Enrique Martínez está tranquilo; no como el ambiente político convulsionado de Rosario de Lerma, donde las urnas le vienen dando la espalda a dirigentes con grandes aspiraciones que necesitan mover sus intereses en las sombras. Es así como los concejales, después de 4 meses de no asistir en forma presencial al recinto por un motivo u otro: fumigación, desinfección, sospecha de COVID-19, campañas políticas de agosto y septiembre; se juntaron ayer a destituir al intendente Enrique Martínez, e incluso se juntaron también con el propósito de subirse la dieta en forma retroactiva a enero de 2021.
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Enrique Martínez está tranquilo; no como el ambiente político convulsionado de Rosario de Lerma, donde las urnas le vienen dando la espalda a dirigentes con grandes aspiraciones que necesitan mover sus intereses en las sombras. Es así como los concejales, después de 4 meses de no asistir en forma presencial al recinto por un motivo u otro: fumigación, desinfección, sospecha de COVID-19, campañas políticas de agosto y septiembre; se juntaron ayer a destituir al intendente Enrique Martínez, e incluso se juntaron también con el propósito de subirse la dieta en forma retroactiva a enero de 2021.
El jefe municipal fue acusado de mal desempeño de los deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos. Según los ediles del Concejo Deliberante de dicha localidad, encontraron siete hechos irregulares. La denuncia fue elevada por la concejal Griselda Galleguillo (quien fue destituida en octubre de 2020 por sus compañeros deliberantes por considerarla una "déspota", y luego restituida en su banca por la Juticia).
Según se supo, la comisión investigadora presidida por Galleguillo no confeccionó la resolución del cuerpo para que el intendente tome conocimiento de las causales por las que buscaban destituirlo, de acuerdo con las debidas actuaciones del proceso, las cuales le tienen que dar al intendente la oportunidad de defenderse. En tanto, esta se trataría de una destitución mediática, y ante el grosero error administrativo se reunirían hoy los ediles para hacer la resolución y presentársela al intendente tras la destitución, violando el derecho constitucional. Es decir, es como ponerse el zapato y después la media.
Entre los hechos que se le imputan está el no haber rendido los fondos recaudados durante el carnaval 2020, sobre lo que aclararon desde la comuna que "las rendiciones de los corsos 2020 están presentadas y el tema está judicializado".
También lo acusan de copiar el código de edificación del municipio San Lorenzo e incumplir sistemáticamente con las ordenanzas emanadas del Concejo Deliberante; además de permitir un Concejo paralelo, que dicho sea de paso estaba conformado por los 2/3 de los concejales destituyentes.
El concejal opositor Leonardo Rosas, a quién en abril pasado el juez Julio Leonardo Bavio encontró entre las 27 personas responsables de intentar cobrar el IFE, tras lo cual lo mismo se postuló en agosto para conservar la banca en el Concejo rosarino aunque fue duramente castigado en las urnas, dijo que "se le habrían sumado varios incumplimientos a Mar tínez".
Entre ellos que nombró a la tesorera y a la jueza de faltas municipales sin el acuerdo del Concejo. Explicaron desde la comuna que en realidad los ediles "no quisieron darle acuerdo a los nombramientos solo por ponerle palos en la rueda, y desconociendo que la carta orgánica municipal Ley 6563, faculta al intendente a nombrar a su gabinete. Los concejales no pueden constituir el gabinete del intendente, lo que demuestra una gran ignorancia de las normas muni cipales".
Rosas sumó que en la ejecución presupuestaria del 2020 quedaron $291 millones sin rendir. Y la realidad dice que los concejales no aprueban hace tres años, desde que asumió Martínez en 2019, el presupuesto, con lo cual no pueden hablar de ejecución presupuestaria de 2020. La Municipalidad se maneja aún en 2021 con el mismo último presupuesto de la gestión de Ignacio Jarsún. Ahora el intendente podrá ape lar la polémica destitución ante la Corte de Justicia.