Durante el desarrollo de la audiencia oral y pública que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada en la sala del Tribunal Oral Federal 1 de esta capital de manera presencial, el fiscal general Carlos Amad junto al fiscal auxiliar Jorge Viltes Monier comenzaron con sus alegatos en torno a la causa del expediente 5200148/2022 caratulada Delfín Castedo y otros, acusados de conformar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activo de origen delictivo. Hoy continaurán las audiencias con los alegatos de los fiscales.
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Durante el desarrollo de la audiencia oral y pública que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada en la sala del Tribunal Oral Federal 1 de esta capital de manera presencial, el fiscal general Carlos Amad junto al fiscal auxiliar Jorge Viltes Monier comenzaron con sus alegatos en torno a la causa del expediente 5200148/2022 caratulada Delfín Castedo y otros, acusados de conformar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activo de origen delictivo. Hoy continaurán las audiencias con los alegatos de los fiscales.
En sus argumentos iniciales, luego de haber escuchado lo expuesto por la abogada querellante Emilia Figueroa, representante de la Unidad de Información Financiera, el fiscal Amad sostuvo que la organización narcocriminal comenzó a funcionar desde fines de 1999 con el liderazgo del exdiputado provincial Ernesto José Aparicio, quien luego, a partir del 2006, compartiría esa jefatura con el actual imputado y sindicado capo narco Delfín Reinaldo Castedo, hasta el fallecimiento del funcionario salteño en 2013.
"Del análisis de las diferentes investigaciones, pruebas y evidencias que hemos acumulado, escuchas perpetradas desde el inicio de esta causa, a fines del año 2007 y principio de 2008, así como los informes económicos, testimonios de preventores, personas que actuaron desde el comienzo de las actuaciones, podemos sostener que el señor Aparicio junto con los hermanos Castedo formaron una sociedad para cometer delitos determinados donde se ocupaban de la actividad principal: el narcotráfico, mientras que los señores Luis, Alberto y Mario Yudi desempeñaban otras funciones, brindando los soportes para legitimar los activos de origen delictivos. Aparecieron como testaferros, presta-nombres de estos señores para adquirir fincas como El Aybal o El Pajeal en favor de la organización criminal", sostuvo el fiscal general.
Asociación que comenzó con el liderazgo del exdiputado provincial Aparicio y siguió vigente tras su muerte bajo las órdenes de Castedo. "Este hombre, que estuvo prófugo de la Justicia, contó con la colaboración íntegra de otros miembros del clan, como el señor Eduardo Torino y la señora Melba Araujo", señaló. El funcionario federal aclaró que según las pruebas ventiladas en el juicio y acorde figura en el requerimiento de elevación a juicio, "la jefatura de la organización cae en cabeza de Delfín Castedo, la evidencia indica que este señor desde el 2006 al menos compartía el liderazgo de la organización criminal con Aparicio".
Más sospechosos
El fiscal señaló que el funcionamiento de la banda del clan Castedo no cesó a pesar de la detención de su líder, ocurrida el 22 de julio de 2016. "Hay pruebas, evidencias, que nos dan la certeza de que esta asociación siguió siendo operativa hasta al menos el 2017. Se fueron incorporando otros miembros que no se encuentran aquí pero que surgen de las diferentes comunicaciones telefónicas receptadas", expresó Amad, y agregó "con lo cual este Ministerio Público ya informó sobre la causa 1400/2017 derivada de esta investigación".
En ese marco, dijo el fiscal, "esta fiscalía imputa y requiere su convocatoria para prestar declaración indagatoria a Ricardo Martínez Cuellar o Rolando Roberto Martínez Cuellar, Liliana Letisia Pascuso, Elisabeth Micaela Ibáñez Romero, Roberto Francisco Fernández Cayo, Sara Gimena Castedo, Nelson Jael Dix, Pasel Castedo y Raúl Leonardo Martínez. Esto es conforme a lo presentado el 27 de diciembre de 2018 en la causa 1400/2017 en el Juzgado Federal de Orán".
En su alocución, el doctor Amad refirió que "estos señores", por Delfín y Raúl Castedo, la ex del primero, Melba del Carmen Araujo, los comerciantes Luis, Alberto y Mario Yudi, y el martillero público Eduardo Torino se valieron de maniobras de violencia para quedarse con las fincas fronterizas de El Aybal y El Pajeal, más de 20 mil hectáreas, en el norte provincial. "¿Por qué comienza todo? Las amenazas, los tiros, personas muertas… precisamente porque estos señores eran los dueños de la vida, la muerte y el paso de esos lugares. Uno no pasaba por ahí porque el patrón le puso candado a la tranquera".
La abogada querellante solicitó ante el Tribunal que sean decomisados los bienes que fueron instrumentos del delito.
Sostuvo que esa situación, que durante años estuvo impregnada de violencia, "se terminó después de la penosa noticia del asesinato de la señora Liliana Ledesma", la pequeña productora que denunció las maniobras de los Castedo, y agregó que para lograr "el desalojo de los pobladores que de manera preexistente vivían ahí, estos señores impusieron una escalada de violencia enorme".
Penas solicitadas por la querella
La doctora Emilia Figueroa, querellante en la causa, representante de la Unidad de Información Financiera, fue la primera en alegar a través de Zoom. Las penas expresadas por la letrada fueron las siguientes:
- Delfín Castedo, sindicado de ser el responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador en concurso real, también por el delito de falsificación de instrumentos públicos agravados por dos hechos en calidad de partícipe necesario, pena de 20 años de prisión y multa de 700.000 pesos, inhabilitación por el tiempo que dura la condena.
- Raúl Amadeo Castedo, por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro se solicita la pena de 8 años, multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.
- Eduardo Torino (martillero público), por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, la pena de 9 años de prisión y multa de 250.000 pesos, inhabilitación por el tiempo que dure la condena.
- Melba del Carmen Araujo, por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro, la pena de 8 años de prisión, 70.000 pesos de multa, inhabilitación por el tiempo de la condena.
En el caso de los Yudi, Luis, Alberto y Mario, la doctora Figueroa no solicitó pena dado que en el momento del requerimiento a juicio no estaba constituida como querellante en la causa. "Sin embargo, sostenemos que forman parte de la asociación ilícita", sostuvo la doctora, corriendo el riesgo de que la defensa de los Yudi pidiera la nulidad de los alegatos.