisión Acusadora en representación de la Cámara de Diputados. La integraron los diputados Manuel R. Alvarado (excandidato derrotado por Castellanos), José A. Aráoz y Ove A. Siemesen de Bielke.
De esta forma, el 21 de febrero de 1921, la Cámara de Diputados de Salta dio por iniciado el juicio político al gobernador, siendo ésta la última sesión, ya que el 6 de marzo se elegirían nuevos legisladores.
Las dos legislaturas
De acuerdo a la convocatoria a elecciones, el 6 de marzo se eligieron nuevos diputados y senadores. La oposición desconoció la convocatoria y se abstuvo de participar, en tanto que los radicales de Castellanos acataron los comicios. Días después, los nuevos legisladores asumieron sus cargos y así, la renovada Legislatura pareció tranquilizar el clima político de la provincia. En poco tiempo se aprobaron los importantes proyectos que desde hacía más de dos años dormían en los anaqueles de la Legislatura.
Pero la calma duró poco. Los legisladores desplazados no se daban por vencidos y continuaron reuniéndose como tales en casas particulares y, por lo tanto, en Salta había dos Legislaturas. En Buenos Aires la oposición no dejaba de recorrer sigilosamente los pasillos del poder. Hombres de consolidado y reconocido peso político trabajaban por restablecer el orden conservador en Salta.
Y a poco se vieron los frutos. El 27 de septiembre de 1921, a un semestre de las elecciones, llegó la intervención federal a la Legislatura de Salta, firmada por Yrigoyen. Dijo esa ley que era para “asegurar el funcionamiento del Poder Legislativo, cuya legitimidad fue desconocida... por el P.E. de Salta”. Días después es designado interventor del Poder Legislativo de Salta, al Dr. Arturo Torino.
Asumido el cargo, el delegado federal se vio ante dos opciones: convocar a elecciones para elegir nuevos legisladores o restablecer los de la vieja Legislatura. ¿Qué hizo? Optó por restablecer el parlamento viejo y no solo eso: prorrogó los mandatos de aquellos legisladores que los tenían vencidos.
Demás está decir que la intervención para el gobernador Joaquín Castellanos fue como un baldazo de agua fría. Y para la provincia se avecinaba un futuro más que incierto. Los idos de marzo regresaban a sus bancas y el cúmulo de leyes aprobadas en los últimos meses, indefectiblemente, perdían legalidad. Pero, además, el juicio político iniciado en febrero por los restablecidos legisladores volvía de nuevo el tapete y ahora con más bríos.
La destitución
El 8 de octubre de 1921 se reunió la vieja Cámara de Diputados y en sesión especial resolvió ampliar los cargos contra el gobernador Castellanos y elevar sus conclusiones ante el Senado provincial. Este se constituyó en Tribunal, el 25 de octubre aceptó la acusación y luego suspendió en sus funciones al gobernador Joaquín Castellanos, según la Constitución provincial. En consecuencia, asumió el mando de la provincia el presidente del cuerpo, el Dr. Juan B. Peñalba, hasta tanto se sustanciara el juicio político.
Luego, el Tribunal Político intimó al Dr. Castellanos asumir su defensa por sí o por apoderado, y lo emplazó hasta el 28 de octubre de 1921. Al no presentarse el Dr. Castellanos, el Tribunal Político continuó su procedimiento hasta que el Senado lo destituyó el 10 de noviembre de 1921. Firman esta disposición J.A. Centurión, presidente, y J.M. Gallo, secretario.
Consumado el juicio político, el Dr. Joaquín Castellanos presentó un recurso extraordinario contra la sentencia del Senado de la Provincia, lo que le fue denegado, y finalmente interpuso la queja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tampoco la Justicia lo acompañó. Y, así, concluye la carrera política del Dr. Joaquín Castellanos en Salta. No sin antes disgustarse con sus correligionarios locales y hasta con Hipólito Yrigoyen. Finalmente, el Dr. Joaquín Castellanos, mu rió en Buenos Aires el 28 de septiembre de 1932.