La jueza de Violencia Familiar y de Género María Carolina Cáceres Moreno ordenó pericias psicológicas al arzobispo Mario Cargnello a raíz de la denuncia por violencia de género que presentaron monjas del convento San Bernardo en su contra.
En paralelo, la jueza dispuso que profesionales del Poder Judicial elaboren un informe de riesgo psicosocial en el monasterio de las Carmelitas Descalzas.
Se conoció que Cargnello no se presentó aún para realizar la pericia psicológica y que son estudios de rigor que se requieren ante este tipo de denuncias.
La acusación de las religiosas que viven en el convento de clausura es por violencia física, psicológica y económica. Está asentada en el juzgado de Violencia Familiar y Género número 3.
La denuncia apunta también contra otros dos religiosos además de Mario Cargnello, que también deberán someterse a pericias psicológicas por orden de la jueza: Martín de Elizalde, obispo emérito, y Lucio Ajalla, vicario cooperador de la Catedral de Salta.
Si bien a la presentación la iniciaron la priora -que es la máxima autoridad del convento- y otra monja, hace referencia a una situación que también afecta a las demás religiosas según se desprende del relato.
La jueza prohibió que los denunciados se acerquen al convento y ordenó que haya una consigna policial fija afuera del edificio, ubicado en la calle Caseros. También especificó que Cargnello no podrá citar a las monjas “al Arzobispado o a cualquier lugar fuera del monasterio que implique la exposición de las mismas a nuevas situaciones de violencia física y/o psicológica”.
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La jueza de Violencia Familiar y de Género María Carolina Cáceres Moreno ordenó pericias psicológicas al arzobispo Mario Cargnello a raíz de la denuncia por violencia de género que presentaron monjas del convento San Bernardo en su contra.
En paralelo, la jueza dispuso que profesionales del Poder Judicial elaboren un informe de riesgo psicosocial en el monasterio de las Carmelitas Descalzas.
Se conoció que Cargnello no se presentó aún para realizar la pericia psicológica y que son estudios de rigor que se requieren ante este tipo de denuncias.
La acusación de las religiosas que viven en el convento de clausura es por violencia física, psicológica y económica. Está asentada en el juzgado de Violencia Familiar y Género número 3.
La denuncia apunta también contra otros dos religiosos además de Mario Cargnello, que también deberán someterse a pericias psicológicas por orden de la jueza: Martín de Elizalde, obispo emérito, y Lucio Ajalla, vicario cooperador de la Catedral de Salta.
Si bien a la presentación la iniciaron la priora -que es la máxima autoridad del convento- y otra monja, hace referencia a una situación que también afecta a las demás religiosas según se desprende del relato.
La jueza prohibió que los denunciados se acerquen al convento y ordenó que haya una consigna policial fija afuera del edificio, ubicado en la calle Caseros. También especificó que Cargnello no podrá citar a las monjas “al Arzobispado o a cualquier lugar fuera del monasterio que implique la exposición de las mismas a nuevas situaciones de violencia física y/o psicológica”.