El proyecto del Gobierno nacional de incorporar beneficiarios de programas sociales al empleo formal avanza y tiene el visto bueno de los distintos sectores económicos de la provincia, aunque también se plantearon algunos aspectos que consideran que se pueden revisar.
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El proyecto del Gobierno nacional de incorporar beneficiarios de programas sociales al empleo formal avanza y tiene el visto bueno de los distintos sectores económicos de la provincia, aunque también se plantearon algunos aspectos que consideran que se pueden revisar.
El proyecto consiste en que un beneficiario de un plan pueda mantener esa ayuda del Estado durante el primer año en un puesto mientras que la empresa completa la otra parte de sus ingresos.
En esta línea, cuando el trabajador complete los 12 meses del ingreso a la empresa deberá decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART, y todos los beneficios de estar en el mercado laboral, entre ellos, la indemnización futura.
Este punto no entusiasma al sector productivo basado en el hecho de que las empresas invierten recursos y tiempo en capacitar a sus trabajadores y consideran que, una vez tomado, el beneficiario no debería tener la opción de dejar el empleo y sostener el plan social.
La titular de la Unión Industrial de Salta (UIS), Paula Bibini, recordó que "desde Uninoa, en algún momento planteamos la posibilidad de incorporar trabajadores que fueran beneficiarios de planes sociales".
"La propuesta es muy positiva y nosotros creemos que puede lograr muy buenos resultados entendiendo que mucha gente podría estar disponible para sumarse al mercado formal del trabajo pero no lo hacía por esta cuestión de temor de perder el beneficio o el temor a perder después el empleo", explicó en diálogo con El Tribuno.
No obstante, Bibini señaló que "la única observación que hoy puede hacer el sector empresario e industrial es que esto tiene un tiempo, que puede ser hasta un año, y la persona que hoy es beneficiaria de planes puede mantener el beneficio y que si después decide no continuar con el trabajo puede mantener solo el plan social y dejar el trabajo".
"La observación es teniendo en cuenta que toda incorporación en una industria requiere capacitación, formación e inversión y nosotros pretendemos que en el momento que la empresa decida incorporarla, esa persona ya se quede trabajando en el lugar. Nos preocupa que se dé esa opción", dijo.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Carlos Segura, consideró que "el hecho de que se puedan eliminar los subsidios y planes ya es una buena medida, porque se dignifica a la persona", y agregó que "es importante también que se haga un censo o relevamiento (a pesar de que se dispone de muy poco tiempo) de cada uno de los oficios y el grado de capacitación que estas personas puedan tener y estén dispuestas a formar del sistema de trabajo registrado".
Segura explicó a este diario que "el hecho de eliminar subsidios y planes e incorporar personas que no posean cierto grado de conocimiento de las tareas que nuestro sector requiere, puede resultar contraproducente a corto plazo", pero que "si se dispone del tiempo para capacitar y están dispuestos a realizar lo necesario para producir, bienvenido sea".
Para Pablo López, secretario general de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), es "un proyecto muy bueno", aunque "todavía falta saber cómo lo van a implementar, pero sería bárbaro que se pueda hacer".
"Es algo que le está pasando desde hace bastante a todos los sectores que muchos trabajadores no quieren estar en relación de dependencia para no perder el plan", admitió en diálogo con este medio.
Finalmente, pidió que este proyecto "sea un instrumento para poder entrar al sistema y tener obra social y jubilación. Sería muy importante".
El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mecola, consideró que cualquier instrumento que utilice el Gobierno para bajar el gasto público es bueno siempre y cuando el proceso en esta transición sea el más adecuado".
"En el caso del turismo, la realidad que se necesita recurso humano calificado, por lo que no creo, salvo excepciones, que sea de ayuda o de gran impacto esta medida", señaló.
Jorge Guaymás, jefe de la Agencia Territorial del Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, explicó que "lo que se va a hacer es potenciar un decreto que ya está, el 514, el cual abarca a empleados rurales para que no pierdan las asignaciones familiares cuando trabajan".
"Massa va a profundizar este decreto, que es muy similar al Plan Fomentar con el que ya trabajamos nosotros, el cual permite a las pymes tomar y capacitar a los trabajadores durante un año y, a su vez, las pymes tienen un beneficio que reciben $33 mil por trabajador y reducciones impositivas que van del 90 a 95 por ciento por un año y luego se decide si el trabajador queda", explicó.
Guaymás destacó que "estas son soluciones innovadoras y superadoras frente a las críticas que recibe la política de planes sociales".