La vacuna contra la  COVID-19	debería ser obligatoria

La vacuna contra la COVID-19 debería ser declarada obligatoria e incorporada al cronograma sanitario lo antes posible, apenas se allanen todas las dificultades jurídicas y sanitarias.

El Estado tiene la obligación de poner al alcance de la ciudadanía todas las dosis que sean necesarias. Además, debe instrumentar los medios que sean necesarios para que la gente se acerque a los vacunatorios y que los vacunatorios se acerquen a la gente.

De acuerdo con los últimos datos, Salta recibió 1.130.496 dosis de diversas vacunas, solamente 167.674 personas recibieron las dos dosis y hay 294. 285 vacunas sin aplicar. Es decir, solamente el 11,63% de la población está totalmente inmunizado, y el 46,36 % tiene una sola apli cación.

La provincia no puede darse el lujo de tener casi 300 mil vacunas en los refrigeradores y una población sin vacunar mientras el virus circula, muta y sigue matando. La COVID-19 ya causó (hasta ayer) 2.087 muertes en la provincia, entre los 75.777 casos registrados, de los cuales unos 6.300 siguen recuperándose de las graves secuelas. No hay margen de error ni de dilaciones.

Frente al avance cíclico y con altibajos, pero avasallante, de la COVID-19, el sentido común indica que la solución de fondo solo llegará de las manos de la medicina científica y que, por ahora, la barrera más eficiente es, en primer lugar, la vacuna y, simultáneamente, medidas preventivas, como el uso de barbijos, el distanciamiento social y el aseo con alcohol en gel.

El mundo tiene que seguir funcionando, la gente necesita trabajar y las escuelas no pueden continuar cerradas.

El SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad de COVID-19, tiene una notable capacidad para contagiar y, al trasladarse de un organismo a otro, de mutar y adaptarse a nuevas condiciones, que lo tornan más agresivo. La variante Delta, que es la que ha llegado ahora a la Argentina, se reproduce más rápido que las otras y disemina, a través de la exhalación y los estornudos, mil veces más cantidad de virus. Pero hay otras variantes y seguramente aparecerán nuevas.

El programa internacional de vacunación acordado en la Organización Mundial de la Salud, adoptado por la Argentina, contemplaba esa dinámica expansiva y por eso estableció como la primera meta alcanzar la "inmunidad de rebaño", para bajar los contagios y las mutaciones. Para eso es necesario que se encuentre vacunada la mayor parte de la población de todo el planeta.

La eficacia de las vacunas es evidente. No representan peligro alguno para quien las recibe, la primera dosis establece una base de inmunidad muy importante y asegura que el paciente no va a sufrir una infección grave. Con la segunda dosis los resultados muestran una seguridad comparable a las vacunas históricas a las que todos estamos acostumbrados y, seguramente, hará falta una tercera dosis en un futuro cercano.

Pero los gobiernos deben agotar las instancias. En varios departamentos de Salta la cantidad de personas vacunadas con la primera dosis no llega a un tercio de la población. En la capital provincial es menos de la mitad. La estrategia sanitaria debe enfocarse a identificar, concientizar, informar y estimular a quienes no se presentan espontáneamente. Comparando los registros de vacunación con el padrón electoral, no va a resultar tan difícil.

Y esto es urgente y perentorio: el virus parece que se va, pero vuelve. En Francia, España, Italia, Gran Bretaña y hasta el Vaticano, entre otros casos, se vuelven a imponer restricciones severas y se avanza hacia la obligatoriedad de la vacuna en diversos sectores.

Nuestra Ley nacional 27.491, sancionada antes de la actual pandemia, establece la gratuidad y disponibilidad de las vacunas y la obligatoriedad para los habitantes de aplicárselas. Es el criterio que permitió al país frenar a la viruela, la poliomilelitis, la tuberculosis, el sarampión y otras enfermedades contagiosas. La Argentina tiene cultura vacunatoria y existe conciencia de que la salud pública es un bien superior que debe regir la conducta social. La vacuna contra la COVID-19 debe ser obligatoria.

Casi 106 mil muertos en el país nos obligan a garantizar la vida de casi 45 millones de argentinos.

 

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