El alcance devastador de la COVID-19 obliga a formularnos nuevas preguntas: ¿Es la prohibición total el remedio? ¿Tienen los funcionarios pensado cómo sigue todo luego de la crisis? ¿O es una estrategia para someter a los ciudadanos bajo la máscara de "cuidarlos"?
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El alcance devastador de la COVID-19 obliga a formularnos nuevas preguntas: ¿Es la prohibición total el remedio? ¿Tienen los funcionarios pensado cómo sigue todo luego de la crisis? ¿O es una estrategia para someter a los ciudadanos bajo la máscara de "cuidarlos"?
Enfrentamos un tiempo de decisiones capitales donde se da una paradoja en la comunicación de los gobiernos: por una parte le dicen a los ciudadanos que toman medidas para empoderarlos, pero a la vez, so pretexto de la pandemia, se implementa una vigilancia totalitaria. Paradójico también que se implementen medidas restrictivas de los derechos del ciudadano en sistemas supuestamente liberales.
Los filósofos de la nueva sociedad pospandémica están denunciando que se advierte cierta tentación de parte de los políticos de utilizar decretos temporales amparados en las urgencias de la pandemia para anclarse en el poder y desplazar lentamente los derechos y garantías constitucionales. Durante la crisis de la "Gripe española", el uso de estas medidas terminó deslegitimando al Estado liberal y encaminando las cosas para que desembocara pocos años después en la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Vale decir, de coerción en coerción, los ciudadanos van perdiendo sus derechos a cambio de una supuesta "seguridad" que el Estado dice brindarles pero que en realidad no existe, como se ha visto palmariamente en el caso argentino.
La "Nueva normalidad"
Este neologismo está imponiéndose para significar la pérdida de derechos de los ciudadanos que cada día están más vulnerables ante sus propios gobiernos que pasan por encima a las constituciones nacionales y provinciales. Por ejemplo, se inventan nuevas credenciales personales que tienen más valor que el Documento Nacional de Identidad en cuanto permiten o no realizar actividades, comercio, estudio, etc., amparados por la Constitución Nacional. La mera sospecha de contagio convierte al individuo en un ser perseguido por el Estado que lo sigue por teléfono, lo recluye en su hogar y en algunos casos en sitios estatales. Contagiarse equivale casi a un estigma como los que proliferaban en la Alemania nazi.
Los gobernantes comienzan a hablar de la "Nueva normalidad" que no es otra cosa que la pérdida de derechos, la pérdida de la educación, obviamente de la sanidad, incluso de la justicia, ya que el individuo puede ser multado y hasta terminar en la prisión si no se conduce según los preceptos que el Gobierno le ordena para vivir en esta dicha "Nueva normalidad".
Los que no aceptan las decisiones dictatoriales del Gobierno son marcados y etiquetados como enemigos del Estado, parias sociales.
Si algo le faltaba a esta "Nueva normalidad" para encaminarse hacia un nuevo orden social represivo, es la implantación de un virtual toque de queda con patrullaje policial y sanciones para los infractores.
Prohibir y pensar
La prohibición y el confinamiento son las medidas preferidas de los gobiernos. Lo preocupante es que se supone que las mismas se aplican para superar el problema y justamente, para lo que venga después o que ya llegó- que dejará una sociedad altamente cambiada para la cual estos gobernantes parecen no tener ni una sola idea. Sólo la aplicación de la represión. ¿Qué harán después? Y ese "después" es hoy, ni siquiera un futuro cercano para el cual pareciera que ninguno está preparado.