Experiencia bitcoin en El Salvador

Muy poca veces un acontecimiento ocurrido en un pequeño país impactó tan fuertemente en el mundo financiero internacional como sucedió con la decisión del Congreso salvadoreño que, en un trámite ultrarrápido de 72 horas, aprobó una iniciativa del presidente Nayib Bukele para legalizar el uso del bitcoin como medio de pago, en igualdad de condiciones con el dólar estadounidense, que desde 2000 es la moneda oficial de la nación centroamericana. Al festejar el éxito obtenido, el excéntrico mandatario de 39 años, que pretende inmortalizarse como el primer presidente "millennial" y tras lograr una abrumadora victoria en las recientes elecciones legislativas consiguió una holgada mayoría parlamentaria que, entre otras cosas, le permitió destituir a la totalidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proclamó triunfalmente: "que nadie diga que somos muy pequeños para ser grandes".

El sábado 5 de junio, Bukele asombró al auditorio que lo escuchaba en "Bitcoin 2021", una conferencia internacional realizada en Miami con el auspicio de Francis Suárez, alcalde de la ciudad, a la que definió como "la capital del capital", cuando puntualizó que su gobierno estaba trabajando conjuntamente con la compañía Strike, una start-up desarrolladora de una billetera digital, para construir la infraestructura tecnológica necesaria para el uso generalizado de la criptodivisa en El Salvador.

El mandatario fue introducido en el foro por Jack Mallers, fundador de Strike, quien vestido con la camiseta del seleccionado nacional de fútbol de El Salvador señaló que el proyecto era "un disparo escuchado en todo el mundo" y "un pequeño paso para el bitcoin, pero un gran salto para la Humanidad". Pero nadie imaginaba que tres días después ese anticipo se transformaría en ley y El Salvador fuera el primer país del mundo en autorizar el uso del bitcoin.

La ley establece que el cambio entre el bitcoin y el dólar será fijado libremente por el mercado, pero especifica también que todos los precios serán expresados en bitcoin. Esto obliga a los proveedores de productos y servicios, incluso a los pequeños comerciantes, a aceptar el bitcoin como medio de pago. El texto garantiza que "el Estado proveerá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones en bitcoin".

La norma exceptúa a "quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin". Esta precisión sale al cruce de una de las objeciones más frecuentes a la iniciativa: apenas el 45% de los salvadoreños, entre ellos el 90% de los hogares rurales, tiene un dispositivo electrónico con acceso a internet para emplear este nuevo sistema. Bukele promete crear una infraestructura satelital que posibilitará el acceso masivo a las nuevas tecnologías de la información. La crítica más generalizada es que la volatilidad del bitcoin acarrea una gigantesca incertidumbre en sus tenedores. Para remediar el problema, la ley crea un Fondo Fiduciario, administrado por el Banco Nacional de Desarrollo, con un capital inicial de 150 millones de dólares, que tendrá a su cargo una convertibilidad automática e instantánea entre el bitcoin y el dólar. Bukele sostiene que ese fondo permitirá "trasladar el riesgo al gobierno" y que ese mecanismo "puede convertirse en un beneficio o una pérdida" para el erario público, ya que "ese fondo va tener algunas pérdidas y algunas ganancias", aunque aclara que "el propósito de ese fondo no es hacer dinero".

Conejillo de indias

Uno de los argumentos más empleados para justificar el nuevo sistema es que su implementación facilitaría el traslado de las remesas de divisas de los emigrados salvadoreños a Estados Unidos, que constituye la principal fuente de divisas para la economía doméstica. Más de dos millones de salvadoreños (un 30% de la población) residen en territorio estadounidense y remiten anualmente a sus familias unos 6.000 millones de dólares, una cifra equivalente al 16% del producto bruto interno. Esas transferencias tienen un costo de intermediación cercano al 30%. Bukele promete que ese porcentaje se reducirá drásticamente mediante el uso del bitcoin.

El Salvador acredita ya una experiencia piloto en materia de uso del bitcoin, puesta en marcha años atrás por el estadounidense Michael Peterson. En la playa El Zonte, cuyo auge turístico aumentó en los últimos años, unas 3.000 personas y 30 negocios hacen y reciben pagos con moneda virtual. A tal efecto, usan una plataforma de pagos denominada "Bitcoin Beach", pero para el canje de bitcoin por dólares emplean un cajero electrónico cuyo límite de transacción es de 800 dólares diarios. Inspirado en esa experiencia, Bukele estima que la legalización del bitcoin representará una poderosa fuente de atracción para las inversiones extranjera. Con la exuberancia retórica que lo caracteriza, estampó en Twitter las virtudes que atribuye a su país en este nuevo contexto: "gran clima, olas para surfear a nivel internacional, casas a la venta frente a la playa, sin impuesto a la propiedad ni impuesto a las ganancias de capital sobre el bitcoin y residencia permanente para emprendedores criptos".

El Salvador tiene antecedentes en materia de reformas monetarias drásticas y sorpresivas. En 2000, el gobierno introdujo la dolarización de la economía mediante una ley que fue bautizada como "el madrugón", por la hora en que fue sancionada por el Parlamento.

En 1993, poco después de los acuerdos de paz que pusieron fin a una sangrienta guerra civil, el Congreso ya había aprobado un mecanismo de convertibilidad para garantizar la estabilidad monetaria en un país en ruinas.
La dolarización y las remesas de divisas de los residentes en el extranjero son dos piezas de un mecanismo bastante más amplio. La economía salvadoreña está profundamente integrada a la economía estadounidense. Funcionan en su territorio quince zonas de libre comercio en las que están instaladas empresas maquiladoras, predominantemente de la industria textil, que exportan su producción a Estados Unidos.

La oposición salvadoreña teme que esta legalización del bitcoin implique un primer paso en una estrategia de desdolarización de la economía, originada en el conflicto político suscitado entre Bukele y la administración demócrata de Joe Biden, que cuestionó los avances sobre el Poder Judicial y acusó a varios altos funcionarios gubernamentales de lavado de dinero vinculado con el narcotráfico. 

Algunos analistas proclives a las teorías conspirativas asociaron también la sanción de esta ley con un giro geopolítico que incluiría el reciente acercamiento de Bukele con China, interesada en socavar al dólar como moneda de referencia global. Esa percepción pudo inspirar la inesperada objeción pública de Gerald Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, quien en momentos en que El Salvador negocia con el organismo un préstamo de 1.300 millones de dólares afirmó que la legalización del bitcoin “plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales”.

Independientemente de las especulaciones, lo cierto es que Bukele ha instalado en la agenda política global la cuestión sobre el impacto de las criptomonedas, un tema relevante hasta ahora reservado al ámbito académico. El Salvador puede ser un laboratorio del futuro, o también un conejillo de Indias.

 * Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico
 

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