Los ojos de tood el país están posados en la provincia de Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán decretó el retorno a la fase 1 de aislamiento luego de que se detectaran 17 casos en un solo día.
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Los ojos de tood el país están posados en la provincia de Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán decretó el retorno a la fase 1 de aislamiento luego de que se detectaran 17 casos en un solo día.
Ante esto, hoy los ciudadanos formoseños salieron a manifestarse en contra de la medida, pero fueron brutalmente reprimidos por la policía e incluso se apresó a una periodista en medio de los tumultos.
Esto llevó a ADEPA a emitir un comunicado, donde se señalaron varios hechos que dan a entender que la libertad de expresión es limitada por el gobierno de turno.
El comunicado completo de ADEPA
Desde que un año atrás se instauraron en la Argentina las medidas sanitarias para intentar reducir el impacto del Covid-19, de a poco y con contrariedades se fueron restableciendo las actividades en gran parte del país.
Sin embargo, en Formosa continúan las limitaciones a la circulación y el ingreso de personas al territorio provincial, así como su salida, a lo que se suma un régimen de aislamiento que ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales. Todo ello derivó en denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas retenidas en los centros de aislamiento y en un deterioro de la situación de la libertad de expresión en esa provincia.
En el día de hoy, durante una manifestación de vecinos y comerciantes en la capital provincial contra las medidas restrictivas a la circulación en esa ciudad, la policía local hirió con balas de goma al periodista Maxi Galarza, de Radio Fantasía. También fue detenida otra periodista, Julieta González, de Radio Parque. Hasta el momento, no hubo información sobre las razones de su detención.
Previamente a lo ocurrido durante la jornada de hoy, en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) recibimos con alarma creciente denuncias sobre restricciones, atropellos y serias limitaciones al ejercicio periodístico en Formosa, tanto por parte de los periodistas locales como de los profesionales enviados por los medios nacionales.
En enero pasado, el periodista Leonardo Fernández Acosta, jefe de Redacción de El Comercial, recibió reiterados ataques verbales por parte de funcionarios del gobierno provincial, al tiempo que era víctima de hostigamiento y ataques anónimos en las redes sociales, en los que se pretende desprestigiar su trabajo. Las agresiones se vincularon a su cobertura de la situación local derivada de las medidas por la pandemia.
El 25 de enero, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 en Formosa cambió la modalidad de las conferencias de prensa que organiza a diario sobre la situación sanitaria en la provincia. A partir de ese día, se exige que los periodistas presenten una limitada cantidad de preguntas por escrito, para que luego sean leídas por un vocero gubernamental. Esto implica un acto de control o auditoría estatal sobre la tarea periodística y, por ende, sobre la libertad informativa.
A comienzos de febrero, funcionarios provinciales de los puestos limítrofes restringieron el ingreso a la provincia al equipo periodístico de La Nación, de Buenos Aires, que había viajado para cubrir la situación sanitaria. Para acceder al territorio formoseño, los periodistas Inés Beato Vassolo y Fabián Marelli debieron presentar un habeas corpus ante la Justicia.
Desde el paso limítrofe entre Chaco y Formosa, los periodistas intentaron contactar al ministro de Gobierno, Jorge González; al subsecretario de Medios del gobernador Gildo Insfrán, Sergio Recalde; al epidemiólogo asesor del comité de emergencia de Covid-19 Julián Bibolini, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para conseguir autorización de ingreso sin cuarentena y con todos los protocolos requeridos, en pos del libre ejercicio de la actividad de prensa.
El 3 de marzo, la Justicia federal con competencia en Formosa rechazó el habeas corpus y dispuso un inédito “protocolo de actuación ante el ingreso del personal esencial”, que, alega, data del 14 de enero, pese a nunca haber sido mencionado ante ningún periodista.
El protocolo –cuya emisión digital es del 2 de este mes y fue firmado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa– dispone que durante su estadía en la provincia el personal esencial “no deberá alejarse de su recinto laboral ni de su alojamiento, a los fines de mantener el distanciamiento social durante toda su permanencia”, hecho que limita la cobertura periodística.
La Justicia formoseña indicó que “tampoco surge acreditado que [los periodistas de La Nación] hayan intentado entrar a la provincia y consecuentemente que se haya visto amenazada su libertad ambulatoria”, pese a los múltiples intentos de ese medio por conseguir la autorización.
Impedir el acceso al periodismo en los puestos limítrofes de una provincia es una clara violación a la libertad de informar, y además desconoce los alcances del DNU 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en el que se menciona entre las personas exceptuadas de la prohibición de circular al «personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos».