El Máximo Tribunal salteño confirmó la medida cautelar que, desde enero, obliga al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta a garantizar la presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia. Son dos fallos conexos, que se emitieron el pasado lunes 18 de julio, en los que la Corte resuelve mantener las cautelares dictadas en primera instancia, pero todavía no se resuelve el fondo de la cuestión planteada en los amparos que es implementación de la ley de salud intercultural.
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El Máximo Tribunal salteño confirmó la medida cautelar que, desde enero, obliga al Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta a garantizar la presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia. Son dos fallos conexos, que se emitieron el pasado lunes 18 de julio, en los que la Corte resuelve mantener las cautelares dictadas en primera instancia, pero todavía no se resuelve el fondo de la cuestión planteada en los amparos que es implementación de la ley de salud intercultural.
La decisión de la Corte se da en un grave contexto de omisión estatal para cumplir con sus legales y judiciales en el que los trágicos fallecimientos de niñas y niños no paran de sucederse. En la primera quincena del presente mes se registraron 4 niños y niñas indígenas fallecidos en General Mosconi, en San Martín, y Santa Victoria Este y en Rivadavia. Increíblemente, el Gobierno provincial había presentado un pedido de nulidad, el cual fue rechazado por la Corte.
La medida fue promovida por ACIJ (Asociación Civil Igualdad y Justicia), quienes integran Infancia en Deuda y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, en el amparo presentado por la aplicación y reglamentación de la ley 7.856 de salud intercultural, busca "terminar con los obstáculos en el acceso a la salud que enfrentan niñas y niños de comunidades originarias, producto de la discriminación histórica que ejerce en su contra el sistema sanitario".
"Esta decisión es fundamental dado que la presencia de facilitadores/as interculturales integrantes de los pueblos indígenas, colaborará en la comprensión, toma de decisión y acompañamiento en las diversas prácticas médicas que deban atravesar niñas y niños. A la fecha, estas intervenciones o bien no se realizan por la discriminación que sufren al momento de ir al hospital o bien suelen practicarse en abierta vulneración a sus derechos, especialmente al consentimiento informado reconocido por la ley nacional del paciente. Además, la presencia de facilitadores/as ayudará a una incorporación real de las necesidades de las comunidades a la ejecución de la política pública sanitaria, como exige la Ley Provincial 7.865 de salud intercultural", aseguraron en un parte de prensa de ACIJ.
En igual sentido, para quienes deban trasladarse a los hospitales cabecera o a la capital -por las falencias estructurales de los centros de salud en sus comunidades- será muy importante la puesta en funcionamiento urgente de los albergues institucionales de tránsito, que deben asegurar el hospedaje, manutención y acompañamiento a niñas, niños y sus familias mientras sea necesaria su permanencia por motivos vinculados a su atención de la salud. La medida cautelar, dispuesta por el juez Barrionuevo el 18 de enero, había sido apelada por el Gobierno de la Provincia de Salta y, aunque todo este tiempo estuvo vigente, se encuentra incumplida. Es decir, frente a una situación en la que los trágicos fallecimientos no paran de sucederse, -en los primeros tres meses del año habían fallecido 44 niñas y niños, al menos 5 en el segundo trimestre y 4 en los últimos quince días-, el Estado hasta ahora había decidido ignorar por completo sus obligaciones judiciales y legales. Al confirmar la sentencia, la Corte provincial se refirió a “las particulares circunstancias que rodean el presente caso y que involucran derechos de la mayor jerarquía de un grupo con preferente tutela -niñas, niños y adolescentes-”.
En tanto que El Tribuno consultó a Francisco Rodríguez, quien es el abogado coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ quien aseguró "que es una señal positiva que da la Justicia al obligar al Gobierno provincial a disponer facilitadores interculturales y hogares de tránsito. Tenemos que llegar a la implementación de la ley de salud intercultural que fue sancionada en 2014 y que aún no se cumple", dijo el abogado.
Desde ACIJ recordaron que en Salta en los primeros tres meses del año habían fallecido 44 niñas y niños, al menos 5 en el segundo trimestre y 4 en los últimos quince días.
"La medida cautelar dictada por (el titular del Tribunal de Impugnación III, Eduardo) Barrionuevo estaba vigente pese a la apelación y pedido de nulidad elevado por la provincia. Y en todo ese tiempo, es decir desde enero de este año, no se realizó ninguna de las medidas pedidas. Es más: apelaron el pedido. Es decir que el Estado salteño no tiene la decisión política de mejorar la salud de las comunidades indígenas y lo único que hace es poner palos en la rueda para la implementación de la ley provincial N° 7.856 de Salud Intercultural. Podemos decir entonces que hay una ausencia del Estado y que esta decisión de la Corte tienen un peso político enorme porque obliga al Gobierno a cumplir con la ley, a comenzar a asegurar los derechos de las comunidades que están muy vulneradas. Esperamos que este sea el primer paso hacia la implementación efectiva de la norma que asegura el derechos elemental de acceso a la salud de las comunidades indígenas", concluyó Rodríguez.
Se suma un nuevo caso en Misión El Toro, paraje Vertiente Chica, donde faltan algunos datos aberrantes para confirmar, quien habría fallecido el pasado 13 de julio en Santa Victoria Este.
"A partir de esta decisión judicial, en un contexto gravísimo y con el objetivo de asegurar los derechos de niñas y niños de comunidades originarias será necesario que la Corte de Justicia de Salta haga valer su valiosa decisión judicial y obligue a que el Poder Ejecutivo Provincial de efectivo cumplimiento a la medida dispuesta para que se priorice verdaderamente los derechos de este grupo vulnerabilizado", asegura el comunicado de ACIJ.