Entre las asignaturas pendientes y letras chicas un tanto borrosas de la minería argentina, tan de moda por estos días, hagamos un repaso de cuestiones prácticas que son comentario intrasector en estos días.
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Entre las asignaturas pendientes y letras chicas un tanto borrosas de la minería argentina, tan de moda por estos días, hagamos un repaso de cuestiones prácticas que son comentario intrasector en estos días.
Una tiene que ver con pedidos de corrección de procedimientos, que llegaron de boca de proveedores y operadoras a la Secretaría de Minería de la Nación.
Los teléfonos del secretario de Minería, Alberto Hensel, y de su jefe de gabinete, Hugo Nielson, comenzaron a recibir reclamos de los interesados sobre demoras en la aprobación de certificados mineros (algo que atañe a la autoridad minera) y de las SIMI de exportación (del ejido de la hermana Secretaría de Industria), pedidos angustiosos de proveedores y operadoras que obligaron a nuevas rondas de mate cocido en la ahora más poblada sede de Diagonal Sur.
Blancos de las quejas fueron las directoras Josefina Magyary y Maira Marcos, directora nacional y directora, respectivamente, de Inversiones Mineras, a quienes muchos proveedores llaman, masculina y cariñosamente "las chicas de La Plata" y que dependen de la subsecretaria de Desarrollo Minero, Laura Rópolo.
El trasvase a digital de los expedientes ha sido motivo de orgullos y discrepancias.
El proceso es así. Para importar cualquier cosa en la Argentina (camiones, por caso) se presenta lo que se llama una SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones). La SIMI abre un montón de intervenciones a diversos ministerios, incluido el Ministerio de la Mujer, todos miran si la SIMI está bien. Lo primero que se mira es el pago de impuestos. Si hay deuda previsional o fiscal, no se puede importar.
Hay un montón de semáforos y el último se llama licencia. La licencia es poder o no importar ese producto, muchos productos tienen licencia automática (esta licencia va siempre a "verde") y hay otros productos que por protección de la industria nacional tienen licencia no automática para que el ministerio analice si hay producción nacional y demás. Eso existió siempre.
En un momento Guillermo Moreno implantó las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). Y en aquel primer kirchnerismo había una Mesa de Homologación Minera (MHM), un órgano de empresarios afines al recordado Jorge Mayoral que decía qué entra y qué no. Eso no existe más, por suerte. Ahora el problema es que muchas veces no aprueban la licencia automática, no se sabe si es para frenar el grifo de dólares o por otra razón, el expediente queda boyando y nadie sabe dónde reclamar.
Con la SIMI aprobada, exigen el Certificado Minero que sirven para que lo que quieres traer para uso minero, se exima de impuestos aduaneros. Si el camión vale US$ 100.000, hay que pagar 18% a la Aduana para importar. La promoción de la Ley de Inversiones Mineras evita este arancel. Ese trámite ante la Secretaría de Minería se viene trabando o complicando, porque cada vez hay más campos de rellenar.
¿Que dicen en el Gobierno? Que han tomado nota de esta crisis de "Permisología" (n. de la r: el término fue acuñado por la minería peruana en momentos de auge de la actividad trabada por los enredos burocráticos y nos parece apropiado para este caso).
Y que la conducción política se está ocupando in pectore de estos reclamos. Que impactan, según los proveedores en particular en los grandes suministradores de equipos, repuestos y herramientas de insumos extranjeros.
¿Qué más? Algo acerca de los usos y costumbres de los actores de la minería argentina: hace poco hubo un zoom por esta espinosa cuestión con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) donde según fuentes oficiales abundaron elogios mutuos y se dejó abierto un canal más directo. "Estamos abiertos a recibir reclamos de cualquier índole, para este gobierno la minería es estratégica y somos consecuentes. Y los empresarios pueden hablar sin temor porque aquí no hay represalias ni expedientes pisados como en otras épocas porque alguien vaya a quejarse", dijo una voz de la Secretaría de Minería a este cronista.
Pero evidentemente el problema, que se traduce en la retención en depósitos fiscales, con el pago de Zona Franca a cargo del importador/proveedor que encarece más la operación, y que en muchos casos llega a los 60 días, ha seguido sucediendo.
Por lo menos cuatro grandes proveedores y más de una docena de medianos y pequeños apuntaron sobre embarques en aduana que no pueden salir en tiempo y forma pese al compromiso de la más alta autoridad es agilizar trámites.
"El Gobierno tiene que seguir los consejos de Mirtha Legrand, si la minería le sirve y hace todo lo posible por estar bien, la tiene que tratar bien", decía ayer a este cronista un proveedor afligido por las demoras burocráticas.
En plena instancia pre comicial, el ministro Matías Kulfas presentó ayer su "Estrategias y acciones para el desarrollo productivo 2020-2023", felices enunciados en 214 páginas y de corto plazo para el desarrollo económico de la Argentina.
Comparaciones infaltables: Ayer era comentario obligado la presentación que hizo Chile de su política nacional minera 2050 (ver en Lea También) y la pregunta derivada sobre si es posible sentar bases similares en la Argentina.
No es lo único que preocupa a la inversión minera en la Argentina. Los grandes éxitos, lo mismo que los fracasos, están en los detalles.
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