La "guerra" contra la inflación no podría haber empezado de peor manera. A pesar de reconocer que se trata de un problema endémico de la economía argentina, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de un plan de control de precios en términos que no difieren en nada con la mayoría de las iniciativas aplicadas en las últimas seis décadas y que, sistemáticamente, fracasaron.
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La "guerra" contra la inflación no podría haber empezado de peor manera. A pesar de reconocer que se trata de un problema endémico de la economía argentina, el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha de un plan de control de precios en términos que no difieren en nada con la mayoría de las iniciativas aplicadas en las últimas seis décadas y que, sistemáticamente, fracasaron.
La experiencia debería indicarle al Presidente que uno de los grandes fracasos (además de una estafa a la opinión pública) fue la intervención del Indec, entre 2007 y 2015, que comenzó cuando él mismo era jefe de Gabinete, y solo sirvió para eliminar de las estadísticas (sin corregir la realidad) los aumentos de precios y el crecimiento geométrico de la pobreza.
La inflación es un problema estructural de nuestra economía que ha destruido sistemáticamente los salarios, los ahorros, la inversión y la economía argentina.
En definitiva, es un fenómeno que pone de manifiesto la falta de competitividad y el atraso tecnológico del sistema productivo, y la ineptitud del Estado para generar credibilidad en el capital privado y ofrecer una moneda con respaldo sólido.
La amenaza de apelar a la Ley de Abastecimiento, sancionada en junio de 1974, y de convocar a todos los sectores a un acuerdo para evitar los aumentos de precios es un esfuerzo vano por congelar la realidad. A la inflación no se la enfrenta con una guerra, sino con un plan claro y sustentable. No hay enemigos agazapados: el principal formador de precios es el Estado. El ejemplo lo ofrece YPF, que en febrero y marzo aplicó sendos aumentos de los combustibles de alrededor del 10% en cada caso. Existe la especulación, es cierto, pero es también mecanismos de defensa del industrial y del comerciante frente a la volatilidad de los precios.
La emisión de moneda y de deuda interna, practicada hasta el exceso por el Estado para compensar la insuficiencia de los ingresos genuinos en relación con el gasto, termina detonando a todo el sistema económico. Este es un punto clave: transparentar el gasto, eliminar toda asignación de recursos destinados al clientelismo político y asegurar un sistema asistencial eficiente y a través de estructuras genuinas del Estado. La invasión a Ucrania, con las consecuentes sanciones a Rusia, y la persistencia de la pandemia anticipan tiempos difíciles. Pero las fisuras en la coalición de Gobierno hacen mucho más complicado diseñar un plan económico. La habilitación del Congreso para acordar un nuevo crédito y refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional demostró que las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner son insalvables. Por eso, hay funcionarios de distintas áreas de gobierno que no están dispuestos a seguir el recorrido que intenta trazar el Presidente.
La carta dirigida por el secretario de Energía, Darío Martínez, al ministro Martín Guzmán, reclamando recursos para sostener las importaciones energéticas indica, además, que aquel recorrido no es claro. Martínez reclama que de $310.000 millones que debía recibir solo en marzo, Guzmán le remitió apenas $66.000 millones.
Queda en evidencia, en esa carta, la enorme dependencia energética; un capítulo decisivo para cualquier intento de estabilización de precios.
La creación de un fondo estabilizador del precio del trigo, por caso, no resolverá nada; en cambio, reavivará tensiones con el sector rural.
El gobierno del Alberto Fernández está obligado a tomar decisiones importantes, transparentes y que requieren un liderazgo confiable. Ese es su gran desafío. Un acuerdo de precios y salarios será solo una máscara: es imprescindible una redefinición de todo el sistema de costos: acceso al crédito, capacidad de ahorro, energía, transporte, salarios y, sobre todo, impuestos.
El implacable aumento de los precios viene destruyendo empleos y salarios, con la consecuencia inevitable del crecimiento de la pobreza que hoy nos pone muy cerca de la catástrofe social.
Con veinte millones de pobres, no hay margen para la especulación política. Sin un plan que aliente la inversión productiva, el futuro del país se presenta tenebroso.