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Un jurado del estado de Nuevo México, en Estados Unidos, condenó a la empresa Meta a pagar una multa de 375 millones de dólares tras considerar que engañó sobre los niveles de seguridad en sus plataformas, especialmente en lo que respecta a la protección de niños y adolescentes.
El fallo se da tras una investigación impulsada por la fiscalía estatal, que apuntó a demostrar que la compañía no brindó información veraz sobre los riesgos a los que estaban expuestos los menores en redes sociales como Instagram y Facebook.
Según se expuso durante el juicio, Meta habría tenido conocimiento de los peligros vinculados a la interacción de menores con adultos en sus plataformas, pero no habría tomado medidas suficientes para evitar situaciones de riesgo.
Uno de los puntos más sensibles del caso fue la exposición de pruebas que indicaban que perfiles falsos de menores podían ser contactados con facilidad por adultos con intenciones sexuales.
Estas situaciones fueron consideradas por el jurado como evidencia de fallas estructurales en los sistemas de control y moderación de contenido.
Además, la acusación sostuvo que la empresa priorizó el crecimiento de usuarios y las ganancias económicas por sobre la seguridad de los más jóvenes.
En ese sentido, se remarcó que existían informes internos que advertían sobre los efectos negativos del uso de redes sociales en adolescentes, tanto en términos de seguridad como de salud mental.
El fiscal general de Nuevo México calificó el fallo como una “victoria histórica” para las familias y sostuvo que marca un antes y un después en la responsabilidad de las plataformas digitales.
También destacó que el caso busca sentar un precedente para que las grandes empresas tecnológicas refuercen sus políticas de protección infantil.
Desde Meta, en tanto, expresaron su desacuerdo con la decisión judicial y anticiparon que apelarán el fallo.
La compañía aseguró que continúa trabajando en el desarrollo de herramientas para mejorar la seguridad de los usuarios, aunque reconoció los desafíos que implica controlar el comportamiento dentro de sus plataformas.
El caso se inscribe en un contexto más amplio de creciente presión judicial y política sobre las redes sociales en Estados Unidos.
En los últimos años, distintas demandas han puesto en cuestión el rol de estas plataformas en problemáticas como la exposición a contenido sensible, la salud mental de los adolescentes y la seguridad digital.
Este fallo, en particular, podría abrir la puerta a nuevas acciones legales y reforzar la regulación sobre el funcionamiento de las redes sociales.
Además, vuelve a instalar el debate sobre los límites de responsabilidad de las empresas tecnológicas en relación con sus usuarios más vulnerables.
La resolución también impacta en la discusión global sobre el uso de redes sociales por parte de menores y la necesidad de establecer controles más estrictos.
Con esta decisión, la justicia estadounidense envía una señal clara sobre la importancia de garantizar entornos digitales más seguros.