"Desde el Hospital Materno Infantil repudiamos las acciones del exdiputado en contra de una profesional de nuestro equipo, vulnerando sus derechos, exponiéndola, poniendo en riesgo su integridad física y la de su familia. Acompañaremos a la doctora en las acciones legales que tome al respecto", comunicaron desde el nosocomio.
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"Desde el Hospital Materno Infantil repudiamos las acciones del exdiputado en contra de una profesional de nuestro equipo, vulnerando sus derechos, exponiéndola, poniendo en riesgo su integridad física y la de su familia. Acompañaremos a la doctora en las acciones legales que tome al respecto", comunicaron desde el nosocomio.
Ayer, en la antesala del Día del Niño por Nacer, el exdiputado Andrés Suriani escarchó a una médica garantista de la ley de interrupción voluntaria/legal del embarazo. Mediante mensajes de WhatsApp, el exlegislador envió diferentes fotos de una profesional que cumple con la ley 27.610.
La imágenes de la profesional son acompañadas por el texto "Médica abortista en Salta. Vamos conociendo el rostro de los sicarios en Salta". La médica es una de las cuatro profesionales que garantizan el procedimiento de interrupción legal del embarazo en el Hospital Público Materno Infantil (HPMI). La profesional de la salud prefirió guardar silencio, aunque ya se contactó con sus abogadas.
"El hospital acompañará a la médica en lo que ella decida hacer", sostuvieron desde el HPMI.
Desde que se aprobó la ley, en diciembre del 2020, el nosocomio atiende una alta demanda de interrupciones. Oportunamente, el gerente del HPMI, Federico Mangione, pidió mayor compromiso de los diferentes operadores sanitarios, apuntó contra las obras sociales y prepagas por derivarle pacientes al sistema público. Advirtió además que la mayoría de los médicos en el nosocomio son objetores de conciencia, y que los pocos profesionales que garantizan el cumplimiento de la ley son discriminados, por lo que, desde que se aprobó la ley, desde el Materno se solicita a Buenos Aires más recursos humanos.
En 2019, cuando Suriani ocupaba una banca en Diputados, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal de Salta, llegó a pedir a las autoridades de la Cámara de Diputados que "adopte medidas ante las manifestaciones públicas" de Suriani que generan "odio hacia las mujeres". El Comité también instó oportunamente a un mayor compromiso de las autoridades de la Cámara y les solicitó que cuenten con su propio Código de Ética, "para garantizar que las manifestaciones y acciones de legisladores no lesionen derechos de quienes representan". Sin embargo, las autoridades de la Cámara aseguraron que "un código cristalizaría un consenso ético básico en la sociedad y el funcionamiento de las instituciones democráticas". Es decir, entendieron que no era necesario.
Mientras ocupó su banca de diputado, Suriani se opuso no solo a la ley de interrupción del embarazo, sino también a la Educación Sexual Integral y hasta votó en contra de que la Provincia adhiriera a la ley 27.499, más conocida como la ley Micaela, que obliga a todos los trabajadores de organismos públicos a recibir capacitación en género.