La oficina de Amnistía Internacional en Chile aseveró ayer que "repudia" la oleada de detenciones y deportaciones de migrantes que se está llevando a cabo en ese país tras la promulgación de una restrictiva y polémica ley migratoria impulsada por el actual Gobierno.
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La oficina de Amnistía Internacional en Chile aseveró ayer que "repudia" la oleada de detenciones y deportaciones de migrantes que se está llevando a cabo en ese país tras la promulgación de una restrictiva y polémica ley migratoria impulsada por el actual Gobierno.
"Esto es un desprecio a los derechos humanos y constitucionales que protegen a estas personas y que el Estado está obligado a respetar", aseveró un comunicado de la institución.
El Gobierno anunció el pasado sábado el inicio de un proceso de expulsiones, con el que pretende deportar a unos 1.500 extranjeros durante 2021 en 15 vuelos distintos, amparándose en la nueva Ley de Migración que se promulgó hace dos semanas y que permite y facilita estos procesos de expulsión.
El primer vuelo partió hace pocos días con destino a Caracas para devolver a un grupo de 55 personas en situación de irregularidad migratoria "a pesar de que muchas de esas personas no contaban con una orden judicial al efecto", alertó Amnistía Internacional.
"Esto puede implicar una violación a las protecciones legales reconocidas por la Constitución de Chile", agregó la organización, puesto que "los migrantes se vieron imposibilitadas de recurrir a la expulsión o solicitar amparo".
Bajo el lema de "ordenar la casa", el Gobierno del conservador Sebastián Piñera promulgó este abril una nueva Ley de Migración que exige a los extranjeros obtener visas en los países de origen con el fin de evitar que ingresen al país como turistas y cambien su estatus migratorio para buscar trabajo.
Mientras que para el oficialismo la nueva norma es una vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, la oposición y las organizaciones promigrantes, que han criticado ampliamente la ley, estiman que el endurecimiento de las medidas en las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
La promulgación de la ley se produjo en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte, entre Chile y Bolivia, donde durante febrero y marzo se registró la entrada de más de un millar de inmigrantes de manera irregular que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
El desabastecimiento, los enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes y la crisis sanitaria de la COVID-19 crearon un clima de máxima tensión en la región, que empeoró con el fallecimiento de cinco extranjeros.
El Gobierno autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los "coyotes" que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro. Pese a la pandemia y la crisis social que se extendió durante más de un año, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Nueva ley migratoria
La promulgación de la nueva ley de migraciones, que dificulta la radicación de extranjeros y agiliza las expulsiones administrativas de quienes no cumplan con la norma, desató en Chile una avalancha de consultas de inmigrantes, especialmente venezolanos, que buscan regularizar su situación. El presidente Sebastián Piñera promulgó la nueva ley migratoria, que reemplaza la ley de Extranjería de 1975, y que exige que quienes quieran radicarse en Chile, deben pedir primero su visa en los consulados de sus países, y validar sus antecedentes penales, un trámite difícil en el caso de Venezuela.