En un momento tan crítico de la pandemia, el Gobierno nacional empieza a evidenciar el agotamiento de una fórmula de "doble comando" (o cero comando, que es lo mismo) y por eso se producen situaciones anárquicas como que se viven en torno a la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. No existe en este conflicto otra razón que las urgencias políticas. Cerrar escuelas es una denegación de los derechos humanos y solo podría justificarse con datos catastróficos. La ministra de Salud, Carla Vizzotti; el de Educación, Nicolás Trotta, los ministros del Consejo Federal, la Sociedad Argentina de Pediatría, Unicef y la OMS recomendaban continuar con el sistema de burbujas puesto en marcha al reanudarse el ciclo lectivo. El presidente Alberto Fernández decidió un cierre compulsivo en la Ciudad de Buenos Aires y en el área del conurbano.
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En un momento tan crítico de la pandemia, el Gobierno nacional empieza a evidenciar el agotamiento de una fórmula de "doble comando" (o cero comando, que es lo mismo) y por eso se producen situaciones anárquicas como que se viven en torno a la suspensión de las clases presenciales en el AMBA. No existe en este conflicto otra razón que las urgencias políticas. Cerrar escuelas es una denegación de los derechos humanos y solo podría justificarse con datos catastróficos. La ministra de Salud, Carla Vizzotti; el de Educación, Nicolás Trotta, los ministros del Consejo Federal, la Sociedad Argentina de Pediatría, Unicef y la OMS recomendaban continuar con el sistema de burbujas puesto en marcha al reanudarse el ciclo lectivo. El presidente Alberto Fernández decidió un cierre compulsivo en la Ciudad de Buenos Aires y en el área del conurbano.
La verdadera razón, la presión gremial. El pretexto: se duplicaron los testeos en un día y aumentó -no al doble- el número de positivos. ¿Cuánto hubieran ganado los pacientes desde el comienzo duplicaban los testeos? Mucho, especialmente porque se hubieran anticipado los tratamientos y disminuido las internaciones. El gobernador Kicillof usó argumentos políticos, como que la ciudad de Buenos Aires es la principal emisora de contagios. Los datos lo desmienten.
Una pandemia genera temor e incertidumbre y los dirigentes deben mantener la calma, transmitir confianza y escuchar a los científicos. Prefirieron escuchar a Roberto Baradell.
Luego de una serie de bloopers en un mensaje grabado, Alberto Fernández pronunció una frase que probablemente se convierta en un clásico: "Rebeliones conmigo, no". Que los padres reclamen a favor de sus hijos no es una rebelión. Y cada gobernador toma la decisión que le parece. Por lo pronto, solo los mandatarios de La Rioja, Catamarca, Formosa y Santa Cruz mantuvieron cerradas las aulas. Era previsible. Kicillof prefirió que la decisión la tomara el presidente. Igual que cuando la sublevación policial bonaerense llegó a Olivos y el presidente la resolvió con un aumento salarial pagado con fondos de la administración porteña.
El ministro de salud de Kicillof, Daniel Gollan, lo explicó: "acá se metió la baja política", dijo. En apoyo a Fernández por el decreto impugnado en la Justicia salieron Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Omar Gutiérrez (Neuquén) -que no suspendieron las clases- y Alicia Kirchner (Santa Cruz), que ni siquiera las había comenzado.
La furia es indicio de debilidad. Los mensajes del ministro de Justicia, Martín Soria, rayanos en lo obsceno, reenviados (supuestamente por error) por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, son impropios de un gabinete que gobierna una crisis. Es que la "baja política" se coló, efectivamente, cuando las encuestas de opinión pública señalaron que las conferencias de Fernández, Kicillof y Larreta instalaban a los tres en la opinión pública, en beneficio del Presidente y el jefe de Gobierno, pero no ayudaban a borrar el mal recuerdo que dejó el gobernador bonaerense a su paso por el ministerio de Economía. No importa quién gane; a este paso perdemos todos.
El país tiene tres problemas: la pandemia, el aumento de la pobreza y el laberinto económico. Una inflación que hoy se proyecta al 60% anual es un desastre.
Los tres problemas deberían afrontarse con consensos y sin índices acusatorios o amenazantes.
En materia sanitaria, Fernández debería admitir lo evidente: las promesas de tener vacunados a más de veinte millones de argentinos en el verano. En los 13 meses de cuarentena debieron realizarse las inversiones imprescindibles para que las salas de terapia intensiva se optimizaran, porque el sistema de salud argentino es más sólido que el de muchos otros países, pero no es invulnerable.
El país no puede seguir en caída libre y otro año sin clases sería otra catástrofe poco visible, pero percibida claramente por padres y educadores.
La COVID ya dejó una enseñanza: frente a los virus mutantes no se puede bajar la guardia, ni jugar con fuego.