Las prácticas crediticias en tiempos de guerra

Por Marcelo Gabriel Anachuri
Profesor y Lic. en Historia

A mediados del siglo XVIII Salta constituyó uno de los nodos comerciales y financieros más importantes del flamante Virreinato del Río de la Plata. Articuló dos polos de gravitación regional y global. Al norte, Potosí, polo minero del cual se extrajo la plata que inyectó a economías europeas y asiáticas. Al sur, Buenos Aires, que para aquellos años afianzaba su posición como un centro político y económico, capital virreinal desde 1776. Múltiples factores contribuyeron al crecimiento comercial que atravesó Salta desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 1790. Los cambios en economía global generaron la apertura de nuevos mercados y oportunidades comerciales para quienes estuvieron abocados al comercio transoceánico. Trayectorias mercantiles de peninsulares que optan por Salta para afincarse en aquellos años y buscar promocionar social, política y económicamente -como las de Juan Antonio Moldes, Manuel Antonio Tejada, Manuel Antonio Boedo, Francisco Antonio González y San Millán, Francisco Antonio Lezama, Antonio Martínez San Miguel, entre otros-, obliga a considerar que la construcción de riquezas en la sociedad salteña tardo virreinal también estuvo asociada a actividades económicas propias de la esfera de la circulación, como el préstamo y el comercio transoceánico que conectó Salta a los mercados globales de época. Se vuelcan desde temprano hacia el Atlántico, vinculándose con comerciantes bonaerenses y de Cádiz, a la vez, introducen bienes asiáticos a la plaza local, vía Filipinas Cabo de Hornos y Buenos Aires, en un momento en el cual, la europeización de la economía mundial constituía ya un proceso irreversible. 

Aquella prosperidad comercial derivó en una intensa escrituración legal de deudas formalizadas en obligación de pago ante los escribanos locales. A través de estos contratos crediticios, el deudor reconocía la deuda y se obligaba “a dar y pagar llanamente y sin pleito alguno” a su acreedor, ante notario y testigos presentes. A pesar de la existencia de una diversidad de instrumentos escritos en la época para registrar deudas, desde mediados del siglo XVIII, las obligaciones de pago constituían el principal instrumento notarial crediticio empleado. La actividad crediticia notarial se constituyó en el principal medio de financiamiento de las actividades económicas más relevantes del período como el comercio mular hacia Alto Perú y la circulación de efectos de Castilla. Por sus características notariales es posible recuperar una mirada externa e interna de la operatoria crediticia en Salta de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, en medio de las turbulencias políticas que desataron las guerras de independencia. 

Paradojas de la libertad

Recientes investigaciones dieron a conocer que al menos hasta mediados de 1790, en términos relativos, la economía salteña, y, por ende, su actividad crediticia, demostraron ser bastante activa. 

Entre 1777 hasta los meses previos a la Revolución de 1810 se registraron 777 cartas de obligación sobre la totalidad de protocolos notariales. A través de estos instrumentos crediticios se movilizaron $4.153.906 (en pesos corrientes de a ocho reales). Las operaciones crediticias en la Salta fini virreinal se caracterizaron por movilizar mayores volúmenes de dinero en comparación a otras ciudades hispanoamericanas. Eduardo Cavieres (1997) estimó que, en Santiago de Chile, entre 1775 y 1798 se formalizaron 622 obligaciones crediticias y se movilizaron valores correspondientes por $1.597.751. El promedio anual en los volúmenes movilizados en Salta duplicó al de Santiago de Chile. Alcanzó los $125.875 mientras que en la plaza santiaguina rondó en los $64.682. 

Detalle del “Libro auxiliar de sisa del cargo de su administrador general don Pedro Antonio de Ceballos”, año 1820.

La última década del siglo XVIII constituye un punto de inflexión. Las tensiones existentes entre las monarquías europeas aumentaron aún más y dieron paso a un entorno de rivalidad global en la que estaba inmersa la Monarquía Hispánica. La coyuntura bélica generó una sensación de incertidumbre. El 16 de octubre de 1802 se redactó un expediente por parte de las Reales Ordenes, dirigida a los virreyes de América. El testimonio evoca una situación abrumadora en términos fiscales, políticos e institucionales. Se demandaba en carácter de “urgente” a las autoridades americanas “mayores esfuerzos para la remisión de caudales”: 

“... la dilatada guerra que la providencia nos acaba de libertar, ha ocasionado más perjuicios a la España que las anteriores. A más de la enorme deuda que se ha visto precisada a contraer en papel moneda, en imposiciones vitalicias y perpetuas mientras no se rediman sobre las rentas de la corona, ha quedado con la de setecientos millones de reales y no satisfechos por falta de fondos [...] Las rentas de la Corona han decaído considerablemente ante la interceptación del comercio (...)” (Archivo General de Indias, GI, Sección: indiferente, 1348, N°. 1- 8). 

Impacto local

Como parte integrante de una Monarquía en crisis, en Salta, la coyuntura bélica repercutió en la actividad económica y, por ende, en su actividad crediticia. Por ejemplo, 18 de julio de 1805 Leandro Rebajos, comerciante y vecino de Salta, se obligaba por $2.600 a favor de Pedro de Ugarteche, procedidos de la venta de efectos de Castilla. Al momento de acordar los intereses, modos y plazos de cancelación de la deuda, emerge la especulación y la incertidumbre del momento. El mismo Leandro Rebajos, anticipó en el contrato las posibles moras en la cancelación y especuló sobre los precios de los bienes a los que accedió a crédito: 

“... se obliga igualmente a pagar el interés del seis por ciento anual a proporción del tiempo que lo retarde, siempre que cumplido el plazo quiera usar de ella previniendo que si dentro de dos meses contados desde esta fecha, esto es, entrado el mes de Agosto próximo llegara la paz de nuestra España con la corona británica deberá rebajarle dicho su acreedor cinco pesos por cada resmas de papel ciento treinta que al precio de diez pesos le ha comprado junto con los demás efectos de Castilla y no verificando dicha paz en el término prefijado deberá dicho deudor abonarle toda la cantidad que ha referida en los mismos términos que queda advertidos...” ( ABHS, protocolo 212, Caja 21, Fs. 128). 

Una vez que los volúmenes acreditados en obligaciones de pago alcanzan su máximo histórico en 1805, la tendencia a la baja no se detiene profundizándose tras la revolución de 1810. Así, los procesos revolucionarios no iniciaron la tendencia decreciente en la actividad crediticia, más bien, la profundizaron. De ahí en adelante, con algunos momentos de recuperación, ni los volúmenes acreditados ni tampoco la cantidad de escrituraciones, alcanzarían al de los últimos años virreinales. Los convulsionados sucesos políticos, sociales e institucionales desencadenados con la revolución incidieron directamente sobre la dinámica económica y, por lo tanto, sobre algunas de las variables fundamentales del crédito notarial salteño (Anachuri, 2020; 2021). 

En los ideales de algunos líderes revolucionarios, el fin del régimen virreinal, de los monopolios y de las pesadas cargas impositivas impuestas por la metrópolis en beneficio de sus arcas, debían contribuir con bastante rapidez al crecimiento económico, pero también, a la felicidad de sus súbditos, expresada en una mejora de sus condiciones de vida y en una mayor equidad en la distribución de los recursos. Tales expectativas corrieron suertes dispares: el crecimiento económico tardó en llegar (recién a finales del siglo XIX a través de la economía de exportación primaria Argentina alcanzaría ritmos de crecimiento sostenidos, aunque, desigual entre sus regiones y muy dependiente de los choques macroeconómicos externos) afectado por las permanentes guerras y la crisis de la minería altoperuana que hasta ese momento jugaba un papel central (Bulmer Thomas, 1998; Bertola y Ocampo, 2015; Gelman y Santilli, 2016). 

El daño de las guerras

Las guerras que estuvieron asociadas al proceso revolucionario en América del Sur, dejaron, una gran destrucción de recursos humanos y materiales. Según Bertola y Ocampo (2015) los humanos alcanzaron casi los 800.000 muertos en un continente de poco menos de 20 millones de habitantes; minas abandonadas e inundadas, el sistema impositivo al servicio de la guerra, destrucción de las riquezas de las élites, situación que tendió a ahondar las desigualdades regionales en el desarrollo económico que se venían gestando desde los ciclos borbónicos (pp. 72- 73). La historiografía económica regional descartó la idea de una crisis generalizada en los antiguos circuitos comerciales que vincularon la región del Tucumán a los polos potosinos. Las articulaciones montadas en tiempos virreinales subsistieron. Son alteradas, pero no quebrantadas (Parolo 2016; Conti, 2018; Anachuri, 2020). 

Las guerras de la independencia en el territorio de la novel provincia de Salta se extendieron entre 1810 y 1825. En ese período se produjeron en el territorio de Salta (incluidas las tenencias de Jujuy y Tarija) un total de 44 enfrentamientos (75% del total que tuvo lugar en el territorio del Río de la Plata). 

Esta coyuntura incidió sobre la economía local en su conjunto, la fiscalidad y las prácticas crediticias de una sociedad que empezó a vivir literalmente para la guerra. Las rentas provinciales buscaron apropiarse de numerario para solventar los costos bélicos. La sección “sueldos y gastos de guerra” constituyeron los principales costos de una Hacienda debilitada (sobre todo si tenemos en cuenta que sus principales ingresos fueron los gravámenes a una circulación comercial por el momento paralizada). 

Entre 1810 y 1821, los gastos bélicos, conformaron el 67,43% ($590. 449) del total del desembolso de la recaudación de la Caja de Salta (que entre esos años recaudó $875.621). De 1810 a 1814, cuando se intensificaron los enfrentamientos, fueron años deficitarios. Por ejemplo, en 1811 los gastos de guerra alcanzaron el máximo histórico de todo el período: $222.987. Los años posterior mostraron cierta mejoría. De hecho, durante el gobierno de Güemes los desembolsos bélicos disminuyeron en relación con los años anteriores. El promedio de estos rondó los $20.216 y la hacienda local no presentó déficits. En 1820 se recaudó el máximo de todo el período: $260.536 (datos de elaboración propia a partir de información disponible en el AHS, Sección Hacienda, Libros Mayores 1810-1821). Ante este escenario deficiente en términos económicos, la actividad crediticia, principal medio de financiamiento de la circulación y la producción, acompaña el ciclo estacionario. La drástica disminución en los volúmenes prestados, número de contratos formalizados y dificultades en la cancelación, fueron síntomas de que los procesos revolucionarios tuvieron sobre la práctica del “otorgo que debo y me obligo a dar y pagar” en aquella Salta que transitaba de una fidelidad regia a una nueva fidelidad estatal. 

Entre 1810 y 1821 se registraron solamente 54 cartas de obligación sobre la totalidad de protocolos notariales, que en su conjunto movilizaron valores por $108.069. En comparación con los últimos años virreinales la caída es profunda. 

La morosidad

Si entre 1777 y 1809 el promedio anual de los montos prestados rondó en los $125.875, en los años del proceso revolucionario, se ubicaron en los $9.005. El disímil ritmo de la guerra y el cambiante contexto sociopolítico incidieron en los plazos y modos de cancelación de las deudas. La morosidad se incrementó considerablemente, el 74,07% (40 sobre el total de 54 obligaciones de pago) de los préstamos no registran reintegro. La revolución abrió paso a un escenario poco propicio para la dinámica crediticia en particular y comercial en general. La especulación, incertidumbre y elevados riesgos estuvieron a la orden del día tal como manifestaron los propios actores. Hallamos en el universo de deudores, casos en los cuales dejan constancia escrita sobre las dificultades atravesadas al momento de otorgar, recibir o cumplir en tiempo y forma la cancelación. Por ejemplo, el 26 de julio de 1816, Lorenzo Maurín, jefe de uno de los escuadrones de gauchos al mando de Güemes, manifestó que en enero de 1814 recibió de Fernando López $4.697 en efectos de Castilla, obligándose a cancelar la deuda en cuatro meses. Dos años después solo había reintegrado $2.997. Ante Félix Molina, escribano público y testigos presentes, Lorenzo Maurín, manifestó:

“... En esta virtud y por la restante cantidad de mil setecientos pesos que por los acontecimientos de la actual revolución no ha podido abonar otorga por la presente a favor del expresado don Fernando y los suyos el más bastante recibo, carta de deuda y obligación formal que á su derecho convenga por la referida cantidad [...] y como liquido, llano y verdadero deudor que es y se constituye de ella se obliga a dársela y pagársela a la mayor brevedad luego que lo permitan las circunstancias, poniendo especial hipoteca de este crédito su casa situada en esta ciudad...” (ABHS, Sección notariales, carpeta 24, protocolo 258, Fs. 91). 

Las cambiantes y disímiles posiciones políticas ocasionadas por el avance y retrocesos de tropas en la región condicionó la disponibilidad y el reintegro de préstamos. Este fue el caso del comerciante oriundo de La Plata y “emigrado” en Salta de Manuel Morales. Quien se reconoció “líquido, llano y verdadero deudor” de Juan Díaz, Alférez de Salta, por 400 pesos provenientes de algunos efectos sustraídos a Lucas Arrieta. En la obligación de pago el deudor aclaraba que “luego que se abra el Pirú sea pagado por mí llanamente en el acto a cuyo efecto obligo mis muebles y raíces habidas y por haber en toda forma” (ABHS, Sección notariales, carpeta 25, protocolo 264, fs. 9v).

Los años de relativa estabilidad fueron momentos oportunos para demandar la cancelación de deudas pendientes, con plazos e intereses vencidos. Algunos acreedores aprovecharon para acudir a instancias judiciales. Este fue el caso de María Magdalena Aguirre, viuda del comerciante y político salteño Manuel Antonio Boedo. El 13 de enero de 1819 siguió un juicio contra Petrona Elorriaga en el juzgado ordinario de segundo voto por $2.000 que le había prestado en 1799. Veinte años después del préstamo, la acreedora demandó el embargo de las propiedades de su deudora. El pleito no solo corrobora la mora en el reintegro de las deudas, sino también arroja luz sobre la participación femenina en la práctica crediticia de la época (ABHS. Secciones notariales. Carpeta 12. protocolo 262, fs. 2 r). 

Prestamistas y deudores

El universo de actores involucrados, bajo diferentes roles, en la práctica crediticia notarial de esos años, se integró por 92 personas. Algunas solo participaron como prestamistas, otras tanto solo como deudoras. Fueron escasas las que ocuparon ambos roles, lo cual explica los 50 deudores y 41 acreedores. Si tomamos datos poblacionales que calcularon la población urbana de la Salta de época en 5.500 habitantes, la práctica crediticia notarial estuvo concentrada en un reducido grupo con capital relacional y material identificable, algo de lo que carecía la mayoría de los habitantes de la comarca. Así, solo el 1,67% de la población local urbana accedió a estos tipos de financiamiento. Situación que contribuyó a reproducir la desigualdad, característica inherente de aquellas sociedades y economías americanas. Prácticamente en la mayoría de las escrituras de préstamo, emplearon el apelativo del don/doña, un título honorífico invocado en la época cuando los miembros de la élite “blanca” se topaban unos con otros o se presentaban en diferentes contratos y escrituras (Twinam, 2009, p. 21). Fueron miembros de corporaciones vinculadas al comercio, profesiones liberales y ocupaciones políticas y castrenses. 

La existencia de redes crediticias menos densamente conectadas entre acreedores y deudores, en un contexto de riesgos, luchas facciosas y cambios políticos e institucionales, condujo a concentrar el desembolso de fondos prestados en los pocos tomadores de deudas, con capital relacional reconocibles e identificables, como José Sánchez Carillo, comerciante y vecino de la plaza local, principal deudor de todo el período. Concentró el 10,31% sobre el total de fondos transferidos. La militarización de la sociedad se hace visible al poner foco en las personas que desembolsaron mayor volumen de dinero en préstamos. Encabeza la nómina, el santiagueño Antonio María Taboada, Capitán del Primer Escuadrón de Milicias Regladas de Caballería en su provincia natal. Concentró el 15,26% del total de numerario transferido a crédito en Salta entre 1810 y 1821. (prestó en total $16.287). 

De esta manera, las transacciones crediticias rubricadas como obligación de pago dan cuenta de los cambios, las continuidades y transformaciones sobre la economía en general de la sociedad salteña. En términos económicos, los procesos revolucionarios afectaron profundamente el desempeño de la economía, la fiscalidad y las finanzas, pero no la iniciaron. Los permanentes enfrentamientos bélicos en la región afectaron la actividad comercial y, a sus principales resortes de financiación como las prácticas crediticias. En términos estructurales, se asistió a un profundo hundimiento de la actividad crediticia en las primeras décadas posrevolucionaria y una lenta y gradual recuperación en los albores de 1820, aunque esta tendencia, nunca alcanzó el desempeño de los últimos años virreinales. Este comportamiento errático en la actividad crediticia de la época puede considerarse uno de los signos con el cual la economía salteña participó del proceso estacionario en la circulación y creciente desigualdad regional tras el desmoronamiento del orden virreinal en el Río de la Plata. 

La divergencia que se registra en la primera mitad larga del siglo XIX, al menos en la magnitud que parece tener, sería un fenómeno particular de este período y podría explicar en algunos casos las desigualdades observables incluso hasta el día de hoy, entre países y regiones. La desigualdad regional no sería un rasgo inherente de América Latina, sino que tendría un inicio, o al menos, una etapa de incremento, y posiblemente también momentos de convergencias relativas. De ahí la necesidad -a nuestro entender- de ahondar en la mirada estructural histórica sobre el desarrollo económico de la región. La primera mitad del siglo XIX pareciera continuar siendo un laboratorio importante para abordar estas cuestiones, y, al menos hasta el momento, los resultados obtenidos ratifican los planteos de quienes sostuvieron que éstos fueron decenios de mal desempeño económico y pérdida de oportunidades en comparación a la otrora del norte atlántico. Así, nos inclinamos más a concordar a las visiones clásicas de Tulio Halperín Dongui (1969) quien habla de una Hispanoamérica estancada y de una “larga espera”. 
 

 

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