Casi la mitad de las víctimas de trata es menor de edad

La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral pone, por un lado, de manifiesto un notable problema social y de vulneración de derechos, y por el otro, configura solo la parte visible de una maniobra global y de mayor complejidad que involucra a los estados para desarrollar políticas serias para combatir este delito.

En Salta desde 2010 hasta septiembre de 2021 se registraron 27 sentencias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral (ver infografía). Las cifras corresponden al relevamiento que mantiene actualizado la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano. 

El año con más casos registrados en la provincia fue el 2007, con siete sentencias. Le siguen el 2011 con cuatro casos registrados. En el 2016 y 2017 hubo tres sentencias registradas.

Otros datos relevantes tienen relación con las personas condenadas en esos procesos. En cuanto al tipo de explotación, el 70,4% corresponde a casos de explotación sexual, mientras que 29,6% corresponde al fin de explotación laboral. En el 81,5% de los casos, el veredicto fue condenatorio por el delito de trata, en el 7,4% fue condenatorio por un delito conexo y en el 11,1% fue absolutorio. 

El informe brindado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas detalla que hay registrados un total de 49 procesamientos correspondientes a la jurisdicción de Salta. El 67,3% de esos casos tenían como finalidad la explotación sexual, y el 32,7% finalidad laboral. 

En relación con las víctimas, el 57,8% eran mujeres y el 42,2% hombres. Además, el 46,5% de las víctimas eran menores de edad. El organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación registra un total de 68 víctimas, de las cuales el 52,9% eran argentinas, el 30,9% extranjeras y del porcentaje restante (16,2%) no surgen datos al respecto. 

En cuanto a los individuos condenados de la base de datos de la Protex surge que 26 de ellos eran de nacionalidad argentina, sobre un total de 36 condenados; los 10 restantes eran extranjeros. En 69,4% de los condenados fueron hombres y el 30,6% mujeres.


 
Nacional

En los últimos doce años a nivel nacional se registraron 334 sentencias dictadas. En 2009 se dictó la primera sentencia por este delito, que ingresó al ordenamiento jurídico el año anterior, de las cuales 249 resoluciones fueron condenatorias por el tipo penal de trata y otras 47 por crímenes conexos.

Las cifras corresponden al relevamiento que mantiene actualizado la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Otros datos relevantes tienen relación con las personas condenadas en esos procesos. Sobre un total de 509, 314 fueron varones; 192, mujeres, y 3 personas trans. De todas las personas condenadas, solo 8 fueron funcionarios públicos.

En relación con las víctimas, el 98 por ciento de las personas damnificadas fueron mujeres, es decir, 881. Al menos 124 eran menores de edad, esto es un 14,1 por ciento del total de mujeres.

Llamar al 145

De acuerdo al informe realizado por la Protex, de las 1346 recibidas en el centro de llamadas 145 durante el 2020, 642 de ellas hacían referencia a explotación sexual, 250 a explotación laboral, 145 a posible captación por falsas ofertas laborales, 87 a búsqueda de personas y 76 a otros delitos relacionados. Asimismo, 34 casos estaban relacionados con privaciones de libertad, 33 con pornografía infantil, 19 con publicidad de ofertas sexual, 18 con traslado de personas, 18 con grooming, 14 referentes a abusos sexuales y 5 sobre venta de bebés o niños. 

En las 642 denuncias sobre explotación sexual, 327 referían a la existencia de prostíbulos, whiskerías o locales nocturnos, 172 a domicilios particulares donde había explotación de personas, 89 a oferta de servicios sexuales y 53 a prostitución callejera. El documento destaca que en comparación con el año 2019, se evidencia una disminución en las denuncias sobre locales nocturnos.

Ordenamiento jurídico

El delito de trata de personas se incorporó al ordenamiento jurídico argentino luego de la sanción de la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” en el año 2008, que además de la explotación sexual también prevé la represión de aquella conducta realizada con fines de explotación laboral. Esa norma fue reformada en 2012 mediante la ley 26.842.

El Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas fue propuesto en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, receptada durante la Conferencia de Mujeres desarrollada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

El 23 de septiembre fue elegido porque ese día del año 1913 el Senado de la Nación Argentina sancionó la ley 9.143, un proyecto del diputado socialista Alfredo Palacios, que se convirtió en la primera ley en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a las personas menores de edad frente a ese delito.

Disminución en pandemia

La disminución en la cantidad de denuncias realizadas por la ciudadanía guarda relación con las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia del virus COVID-19, que implicó que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares y que ciertos lugares o establecimientos donde se registra explotación de personas debieran cerrar sus puertas. 

De acuerdo al informe, hubo 1.346 denuncias recibidas en la línea, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, lo que evidencia una disminución en comparación a las 1.796 registradas el año anterior. De esas 1.346 denuncias, 892 fueron remitidas para que intervenga la Protex. 

De las restantes, 215 fueron enviadas en copia a la procuraduría luego de que interviniera una fuerza de seguridad por su urgencia, 186 fueron enviadas al Programa Nacional de Rescate y en 45 intervino una fuerza de seguridad.

El informe de la Protex también señala que, a raíz de las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), decretadas en marzo de 2020 con el objeto de prevenir la propagación de la COVID-19, se produjeron algunos cambios en las características de las denuncias recibidas en la línea 145 y su gestión por parte de la procuraduría, que avanzó en la digitalización de los procesos de trabajo.

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