El Presupuesto nacional sancionado en Diputados en la madrugada del jueves muestra claramente la voluntad de mostrar previsiones de ingresos y de gastos que se acomoden a las expectativas de los acreedores, pero las imprecisiones que arroja lo dejan muy lejos de la función rectora que debe cumplir una ley de esta naturaleza.
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El Presupuesto nacional sancionado en Diputados en la madrugada del jueves muestra claramente la voluntad de mostrar previsiones de ingresos y de gastos que se acomoden a las expectativas de los acreedores, pero las imprecisiones que arroja lo dejan muy lejos de la función rectora que debe cumplir una ley de esta naturaleza.
La subestimación de la inflación expresa esa ambigüedad: se proyecta un aumento generalizado de precios del 60%, aunque todas las previsiones anticipan que llegará aproximadamente al doble. Los ingresos serían muy superiores y quedaría un excedente disponible para que el Poder Ejecutivo lo asigne discrecionalmente, fuera del control del parlamento. Y en un año electoral, la discrecionalidad es un instrumento para favorecer determinadas prioridades que no son del Estado ni de la sociedad, sino de la política.
El proyecto prevé una reducción del déficit desde el 2,5% del PBI en 2022 al 1,9% el próximo año. Pero la disminución del gasto se lograría sacrificando especialmente a la educación y la salud pública. El gasto general subiría, pero manteniéndose 6,8% por debajo de la inflación estimada. Pero el recorte es del 15,5% para el área educativa y del 19,2% para Salud Pública.
El Ministerio de Educación defendió el Presupuesto. Según la ley general de Educación, corresponde asignar el 6% del PBI al área educativa, con un aporte de las provincias del 4,5% y el 1,5% de la administración nacional. El ministro Jaime Perczyk admitió sin embargo que la partida para el área será solo de 1,29%. Tal es así que en Diputados añadieron una cláusula por la que se autoriza, pero no se ordena, a la jefatura de Gabinete a reasignar fondos para que se llegue al 1,5%.
El recorte en Salud Pública parece reflejar un triunfalismo que no se corresponde con la realidad sanitaria: el pretexto para la drástica caída de casi el 20% de los recursos sanitarios es que ya no hace falta comprar las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, la emergencia de la salud pública del país es generalizada y así lo expresan gerentes y directivos de los hospitales: la paralización de los fondos destinados a las personas con discapacidad y a los enfermos que se encuentran en diálisis, la irregularidad en el pago de los servicios hospitalarios por parte de obras sociales, encabezadas por el PAMI -siempre con valores inferiores a los costos-, la insuficiencia de profesionales de la salud y de prestaciones médicas son indicios de un sistema en franco retroceso, con o sin pandemia.
Como contrapartida, el Ministerio del Interior se beneficia con un aumento de recursos del 33,3%, lo que refleja claramente una garantía del aumento del gasto político en un año electoral.
Las cifras marcan prioridades: las previsiones para el servicio de la deuda pública suben 18% y las obligaciones a cargo del Tesoro, 13,9%. El problema de la deuda pública a cargo de la administración nacional es crucial: más allá de los compromisos con el FMI y el Club de París, el monto adeudado en pesos o dólares asciende a US$380.760 millones. El 81% de esa deuda está indexada o dolarizada. El año que viene el país deberá pagar intereses por US$58.300 millones de dólares, de los cuales US$45.000 millones corresponden al Banco Central y US$13.300 millones al Tesoro. El escenario, además, es desfavorable.
Las previsiones económicas de los organismos internacionales anticipan un año recesivo en el mundo. El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y la caída de la actividad en China, Europa y Brasil anticipan una baja de los precios de nuestras exportaciones agrícolas, amenazadas además por una sequía excepcional.
El presupuesto 2023 asume la responsabilidad de los compromisos internacionales pero, como contrapartida, resulta poco creíble, no ofrece respuestas acordes con la dimensión de la crisis y, nuevamente, está centrado en las urgencias para financiar la política en un año electoral.