Humedales: el proyecto, al recinto sin despejar dudas de las provincias

Finalmente, el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales llegará al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación gracias a un acuerdo alcanzado dentro del interbloque Juntos por el Cambio. Ese sector de la oposición presentó un proyecto alternativo ante el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura de la Cámara de Diputados y logró un dictamen de mayoría con 57 firmas, contra las 47 del Frente de Todos, que insistió con el texto redactado por el militante ambientalista bonaerense Leonardo Grosso. Varios diputados del oficialismo, entre ellos la salteña Pamela Caletti, se abstuvieron de firmar ninguno de dictámenes.

De acuerdo a sus declaraciones previas, la misma posición mantendría la mayoría de los legisladores salteños.

La presentación del acuerdo supone un sustancial cambio de criterio de parte del principal bloque opositor, que hace una semana se negó a concurrir al plenario citado por Grosso argumentando, entre otras razones, que los gobernadores de las provincias del Noroeste debían ser escuchados antes de emitirse el dictamen del plenario. Nunca fueron escuchados.

De ese modo están dadas las condiciones para que la Cámara Baja trate el proyecto en el recinto antes del 30 de diciembre. El texto opositor había sido impulsado originalmente por los radicales Ximena García y Jorge Vara, y por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

El presidente del bloque FdT, Germán Martínez, opinó que "los dos dictámenes que estamos tratando van a marcar la vocación, no unánime, pero sí ampliamente mayoritaria, de que nosotros tengamos una ley de humedales en la Argentina".

Si bien el resultado del plenario anticipa una probablemente rápida aprobación en general, no hay ninguna certeza sobre el articulado final y tampoco se despejan las dudas planteadas por las empresas productivas, que temen muchas sorpresas en el futuro inmediato.

Este proyecto, fracasado varias veces desde hace nueve años, fue exhumado por Grosso y por el ministro de Ambiente Juan Cabandié con motivo de los incendios que asolaron la provincia de Corrientes durante el verano anterior y afectaron los esteros del Iberá. Lo cierto es que, en ese momento, el Gobierno nacional dejó en evidencia la falta de previsión y la carencia de un sistema de seguridad frente a catástrofes ambientales, que sí son responsabilidad del poder central, y del desinterés manifiesto frente a un desafío que los desbordaba. En ese momento el Poder Ejecutivo politizó el problema al intentar responsabilizar al gobernador correntino, Gustavo Valdés, de Juntos por el Cambio. Además, el activismo ambiental y la militancia oficialista volvieron a culpar a los productores rurales por los incendios.

El dogma y el desarrollo

Esa discursiva antiempresa muestra un trasfondo adverso para la inversión productiva, que es esencial para las provincias. Una ley ambiental que permite al poder central interferir en el manejo de los recursos naturales genera, necesariamente, inseguridad jurídica.

Para las provincias del NOA, Salta, Jujuy y Catamarca, la "fiebre del litio" ofrece la posibilidad de un desarrollo minero, tecnológico e industrial esencial para una región con postergaciones específicas, profundizadas por la evidente crisis nacional.

Pero la "fiebre del litio" también es contagiosa. El Gobierno nacional intenta intervenir activamente en lo que ve como un negocio, y lo hace con proyectos como la quimera de una "OPEP del litio, con Bolivia y Chile, o la creación de una YPF específica para este mineral.

Las inversiones mineras requieren sumas muy grandes, con alto riesgo y largos plazos.

La bonaerense Florencia Lampreabe no ayuda: sostuvo que sin esta ley de humedales "vamos a caer en el dogma del desarrollo económico y de las inversiones que nunca derraman", y añadió que "los representantes del pueblo no nos vamos a tragar como si nada los intereses de una cámara patronal".

Queda claro que ese discurso, similar al de Grosso, quien habla del "lobby de los gobernadores" no ofrece garantía jurídica alguna.

La previsibilidad

De ese modo se hace ilusorio el discurso de presentación del diputado Ferraro: "Tener una ley es brindar previsibilidad… es seguridad jurídica a la hora de promover proyectos e inversiones, al brindar certezas sobre cómo se pueden desarrollar cada una de las actividades, y disipando así el fantasma de la judicialización y la conflictividad".

Quizá el legislador no haya evaluado los resultados de la ley de bosques, a la que estos proyectos toman como modelo y hasta imitan con la creación de un fondo nacional para humedales del 0,5%, superior al 0,3% estipulado por aquella norma. Ningún presupuesto, de 2008 hasta 2022, cumplió y ni las provincias ni los productores afectados recibieron compensaciones por la pérdida de la producción. Nunca fue asignado más de 0,03%.

Los legisladores deberían preguntarse por qué la minería se preocupa por una ley de humedales. La lógica más elemental indica que donde hay litio, los salares de la Puna, no hay agua ni hay peligro de incendios. Sin embargo, la definición de "humedal" es absolutamente ambigua: "… se consideran humedales los ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos", dice el proyecto. Por eso el mapa oficial que se utiliza para determinar dónde hay humedales incluye al salar de Arizaro.

Y el articulado del proyecto mayoritario no despeja las dudas: aunque atribuye a los gobernadores la tarea de localizar los humedales en sus provincias, establece que deben ajustarse a los criterios que fija el Gobierno nacional. Y que la detección y el ordenamiento territorial deben realizarse en los próximos tres años.

Tres años es demasiado tiempo para la inversión en producción de litio, que interesa genuinamente a las provincias, las empresas y al país. Más allá de las intenciones de Ferraro, la experiencia y el contexto no hacen más que erosionar la confianza en esta nueva iniciativa, de alto riesgo y sobre temas estratégicos.

Preocupación en la minería

Las empresas involucradas en la actividad minera ya dejaron trascender sus opiniones sobre el proyecto de Juntos por el Cambio y estiman que es muy difuso el rol de las provincias, al tiempo que dan lugar a un avance del Gobierno nacional.

Consideran que la definición de "humedal" carece de precisión técnica y puede comprometer la actividad de las mineras. Añaden que, igual que el proyecto Grosso, este afecta la jurisdicción provincial de recursos naturales al imponer normas y autoridades nacionales, avanza en regulaciones que exceden la competencia del Congreso en materia de presupuestos mínimos ambientales, e impone obligaciones de fondo y de forma a las provincias, como la aprobación por ley de un ordenamiento.

El sector minero, que no quiere que le cambien las reglas de juego cuando las inversiones están en marcha, considera que ambos proyectos desconocen los instrumentos de gestión establecidos ya en la ley general de ambiente y en normas provinciales que regulan los recursos naturales. Observan una intromisión en la administración del fondo de humedales, que sería administrado por la autoridad de aplicación nacional, sin límites a la discrecionalidad del manejo.

"Se establecen nuevas restricciones sobre actividades con una norma que no supera a la ley general de ambiente; duplicando su espíritu y contrariándolo. Se nota mucho la necesidad de crear una autoridad nacional y el manejo de fondos nacionales. No se ve que las provincias sean protagonistas, sino más bien parece que se les carga de responsabilidad frente a una autoridad nacional casi invisible, que no suma nada", reseñaba anoche un empresario salteño, que espera un pronunciamiento oficial del sector.

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