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Ferraris y Esper seguirán otros 5 años en la Auditoría General de la Provincia  

El exjuez de la Corte y el exsenador prestaron juramento y asumieron como auditores por los próximos cinco años.
Jueves, 13 de mayo de 2021 19:24

El Senado provincial otorgó hoy  los acuerdos para la continuidad de Gustavo Ferraris y Omar Esper como miembros de la Auditoría General de la Provincia hasta mayo de 2026.

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El Senado provincial otorgó hoy  los acuerdos para la continuidad de Gustavo Ferraris y Omar Esper como miembros de la Auditoría General de la Provincia hasta mayo de 2026.

Durante la sesión especial, que se realizó al término del plenario ordinario, los senadores aprobaron los dictámenes que aconsejaban la aprobación de los pliegos de los postulantes elevados por la Cámara de Diputados.

La toma de juramento para la puesta en funciones estuvo a cargo del vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad.
Ferraris, asumió como auditor en 2016 y con el nuevo acuerdo inicia el segundo mandato. Esper, es auditor desde diciembre de 2010 y asumió por tercera vez en el cargo.

Este mes también vence el acuerdo para el auditor Ramón Muratore y en diciembre próximo finalizarán los mandatos de Marcos Segura Alzogaray y de Mariano San Millán.

Al hacer uso de la palabra, el senador Javier Mónico convocó a trabajar para que el órgano de control cada día tenga mayor independencia y abogó por una genuina participación de las minorías en la integración.

Remarcó la importancia del cumplimiento del trabajo en tiempo para tener claridad a la hora de revisar las cuentas públicas y planteó la necesidad de “no tener auditorias (demoradas) que den lugar a suspicacias de que serán utilizadas en tiempos políticos”.

Los auditores generales duran cinco años en sus funciones, pueden ser nombrados nuevamente, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que los jueces de Cámara y perciben igual remuneración que los magistrados.

Atropello

En la sesión de ayer y durante el tramo de manifestaciones, el senador Guillermo Durand Cornejo se refirió al proyecto de ley que el Ejecutivo nacional envió al Congreso con la finalidad de establecer criterios básicos epidemiológicos para mitigar la pandemia de coronavirus en el país.

El legislador por Capital, quien fue diputado nacional, consideró que esa iniciativa es “un atropello a las autonomías provinciales” porque se trata de un pedido al Congreso de facultades extraordinarias para el presidente Alberto Fernández.

Tras señalar que las facultades extraordinarias dieron lugar a controversias y a hechos de enorme trascendencia en el país, consideró que en este caso atañe directamente a nuestra provincia.

En esa línea, observó que en el articulado del proyecto que se ventila en estos momentos en el Congreso nacional “directamente se está intentando atacar la autonomía de las provincias”.

Acto seguido se refirió a los artículos 28 y 29 de la Constitución Nacional, sobre los que dijo que, a su entender, son los de mayores trascendencia cuando se habla de las libertades individuales.

Durand Cornejo puso énfasis en el artículo 29 de la Constitución Nacional y leyó el texto en el recinto: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias facultades extraordinarias; ni la suma del poder público; ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, la salud, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que las formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria”.

Agregó que el intento por parte del Gobierno nacional no puede pasar desapercibido para ningún ciudadano argentino y al referirse a las libertades individuales, subrayó que no existe motivo que justifique tamaña pretensión.

El senador capitalino finalizó su intervención haciendo voto para que el intento no se concrete y que no sea necesario tener que recurrir a la suprema Corte de Justicia para evitar que se perpetre “esta infamia de pretender facultades extraordinarias y avasallar los derechos y garantías de las personas”.

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