El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó en diciembre un informe que detalla la alta morosidad que existe en el organismo provincial de aquellos que fueron beneficiados con la casa propia.
En el último año, que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus, la demora en los pagos creció un 7 por ciento, pasando del 40 al 47 por ciento. Esta alta morosidad que existe preocupa al Gobierno provincial porque explican que es un sistema solidario donde la construcción de viviendas depende de los aportes que ingresan a través del pago de las cuotas.
“El nivel de morosidad es de un 47%. Estamos trabajando con nuestro sector financiero para ver cómo hacemos para que cumplan con sus cuotas. Entiendo totalmente la situación que vivimos todos, pero el beneficiario tiene que saber que esto es un aporte totalmente solidario. Nosotros hemos actualizado en diciembre y a partir de ahí se me generó unos siete puntos de mora más, que estamos trabajando para ver cómo lo modificamos”, expresó Gustavo Carrizo, presidente del IPV en diálogo con El Tribuno.
En su oficina, ubicada en avenida Belgrano 1349, el funcionario provincial señaló que “preocupa el nivel de morosidad” y destacó que en las próximas semanas se va a iniciar una campaña de concientización.
“Estamos trabajando en el sector financiero para ver cómo coaptar esa mora que se nos generó en estos meses. Estamos convencidos que pasa por la concientización. Hay que concientizar al beneficiario que mientras ellos abonen su casa y en forma solidaria va a repercutir en nuevas viviendas.
Vamos a iniciar un trabajo al respecto. Pero si nos preocupa totalmente porque de eso de eso depende la continuidad de la construcción de la vivienda”, remarcó.
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El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó en diciembre un informe que detalla la alta morosidad que existe en el organismo provincial de aquellos que fueron beneficiados con la casa propia.
En el último año, que estuvo marcado por la pandemia del coronavirus, la demora en los pagos creció un 7 por ciento, pasando del 40 al 47 por ciento. Esta alta morosidad que existe preocupa al Gobierno provincial porque explican que es un sistema solidario donde la construcción de viviendas depende de los aportes que ingresan a través del pago de las cuotas.
“El nivel de morosidad es de un 47%. Estamos trabajando con nuestro sector financiero para ver cómo hacemos para que cumplan con sus cuotas. Entiendo totalmente la situación que vivimos todos, pero el beneficiario tiene que saber que esto es un aporte totalmente solidario. Nosotros hemos actualizado en diciembre y a partir de ahí se me generó unos siete puntos de mora más, que estamos trabajando para ver cómo lo modificamos”, expresó Gustavo Carrizo, presidente del IPV en diálogo con El Tribuno.
En su oficina, ubicada en avenida Belgrano 1349, el funcionario provincial señaló que “preocupa el nivel de morosidad” y destacó que en las próximas semanas se va a iniciar una campaña de concientización.
“Estamos trabajando en el sector financiero para ver cómo coaptar esa mora que se nos generó en estos meses. Estamos convencidos que pasa por la concientización. Hay que concientizar al beneficiario que mientras ellos abonen su casa y en forma solidaria va a repercutir en nuevas viviendas.
Vamos a iniciar un trabajo al respecto. Pero si nos preocupa totalmente porque de eso de eso depende la continuidad de la construcción de la vivienda”, remarcó.
Las cuotas desde el 2018 se actualizan cada seis meses y bajo el índice de coeficiente salarial, sin embargo desde esa fecha para atrás no existe ninguna modificación. Es por eso que hay beneficiarios que pagan cuotas menores a los 1.000 pesos.
La cuota depende del programa con el que se haya construido la vivienda, pero la última cuota que tiene el IPV, que es la más elevada, son las de Pereyra Rozas que rondan los 10.500 pesos. Las cuotas se actualizan cada seis meses con el coeficiente de variación salarial y se renuevan en junio y en diciembre.
“No hay sistema de construcción que aguante sin ingreso de plata. Nosotros siempre decimos que esto tiene un fin totalmente solidario, distinto al programa Procrear donde ya hay una parte financiera. Nosotros acá somos totalmente solidarios, por eso Salta ya adhirió al Fondo Solidario de Vivienda, donde se va a afectar hasta un 25% de los ingresos de los futuros beneficiarios. Lo que se busca en un círculo virtuoso, para que después ese mismo dinero que ingresa por el aporte se reinyecte en nuevas viviendas”, explicó Gustavo Carrizo.
Déficit habitacional
Respecto al déficit habitacional, el presidente del IPV manifestó que ronda en las 50.000 viviendas en toda la provincia. Ese número queda muy lejos de lo que expresa el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (Cucis), que afirma que desde 2010 la provincia tiene de arrastre un déficit habitacional de 90.000 viviendas
“Lo que nosotros tenemos acá registrados son alrededor de 20.000 carpetas de las cuales no están todas actualizadas, las actualizadas deben ser unos 11.000. Los que se inscribieron en el Plan Mi Lote superan los 20.000 a nivel provincial así que el déficit habitacional debe rondar en las 50.000 viviendas”, afirmó el titular del IPV. Y agregó: “Para evitar esa gran diferencia entre la oferta y la demanda es que la política habitacional tiene que mantenerse en el tiempo”.