La obsecuencia contra las pymes

En 2017, dentro de la Ley 27.349, de Apoyo al Capital Emprendedor, se aprobó un nuevo tipo de sociedad, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), destinada principal aunque no exclusivamente a emprendedores y pymes en general. En ese momento, la SAS se adoptó con amplio apoyo de todos los grupos parlamentarios, obteniendo 189 votos a favor en Diputados (solo 7 en contra) y 51 (6 en contra) en el Senado. Los objetivos de la SAS eran son, entre otros, auspiciar la modernización del derecho empresarial, incluida la incorporación de la tecnología en todos los procesos jurídicos y contables de las sociedades, ayudar a reducir la informalidad rampante que aqueja a nuestro país mediante el uso de una sociedad accesible y que puede ser unipersonal y, por último aunque no menos trascendente, dar impulso a la estratégica industria de la innovación y del conocimiento, recogiendo reclamos del sector TIC en un instrumento a la medida de las necesidades de emprendedores y startups tecnológicas. 

 Hasta la sanción de la SAS, la Argentina ocupaba el puesto 157 a nivel mundial en el tiempo que insumían los trámites para la apertura de un nuevo negocio. En Salta, en particular, la constitución de una sociedad tomaba varios meses. Hoy, en aquellas jurisdicciones que permiten la constitución digital (la CABA y la Provincia de Buenos Aires utilizan la plataforma TAD de AFIP, desarrollada sobre “blockchain”, el mismo sistema de las criptomonedas) una SAS puede registrarse en pocos minutos, incluyendo la obtención del CUIT ya que el los trámites están integrados bajo el principio de “ventanilla única”. En Salta, la Inspección de Personas Jurídicas se ha esforzado para crear procesos que permitan la constitución de este tipo de sociedad en pocos días. La reducción de los plazos y de los trámites para la inscripción de una sociedad, la SAS ha generado un impacto inmediato y es, de lejos, el tipo social más utilizado en los últimos años. Sin embargo, desde la asunción del nuevo gobierno nacional, la SAS empezó a ser sistemáticamente perseguida por el único motivo real de haber sido promovida por el gobierno anterior. Actualmente existe un Proyecto de Ley en estado avanzado de tramitación parlamentaria para modificar sustancialmente el régimen de la SAS, aduciendo que se trata de una normativa “neoliberal” (sic). Este latiguillo se repite varias veces en los fundamentos del Proyecto como las ovejas orwellianas repetían “cuatro patas sí, dos patas no”). De esta suerte, muchos de los que hace menos de cuatro años votaron a favor de la SAS, hoy se aprestan a votar en contra, en uno de los tantos actos de incoherencia “in your - face” a los que nos ha acostumbrado la política local (por no hablar de los que sí fueron neoliberales en épocas no muy lejanas y hoy utilizan ese término, con o sin precisión lo mismo da, para insultar a sus adversarios políticos. Los nuevos conversos siempre necesitan sobreactuar su fe).

El Dr. Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia de la Nación, y los congresistas Oscar Parrilli y Cecilia Moreau, son los principales referentes de esta campaña “anti-SAS”. El primero es un académico de gran prestigio, autor de muchos y muy buenos libros de derecho societario. Sin embargo, también fue abogado de Cristina Fernández de Kirchner en las causas “Hotesur” y “Los Sauces” y es un militante a cargo de un organismo de control de carácter supuestamente técnico e imparcial. El Dr. Nissen, entre el Derecho y la ideología, eligió esta última y se lanzó a modificar en su jurisdicción la ley de SAS mediante resoluciones administrativas (ha dictado más de 10), lo cual es abiertamente inconstitucional. Oscar Parrilli y Cecilia Moreau, por su parte, son dos conspicuos representantes de la que se ha dado en llamar la “casta” política. En el caso de la segunda, esta expresión es precisa dado que se trata, como lamentablemente ocurre seguido en nuestro país, de un estatus transmitido por vía hereditaria; está donde está por ser “hija de” y, sin estudios universitarios completos, preside la Comisión de Legislación General de Diputados. Bajo su dirección, esa Comisión acaba de aprobar el Proyecto de Ley que modifica la normativa de SAS, habilitando de esta forma su tratamiento sobre tablas. El Dr. Parrilli, por su parte, autor e impulsor del Proyecto en el Senado (ya cuenta con media sanción de este organismo), tiene una larga trayectoria política fundada en la obediencia al líder de turno, como quedó claro en las conversaciones telefónicas que, ilegalmente, se filtraron hace un tiempo. Es una escuela política de gran arraigo y tradición en nuestro país, válida pero con un defecto: descree de la alternancia y del largo plazo; lo que hizo el rival político debe ser demolido desde la base.

 Mucho se habló, en particular durante el gobierno nacional anterior, sobre los inversores que iban a venir y no vinieron. Cualquier inversor, empresario, emprendedor, pyme o comerciante del tamaño que sea lo que requiere para poder organizar su actividad son reglas claras y previsibles, esto es, con una cierta estabilidad en el tiempo. La ley de SAS, como todo en la vida, puede mejorarse (mucho más urgente es la reforma de las ya vetustísimas normas que regulan la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, por poner un ejemplo sin salir del ámbito de las sociedades). Sin embargo, si cada vez que cambia el gobierno cambian las reglas, tardaremos en salir de la espiral decadente que vive el país hace décadas, lección que a pesar de reiterada nos negamos a aprender, y seguiremos como Sísifo, empujando todos los días cerro arriba la misma piedra que al día siguiente estará nuevamente al pie del mismo cerro. Y así “per omniam secula seculorum”.
 

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