En la acusación penal, el fiscal Eduardo Villalba remarcó que las personas estafadas con planes sociales en Embarcación estaban prácticamente sin salida, ya que el comisario de la localidad, a quien acudían con sus denuncias, recibía favores de los acusados. Una beneficiaria afectada manifestó que, por requerimientos de la dirigencia del club Central Norte de Embarcación, debía cortarle el pelo gratis al jefe policial.
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En la acusación penal, el fiscal Eduardo Villalba remarcó que las personas estafadas con planes sociales en Embarcación estaban prácticamente sin salida, ya que el comisario de la localidad, a quien acudían con sus denuncias, recibía favores de los acusados. Una beneficiaria afectada manifestó que, por requerimientos de la dirigencia del club Central Norte de Embarcación, debía cortarle el pelo gratis al jefe policial.
Según la acusación de Villalba, la Fiscalía de la localidad tampoco daba curso a las denuncias, por lo que las personas que necesitaban realmente de la ayuda social de la Anses no tenían a quién acudir.
Las víctimas del fraude debían entregar a la dirigencia que terminó condenada la mitad del salario social que percibían y, en algunos casos, la totalidad.
"Tras la detención de los acusados, la Fiscalía desembarcó en Embarcación, donde los vecinos, conocedores de esta situación, recibieron a los investigadores prácticamente con aplausos, tanto que no tuvieron reparo en prestar declaración, aun a pesar de que lo hacían en presencia del abogado defensor de los tres imputados, a quien conocían muy bien por la relación estrecha con Moya", subrayó Eduardo Villalba.
El fiscal también resaltó que en la investigación y sus resultados fue decisivo el nuevo sistema de enjuiciamiento, ya que posibilitó que desde un inicio a la Unidad Fiscal Salta pudiera trabajar conjunta y articuladamente con la Fiscalía N§ 12 de la Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano. Esta intervino inicialmente luego de que la Anses detectara irregularidades. Villalba recordó que el organismo nacional se constituyó después como querellante y terminó siendo un actor principal en la audiencia de control de la acusación.
El fiscal también destacó el aporte de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), de la Procuración General de la Nación, a cargo de Judith K"nig, quien a través de su equipo de trabajo elaboró un detallado informe respecto a la cantidad de tarjetas y pagos que fueron corrompidos.
Villalba resaltó, asimismo, la tarea realizada por el equipo de la
Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Roxana Gual. "La fiscalía estuvo presente en el escenario de los hechos, se tomaron numerosas declaraciones testimoniales y se recolectó numerosa prueba documental", precisó. Entre ellas, citó mensajes que los acusados se enviaban entre sí, mediante los cuales dejaron la huella del delito, pues allí daban órdenes de multas y bloqueos de tarjetas a beneficiarios que no pagaban los aportes exigidos.
El fiscal general del Distrito Federal Salta también reconoció el acompañamiento de la representante legal de la Anses.