La muerte del profesor Alejandro Benítez, atropellado en una ruta de Cochabamba por un camión, configura en principio un homicidio culposo agravado por abandono de persona. Las declaraciones de los funcionarios bolivianos dando por aclarado todo, a pesar de la denuncia formal de los acompañantes y de la familia de la víctima, es una forma de encubrimiento que ayuda a comprender la conducta inhumana y despiadada de los médicos, enfermeros y policías que intervinieron en este gravísimo episodio.
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La muerte del profesor Alejandro Benítez, atropellado en una ruta de Cochabamba por un camión, configura en principio un homicidio culposo agravado por abandono de persona. Las declaraciones de los funcionarios bolivianos dando por aclarado todo, a pesar de la denuncia formal de los acompañantes y de la familia de la víctima, es una forma de encubrimiento que ayuda a comprender la conducta inhumana y despiadada de los médicos, enfermeros y policías que intervinieron en este gravísimo episodio.
Pero este caso no es más que la punta del iceberg de una discriminación permanente que sufren los argentinos cuando ingresan a territorio boliviano. Un caso inmediatamente verificable es que el precio que le cobran a los vehículos con patente argentina equivale al triple del que figura en el surtidor.
Testimonios de infinidad de salteños ratifican una actitud abiertamente discriminatoria que abarca desde maltratos personales hasta hechos de violencia, agresiones y acusaciones que terminan con turistas argentinos privados de derecho a la defensa y sometidos a una violencia policial anacrónica.
El abandono sufrido por el docente de Aguaray es el mismo que soportaron numerosos salteños y jujeños en casos de accidentes de diversa índole donde queda a la vista que un argentino, si no dispone de suficiente moneda boliviana, se puede morir o sufrir discapacidades definitivas porque los médicos de ese país, muchos de ellos graduados sin pagar arancel alguno en universidades públicas argentinas, parecen eximidos del compromiso hipocrático.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aportó otro ejemplo de abandono: recordó el caso del jujeño Manuel Vilca, accidentado en Oruro: "Le querían cobrar 10.000 dólares, lo dejaron tirado, le quisieron cobrar hasta el papel higiénico en el hospital y después lo tuve que traer en el avión sanitario, no lo atendían y corría riesgo su vida".
Lamentablemente, en cada uno de estos casos, queda de manifiesto el incumplimiento, de parte del Gobierno boliviano, del acuerdo de reciprocidad para la asistencia médica firmado en 2019 entre ese país y la Argentina.
Ese acuerdo obliga a ambos estados a hacerse cargo de la atención en casos de emergencia y asegurar atención de excelente nivel, tengan o no dinero disponible. En la Argentina se atienden miles de bolivianos en los hospitales públicos, mientras que, del otro lado de la frontera, los pocos casos de argentinos necesitados de asistencia no la reciben si no pagan.
Es evidente que se impone acordar un sistema de compensación entre Estados, ya que el costo de la atención es elevado, y pensar seriamente en condicionar el ingreso y la permanencia de cualquier extranjero en el país a la disponibilidad de un seguro internacional de salud.
En 2019, la ONU estimaba que la emigración de ciudadanos bolivianos a nuestro país era de unas 430.000 personas. A su vez, el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia informó en 2012 que "el 38,2% de la población emigrante nacional tiene como principal destino a la Argentina".
Pero las colectividades estiman que los migrantes adultos que llegaron al país con hijos pequeños configuran una población que supera el millón y medio de personas.
Esta preferencia por nuestro país demuestra que, acá, esas familias encuentran trabajo, educación y una actitud hospitalaria, que contrasta absolutamente con la actitud discriminatoria y violenta que padecen los turistas argentinos cuando van a Bolivia.
La Argentina no solo tiene reglas muy claras contra la discriminación, sino que además garantiza a los migrantes y viajeros, en su Constitución, los mismos derechos de los ciudadanos nacionales.
Eso es inamovible. Ninguna persona en nuestro país puede ser abandonada a su suerte si no tiene para pagar la asistencia médica. Pero al no existir reciprocidad en las conductas ni equivalencia en los costos, es hora de fijar normas muy precisas que equilibren las cargas. Y de exigir al Estado boliviano leyes rigurosas para sancionar la discriminación de los argentinos y de cualquier extranjero.