La Argentina es un torbellino de noticias entre las que cuenta clasificar cuáles son urgentes, cuáles graves y profundas, y cuáles, simplemente interesantes.
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La Argentina es un torbellino de noticias entre las que cuenta clasificar cuáles son urgentes, cuáles graves y profundas, y cuáles, simplemente interesantes.
Pero a estas horas hay dos temas que acaparan la atención.
El primero, urgente, grave y profundo es que más de la mitad de los hogares argentinos está sumergido en la pobreza, a pesar de que el Estado argentino lleva destinados $4,5 billones al gasto social. La inflación de agosto fue del 7% mensual, los precios acumulan un incremento del 78,5% en un año y para diciembre el índice superaría el 90%. El desbarajuste monetario es resultado de políticas que obligan a los argentinos a buscar una moneda segura, porque el peso se diluye día a día. Y a esto se agrega que los exportadores de cereales se encontraron con una sorpresa de efectos destructivos: luego de liquidar su soja que le fue pagada a razón de $ 200 por dólar, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, rompió el acuerdo previo y les prohibió comprar divisas en el dólar mercado ($303). Si necesitan dólares para importar insumos deben venderlo al Estado, a mitad de su valor.
Se trata de una trampa que echa por tierra la credibilidad que el ministro de Economía, Sergio Massa intentó mostrar durante su gira en Estados Unidos y también en China. Y ninguna solución se vislumbra por ahora, más allá de que se insinúe un plan salvataje.
Urgencias que no lo son
La agenda del Congreso sigue enfrascada en otras cosas. En el Senado, las urgencias judiciales de la vicepresidenta Cristina Kirchner lograron reunir a 36 senadores para votar un proyecto de alto riesgo institucional: el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Sorprende la liviandad del tratamiento, tanto, que el kirchnerismo quiere agrandar al máximo tribunal con los mismos argumentos con que antes lo redujo.
La técnica jurídica podría debatir con fundamentos el número de jueces que necesita el máximo tribunal de justicia del país. A simple vista, ella está enfurecida porque la Justicia es el único Poder del Estado que funciona con una independencia y un apego a las leyes que le permiten llevar adelante un juicio por hechos de corrupción, que ocurrieron durante su presidencia y que ella no logra desacreditar. Por eso trató de imitar lo que hizo Hugo Chávez en 2002, cuando amplió el máximo tribunal venezolano a 32 miembros, nombrando jueces subordinados. Más allá de la politización que la misma vicepresidenta introdujo en el Consejo de la Magistratura cuando era presidenta, y también a pesar de las falencias propias de los jueces, que son humanos, la previsibilidad de la Justicia es incomparable con la falta de seriedad del gobierno de Alberto Fernández y con sujeción del oficialismo a "la conducción". Y eso también fue evidente el jueves: el proyecto original proponía nombrar 25 miembros para que cada provincia tuviera un juez de Corte. Es decir, un tribunal destinado a desestimar cualquier denuncia contra un gobernador. Para sumar a Adolfo Rodríguez Saá, aceptaron reducirla a quince. Todo daba igual, al parecer.
Es difícil que la iniciativa pase en Diputados. Más difícil es que, si para cubrir una vacante de la actual Corte y para dar acuerdo al nuevo Procurador nunca pudieron reunir los dos tercios necesarios, la designación de once miembros más resulta una ilusión. El objetivo de Cristina Fernández era hacer una demostración de fuerza antes de su alegato. Pero la demostración que hizo fue la de una grave falta de seriedad suya, de la mitad del Senado y de los gobernadores que entraron en ese juego antidemocrático.
Acusada acusadora
A este problema, grave y profundo, se añadió su alegato del viernes ante el Tribunal donde, sin argumentos jurídicos y sin negar los hechos denunciados, terminó acusando a los fiscales y a los jueces, al punto de asociarlos con la autoría intelectual del intento de asesinato que sufrió el 1 de setiembre. Es evidente que sus prioridades están puestas en frenar un juicio ante el que se siente impotente. La responsabilidad del atentado deberá establecerse con urgencia, también la de los policías y los custodios. Pero está claro que no fue este el atentado más grave contra nuestra democracia: Raúl Alfonsín y Carlos Menem también fueron objeto de atentados frustrados, pero los asumieron con más discreción. Y la muerte violenta de Alberto Nisman es lo más parecido a un magnicidio en nuestra historia reciente.
La referencia al atentado en su alegato solo fue otra muestra de impotencia. Y un síntoma de la falta de seriedad y de visión de futuro con que se diseña la agenda en la Argentina del Siglo XXI.