El indicio de un espíritu golpista 

Cuando se cree en la democracia la palabra “destituyente” contiene una gravedad suprema porque evoca a la esencia de un golpe de Estado. Sin embargo, de ese término hacían uso y abuso los integrantes de Carta Abierta, aquel cenáculo de licenciados nostalgiosos de la épica setentista, encerrados en el hermetismo monacal donde se fascinaban con el holograma de un pueblo y una realidad política imaginarios.
Perón, en su tiempo, hablaba de “los sabios tontos”.
Carta Abierta aplicaba en 2008 la palabra “destituyente” a la movilización de los productores agropecuarios, que apenas logrado el objetivo, que era el rechazo a la resolución 125, se volvieron a sus casas. Ese día, el del voto “no positivo” de Julio Cobos, Cristina estuvo a punto de renunciar y Alberto lo hizo semanas después.
Pero la idea “destituyente” existe. Está latente en quienes creen en el poder absoluto del líder y la función decorativa de legisladores y magistrados. El actual oficialismo la hizo explícita en 2017, cuando gobernaba Mauricio Macri, en el caso Maldonado y durante la violenta movilización en el Congreso para impedir una reforma de la actualización jubilataroria.
Ahora, buscar la renuncia de la Corte de Justicia de la Nación con una movilización es atentar contra una de las instituciones del Estado y, en definitiva, contra todas.

Ataque al Estado

La convocatoria propuesta por el expiquetero Luis D’Elía, a quien respaldaron de inmediato el exespía y ahora viceministro de Justicia Martín Mena, y el presidente Fernández, es un intento de atacar a un poder del Estado por dos razones: una, de fondo, para intentar mejorar la situación judicial de la vicepresidenta; otra, de paso, desviar la atención de los problemas de la sociedad que son enormes y que se agravan frente a la inercia oficial.
Lo curioso es que dos figuras absolutamente descalificadas ante la opinión pública, Roberto Baradell y Pablo Moyano, prometen dar masividad a la protesta. El reclamo es “una Justicia democrática”, a su gusto.
Una Justicia democrática es la que está integrada por jueces elegidos a través de las vías institucionales correspondientes y destituidos, en todo caso, por la vía del juicio político. Y son jueces que aplican la ley de acuerdo a su leal saber y entender.
Ahora los quieren echar violando esa norma democrática.
Para todos los convocantes, operadores de Cristina Kirchner, justicia democrática es la que funcione como lo hizo la de Venezuela ante las ocho mil denuncias de crímenes políticos en el régimen de Nicolás Maduro; la de Bolivia al desconocer la letra constitucional para facilitar una reelección ilegítima de Evo Morales; o las justicias burocráticas y obsecuentes como las de Nicaragua y Cuba. O violentas y despóticas como las de Irán, Rusia o Bielorrusia.
Una Justicia a la medida del presidente (en nuestro caso, la vicepresidenta).
Nada de eso es Justicia idónea ni independiente. Y cuando la Justicia no es independiente garantiza la impunidad de las elites en el poder y traza una línea rectora para los delincuentes de cualquier laya.
Por eso es inaceptable al apoyo que los organismos de derechos humanos a estas movidas “destituyentes”. Su dirigencia nutre su discurso y su pensamiento con los atropellos de 53 años de golpismo, y saben perfectamente lo que es una Justicia atada de manos. Si no, que se lo explique Eugenio Zaffaroni, designado juez federal por Jorge Videla y padre del abolicionismo.
Cuando la ambigüedad impregna la vida política y las acciones de gobierno, las instituciones están en riesgo. Los ministros Eduardo De Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta viajaron a Jujuy para desafiar a los jueces de la provincia, al gobernador y a los principios básicos de la república federal y, en la cárcel, dar un apoyo estrictamente político a Milagro Sala.
Más allá de cualquier prejuicio, en los hechos, Milagro y la Tupac Amaru representan al modelo violento, autoritario y absolutamente antidemocrático que hoy es frecuente en grandes territorios de América Latina, especialmente en Colombia, Venezuela y Perú, emparentado con la “economía popular”, que tiene como figura visible a Juan Grabois y su mesianismo repoblacional.
El presidente Alberto Fernández opina que la Corte no funciona bien. Observando su impotencia frente a los funcionarios designados por Cristina, que hacen lo que ella les dice y a los que debe tolerar cualquier cosa, está claro que lo que no funciona es su gobierno. Es un presidente que no preside. Y debe aceptar que la nueva burguesía de la Cámpora maneje el PAMI, la Anses y todos los cargos estratégicos, nombren a sus parientes y amantes, que veraneen en los balnearios más caros del mundo, mientras los números lapidarios del Indec describen la descomposición social. (Los del Censo, cuando se haga, van a ser mucho más precisos aún).
El rasgo dominante de las dictaduras es el sometimiento de la Justicia. Hoy hay reproches de los ciudadanos hacia los jueces, pero no por las razones de Moyano, D’Elía y Baradell, sino por el auge del delito.
Y la “puerta giratoria”, que es sinónimo de impunidad, no es invento de los magistrados sino de una filosofía escéptica y relativista que intenta poner al delincuente como víctima. Así legitimada, la trama del crimen organizado incluye cada vez más a delincuentes comunes, dirigentes políticos y gremiales y miembros de las fuerzas de seguridad.
Es difícil prever cuánta gente concurrirá a la marcha convocada por Mena, Moyano, D’Elía y Baradell. Por la popularidad de estas figuras, cabe suponer que dependerá de la disponibilidad de camiones y colectivos. Para eso hay presupuesto.
Lo que revela esta convocatoria nos sumerge en los sótanos de la política: la impunidad de los funcionarios está por encima de las necesidades del país.

Antidemocrática

La convocatoria contra la Corte es antidemocrática. Es una muestra del retroceso de nuestra cultura política, que comenzó a declinar cuando la Corte de 1930 se arrodilló frente a la dictadura de José Félix de Uriburu. Ese declive cumple 92 años, con muy pocos momentos de frescura institucional.
Particularmente, desde 1975 la fragilidad de las instituciones y la incapacidad del país para adecuar su economía a la nueva realidad del mundo han generado una debacle social.
Pero esa marcha, a contramano de los grandes problemas de la sociedad, es el síntoma de un desgobierno que no tiene rumbo, que no puede ocultar sus fracasos y busca culpables, mientras se muestra incapaz de resolver, o siquiera, disimular, su fractura interna.
 

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