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Nuevo reclamo de la Provincia ante embajadores

El Gobierno solicita tomar medidas ante los incumplimientos del vecino país.
Miércoles, 13 de julio de 2022 02:18

Gustavo Sáenz hizo un fuerte reclamo en redes sociales por la muerte en Bolivia del docente salteño que no recibió atención médica adecuada y requirió la inmediata intervención de la Cancillería argentina. Ese reclamo del gobernador hizo que el organismo nacional eleve una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

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Gustavo Sáenz hizo un fuerte reclamo en redes sociales por la muerte en Bolivia del docente salteño que no recibió atención médica adecuada y requirió la inmediata intervención de la Cancillería argentina. Ese reclamo del gobernador hizo que el organismo nacional eleve una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

La acción del Estado provincial no finalizó ahí, ya que a través del representante de Relaciones Internacionales, Julio Argentino San Millán, se enviaron cartas a la Embajada argentina en Bolivia y la de Bolivia en Argentina para reclamar ante el "incumplimiento" por parte de autoridades del país vecino al tratado sobre asistencia médica en el caso de abandono y muerte de Alejandro Benítez.

La primera carta fue dirigida al embajador argentino ante el Estado Plurinacional de Bolivia, Sergio Ariel Basteiro; mientras que la segunda, al embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, Ramiro Tapia Sainz. Ambos documentos tienen un contenido similar y con esa carta la Provincia hizo un formal reclamo por el abandono y fallecimiento de Benítez.

La misiva explica el caso y aclara que se trataba de un docente salteño muy querido por la comunidad de General Mosconi, que sufrió un accidente vial durante sus vacaciones junto a amigos que circulaban en motocicleta por una ruta boliviana. Detalla que fue embestido por un camión a la altura de la localidad de Ivirgarzama, en el departamento de Cochabamba, y que sufrió serias heridas y golpes.

"Ocurrido el siniestro vial de referencia, comienza una verdadera pesadilla para quienes acompañaban a Benítez, ya que tanto el camionero que colisionó la moto, como el personal de fuerzas de seguridad que intervino y el personal del Centro Médico de Ivirgarzama se negaron a trasladar al mismo hasta un centro médico de mayor complejidad, atento a que les exigieron pagar por anticipado y en dólares o pesos bolivianos los gastos de traslado de la ambulancia que estaba disponible en el lugar", expresa la carta enviada.

El relato continúa y destaca que los acompañantes de Benítez tenían solo pesos argentinos y que los testimonios que pueden recogerse de los testigos del hecho y de todo lo sucedido después dan cuenta de la dramática situación que vivieron, que terminó con el fallecimiento de Benítez por falta de atención médica adecuada.

La Provincia aduce que las autoridades sanitarias y de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia que intervinieron en el hecho, han omitido "flagrantemente" los compromisos internacionales asumidos en materia de salud.

"Atento la gravedad de lo ocurrido, la Provincia de Salta solicita a Ud. tomar las medidas formales del caso, ante los incumplimientos a los compromisos internacionales asumidos, como, asimismo, se requieran las correspondientes actuaciones criminales, civiles, administrativas y políticas para el deslinde y condena de los funcionarios y personas intervinientes en el hecho del abandono y posterior muerte del ciudadano argentino Alejandro Benítez", finaliza la carta.

Convenios internacionales

La carta enumera los artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; del Pacto de San José de Costa Rica, pero hace especial hincapié en los artículos 5 y 6 del “Convenio de Asistencia Recíproca” de julio de 2019, que fue firmado por la ministra de Salud boliviana, Gabriela Montaño, y por el ministro de Salud argentino.
Dicho convenio establece que los Estados se comprometen a “la reciprocidad en materia de asistencia médica en casos de urgencia y emergencias que afecten a ciudadanos que se encuentren en el territorio, independientemente de su status migratorio”.

Planteos de los diputados

Diputados nacionales por Salta se hicieron eco de la muerte del salteño en Bolivia y solicitaron a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, información sobre el Convenio de Asistencia Recíproca entre Argentina y Bolivia.
La carta dirigida a la ministra lleva las firma de los diputados salteños Emiliano Estrada, Miguel Nanni y Carlos Zapatta. Los legisladores solicitan conocer el estado actual del acuerdo, su aplicación efectiva, las condiciones, los alcances y cualquier otro aspecto que considerase relevante sobre el Convenio de Asistencia Recíproca en materia sanitaria, rubricado en el año 2019 entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia.
El pedido busca información para ayudar a esclarecer los graves hechos ocurridos el 5 de julio que culminaron con el fallecimiento de un ciudadano argentino, producto de la desatención y abandono por parte de personal sanitario boliviano incurriendo en un flagrante incumplimiento de los principios humanitarios y éticos mínimos, y que lesionaría de lleno los términos suscritos entre ambas naciones a través del acuerdo señalado.
Por otra parte, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Virginia Cornejo, presentó un proyecto de declaración en donde expresó disgusto y preocupación por la inacción del personal médico boliviano que, aparentemente, exigió pago previo de gastos de emergencia y uso de ambulancia para atender al ciudadano, quien falleció en una precaria sala de primeros auxilios del Estado Plurinacional de Bolivia. 
“Expresamos nuestro repudio por la posible falta de solidaridad y humanidad por eventual acción de negligencia y de abandono de persona que produjo este luctuoso hecho, y la falta de cumplimiento de los acuerdos de reciprocidad de atención médica firmados entre la República Argentina y Bolivia”, expresó la legisladora. Además, instó a las autoridades del Gobierno a que inicien las acciones internacionales correspondientes por posible discriminación, abandono de persona y violación a la Declaración de Derechos Humanos, votada y aceptada en el año 1948 por Bolivia. 
 

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