El censo es un procedimiento esencial para la organización de un Estado. Tiene que estar bien hecho y, además, debería ser bien interpretado y mejor utilizado por gobernantes.
El que se realizó el miércoles mostró algunas desprolijidades, pero que seguramente son subsanables.
El uso de la encuesta digital es un avance, siempre y cuando se entienda que las estadísticas son números y medianas, pero la realidad humana es de carne y hueso.
En una era política encandilada por la instantaneidad de las redes, la tentación de interpretar a gusto y comunicar mal es muy fuerte.
El censo no sólo informa sobre el número de habitantes del país y de cada provincia, sino que aporta datos muy importantes sobre el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, que escapan a la Encuesta Permanente de Hogares. Porque este relevamiento periódico que realiza el Indec toma solamente 30 centros urbanos, donde viven solo dos tercios dos tercios de los habitantes de la Argentina. Y la pobreza rural queda afuera.
El censo de 2010 consignaba, por ejemplo, que, de los 300.000 hogares salteños, más del 40% consumían gas de garrafa, con un subsidio casi anecdótico con respecto al que recibían los usuarios de gas natural. Como es de suponer, las garrafas proliferan en los barrios periféricos y en los hogares rurales.
Es decir, sectores de menores recursos. Y casi el 10% de los hogares se calefaccionaba con leña.
Esto lo mostró el censo, aunque la evidencia no generó ninguna reacción edificante del Estado. Por el contrario, la política energética de las dos últimas décadas no solo fue deficiente: fue destructiva. El resultado está a la vista: un país que perdió la independencia energética.
Para Salta y el Norte Grande, es fundamental un censo bien hecho, y que sea continuado después por los sistemas de estadística de todos los estamentos del Estado. Porque la única herramienta para describir con precisión el mapa de la pobreza es la que parte de la observación de las reales condiciones de vida.
Una comunidad que carece de acceso doméstico al agua potable, muy lejos del primer centro asistencial con servicios básicos, con retretes de dudosa condición higiénica y con dificultades para la concurrencia a las escuelas debería ser una prioridad absoluta para una democracia que, por definición, debe ser inclusiva.
Y a esto debe añadirse la precariedad laboral de las economías de subsistencia, condenadas por un supuesto ordenamiento territorial (que no lo es) trazado con criterios meramente ideológicos y un oportunismo irresponsable, económicamente destructivo y sin valor ambiental ni social.
Los datos de toda esa realidad se reflejan en los censos, pero no necesariamente impactan en las políticas de desarrollo humano. Mirando las asimetrías entre las regiones, se desprende que no impactan nada.
El censo de este año pregunta si el ciudadano se autopercibe descendiente de pueblos originarios o afrodescendientes.
La realidad social de la población rural del Norte Grande es compleja y difícil. Son áreas de supervivencia.
Las comunidades indígenas no necesitan autopercibirse: lo son, porque conservan la lengua, la organización social y las creencias básicas ancestrales (aunque estén evangelizadas por las iglesias occidentales). No hace falta preguntarles: es evidente.
inicia sesión o regístrate.
El censo es un procedimiento esencial para la organización de un Estado. Tiene que estar bien hecho y, además, debería ser bien interpretado y mejor utilizado por gobernantes.
El que se realizó el miércoles mostró algunas desprolijidades, pero que seguramente son subsanables.
El uso de la encuesta digital es un avance, siempre y cuando se entienda que las estadísticas son números y medianas, pero la realidad humana es de carne y hueso.
En una era política encandilada por la instantaneidad de las redes, la tentación de interpretar a gusto y comunicar mal es muy fuerte.
El censo no sólo informa sobre el número de habitantes del país y de cada provincia, sino que aporta datos muy importantes sobre el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, que escapan a la Encuesta Permanente de Hogares. Porque este relevamiento periódico que realiza el Indec toma solamente 30 centros urbanos, donde viven solo dos tercios dos tercios de los habitantes de la Argentina. Y la pobreza rural queda afuera.
El censo de 2010 consignaba, por ejemplo, que, de los 300.000 hogares salteños, más del 40% consumían gas de garrafa, con un subsidio casi anecdótico con respecto al que recibían los usuarios de gas natural. Como es de suponer, las garrafas proliferan en los barrios periféricos y en los hogares rurales.
Es decir, sectores de menores recursos. Y casi el 10% de los hogares se calefaccionaba con leña.
Esto lo mostró el censo, aunque la evidencia no generó ninguna reacción edificante del Estado. Por el contrario, la política energética de las dos últimas décadas no solo fue deficiente: fue destructiva. El resultado está a la vista: un país que perdió la independencia energética.
Para Salta y el Norte Grande, es fundamental un censo bien hecho, y que sea continuado después por los sistemas de estadística de todos los estamentos del Estado. Porque la única herramienta para describir con precisión el mapa de la pobreza es la que parte de la observación de las reales condiciones de vida.
Una comunidad que carece de acceso doméstico al agua potable, muy lejos del primer centro asistencial con servicios básicos, con retretes de dudosa condición higiénica y con dificultades para la concurrencia a las escuelas debería ser una prioridad absoluta para una democracia que, por definición, debe ser inclusiva.
Y a esto debe añadirse la precariedad laboral de las economías de subsistencia, condenadas por un supuesto ordenamiento territorial (que no lo es) trazado con criterios meramente ideológicos y un oportunismo irresponsable, económicamente destructivo y sin valor ambiental ni social.
Los datos de toda esa realidad se reflejan en los censos, pero no necesariamente impactan en las políticas de desarrollo humano. Mirando las asimetrías entre las regiones, se desprende que no impactan nada.
El censo de este año pregunta si el ciudadano se autopercibe descendiente de pueblos originarios o afrodescendientes.
La realidad social de la población rural del Norte Grande es compleja y difícil. Son áreas de supervivencia.
Las comunidades indígenas no necesitan autopercibirse: lo son, porque conservan la lengua, la organización social y las creencias básicas ancestrales (aunque estén evangelizadas por las iglesias occidentales). No hace falta preguntarles: es evidente.
Superar hábitos
Son comunidades que necesitan superar hábitos propios de la economía de cazadores y recolectores, que ya es inviable, e incorporarse a una producción moderna que satisfaga sus necesidades y retenga a los jóvenes, demasiado tentados a migrar hacia un destino oscuro en las periferias urbanas.
Preguntar en un censo sobre autopercepciones étnicas implica clasificar a los aborígenes chaqueños en el mismo grupo de las organizaciones políticas organizadas desde el INAI que se presentan desde hace unos años como aborígenes andinos, sin conservar la lengua, la religión ni las costumbres y que no solo distraen la atención que requieren los verdaderos excluidos, sino que alteran la paz de los valles.
El censo no pregunta, en cambio, sobre los criollos, habitantes ancestrales de las mismas tierras, descendientes de indígenas, de africanos y de colonos blancos. Personas que también presentan situaciones de extrema pobreza. Ni indaga sobre la existencia de grupos sociales excluidos, probablemente urbanos, que pueden ser víctimas de trata de personas o de otras formas de esclavitud.
De todos modos, el censo va a proveer datos elocuentes de esa realidad social, pero la calidad de la información puede quedar subordinada a la mirada hipercentralista del poder central, que la distorsiona, y a la capacidad de cada provincia para prestar atención, reconocer y transformar la realidad. Pero transformarla en serio, con compromisos constantes y asignaciones presupuestarias para incorporar al interior profundo del país.
La estadística, interpretada exclusivamente en función de la captación de votos no modifica la realidad; esa es la mirada que prevalece desde hace demasiados años en el país.
El ejemplo lo ofrece la historia: el primer censo, en 1869, fue interpretado por Domingo Faustino Sarmiento con criterio de estadista.
El país registraba 1.877.490 habitantes, con estimaciones imprecisas acerca de los pobladores de la Patagonia y la región chaqueña, que estaban fuera de la órbita del incipiente Estado.
Los datos preliminares señalaban que 413.465 chicos en edad para estudiar solo lo hacían 82.671, el 20%.
Ese día, el presidente Sarmiento y su gabinete pusieron en marcha la escuela pública, gratuita, laica y obligatoria, una de las decisiones más inclusivas de nuestra historia, que transformó al país.