Siete personas, entre las que se encuentra el intendente de Rosario de la Frontera, fueron imputadas oportunamente a partir de la denuncia de vecinos de esa ciudad que refirieron haber sido incluidos sin su autorización en programas sociales y de trabajo. A su nombre, según expuso el MInisterio Público Fiscal, se habrían expedido cheques o pagos en efectivo que no percibieron ni solicitaron. “Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal penal Oscar López Ibarra requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán para Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del intendente), Orlando Rubén Cárdenas (jefe de pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (secretaria de Hacienda) y Antonia Silvia Acosta (tesorera), como coautores de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real por los delitos de falsedad de instrumento público y peculado. Para Gustavo Solís Mónico (intendente municipal), como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado, falsedad de instrumento público. Para José Luis Feres como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con falsedad de instrumento público y como partícipe necesario de peculado. También para Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagrán como partícipes necesarios del delito de peculado dada la cooperación que se habrían realizado en la comisión del ilícito endilgado a los demás”, comunicaron.
Desde el entorno del intendente les llamó la atención que la novedad se conozca horas después de un allanamiento en la Municipalidad. Afirmaron que Solís está a disposición de la justicia. La investigación se inició en 2019, ante la denuncia de vecinos por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero. El fiscal penal sostiene que en el período de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el municipio mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación. Además, “se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario”.
El fiscal remarcó una situación de “permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, siendo la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de fondos públicos para su beneficio o de terceros”.
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Siete personas, entre las que se encuentra el intendente de Rosario de la Frontera, fueron imputadas oportunamente a partir de la denuncia de vecinos de esa ciudad que refirieron haber sido incluidos sin su autorización en programas sociales y de trabajo. A su nombre, según expuso el MInisterio Público Fiscal, se habrían expedido cheques o pagos en efectivo que no percibieron ni solicitaron. “Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal penal Oscar López Ibarra requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán para Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del intendente), Orlando Rubén Cárdenas (jefe de pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (secretaria de Hacienda) y Antonia Silvia Acosta (tesorera), como coautores de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real por los delitos de falsedad de instrumento público y peculado. Para Gustavo Solís Mónico (intendente municipal), como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado, falsedad de instrumento público. Para José Luis Feres como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con falsedad de instrumento público y como partícipe necesario de peculado. También para Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagrán como partícipes necesarios del delito de peculado dada la cooperación que se habrían realizado en la comisión del ilícito endilgado a los demás”, comunicaron.
Desde el entorno del intendente les llamó la atención que la novedad se conozca horas después de un allanamiento en la Municipalidad. Afirmaron que Solís está a disposición de la justicia. La investigación se inició en 2019, ante la denuncia de vecinos por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que nunca percibieron dinero. El fiscal penal sostiene que en el período de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el municipio mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación. Además, “se pudo detectar el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario”.
El fiscal remarcó una situación de “permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, siendo la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de fondos públicos para su beneficio o de terceros”.