Una crisis bochornosa,  fruto de un pacto espurio

El país vive días bochornosos. El ideal de la democracia republicana, donde el pueblo se expresa a través del voto, del debate púbico y de las demandas legítimas, está siendo bastardeado por una elite cuya única preocupación es el poder.

La catastrófica derrota electoral del justicialismo en las PASO -una de las peores en su historia- puso en crisis a todo el país. La fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue la expresión de un pacto espurio y contrario al espíritu constitucional, realizado entre bambalinas, tal como lo explicita la carta de la vicepresidenta. No fue una sorpresa. A poco de comenzada la cuarentena, pudo vislumbrarse que para el kirchnerismo era más preocupante el crecimiento de la imagen positiva del Presidente y del jefe de Gobierno porteño, que la salud de los argentinos. Una campaña sanitaria no puede avanzar con rencillas entre facciones.

La subordinación del Presidente a su mentora se hizo más notoria cuando, en noviembre, se debió asegurar la provisión de vacunas. Cristina Fernández hizo pesar su compromiso político con los gobiernos de China y Rusia, por sobre sus deberes con sus compatriotas, y de ese modo, cerró las puertas a los productos de los laboratorios más eficientes y seguros, de los Estados Unidos, con las consecuencias que hoy conocemos: el nuestro es uno de los países que peor manejó la pandemia.

La cuarentena impuesta tuvo como secuela el quiebre de la economía, la escolaridad y las relaciones normales entre las personas, sacrificios de los que estuvieron excluidos los miembros de la elite gobernante.

No fueron solo las escandalosas fotos del cumpleaños de la primera dama las que indignaron a la sociedad. También lo fue la frivolidad de las candidaturas del oficialismo, la prepotencia ideológica de algunas sectas kirchneristas y la destrucción de los ingresos de las familias.

La derrota se debió a la misma razón que las que sufrió el kirchnerismo en 2013, 2015 y 2017: un modelo con figuras agotadas. Cristina Fernández sabe, queda de manifiesto en su carta, que ella no puede ser candidata. Tampoco gobernar.

Su intervención en el Gabinete presidencial es, además, una alteración institucional y una usurpación de las funciones que la Constitución reserva, exclusivamente, al Presidente. Y esa usurpación es posible, porque la fórmula compartida es una ficción que no puede funcionar bien.

El reemplazo de ministros, lejos de ofrecer una renovación, supone una regresión a un pasado reciente que terminó en fracaso. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó como legado un Indec intervenido para ocultar la inflación y la pobreza, con una economía estancada durante cuatro años y un Estado incapaz de garantizar ingresos para cubrir los gastos cada vez más elevado.

Financiar déficit con emisión monetaria solo genera más pobreza. Hoy, la situación social está al rojo vivo. La incorporación de Juan Manzur a la jefatura de Gabinete y de Aníbal Fernández a Seguridad, por citar los casos más notorios, no generan ninguna confianza en la ciudadanía. Sus historias no los benefician.

Eduardo de Pedro, quien encabezó con su renuncia el "operativo vaciamiento" del gabinete de Alberto Fernández sigue en su cargo de ministro del Interior. No se fue ninguno de los ministros que responden a Cristina Fernández. Santiago Cafiero, cuya renuncia reclamaba la vicepresidente, pasó de la jefatura de Gabinete a la Cancillería.

¿Pueden los acreedores y los inversores externos tomar en serio al país ante una vicepresidenta que no solo derrumba un gabinete sino que, además, exige por escrito que se duplique el déficit fiscal?

Son momentos muy difíciles para la Argentina.

Un bochorno como el de estos días es muy difícil de superar. La crisis de fondo no está resuelta. Ninguna democracia puede estar conducida por un presidente surgido de un pacto espurio, en el que él mismo se obligó a someterse a la voluntad de quien lo eligió para encabezar la fórmula. Y tampoco puede una democracia sostenerse con funcionarios que prescinden de la ética republicana y subordinan la ley a sus intereses personales.

 

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