La sociedad argentina enfrenta un hecho tan reprochable como trascendente. Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con un acto cobarde y cargado con la peor pulsión, la que niega la vida.
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La sociedad argentina enfrenta un hecho tan reprochable como trascendente. Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con un acto cobarde y cargado con la peor pulsión, la que niega la vida.
Tampoco nadie puede desconocer que, si no se lo enmarca dentro del cauce institucional, esa misma pulsión puede atentar contra todo el sistema.
La Justicia tiene que investigar y resolver. Sin interferencias, con todas las garantías y en plena libertad. Ese es su rol. El resto, especialmente la dirigencia política, tiene que abogar por eso. Y por sobre todas las cosas, que lo ocurrido no propague violencia sino que la contenga desde la responsabilidad de las palabras y los gestos.
No está bien negar arteramente, desde una posverdad que no analiza objetivamente sino que tergiversa los hechos para reafirmar creencias. Menos lo contrario: acicatear reacciones que ponen en peligro la paz social, con la excusa de protegerla; y menos, mucho menos, utilizar los dispositivos del Estado para el absurdo.
El mensaje del Presidente de la Nación Argentina y el decreto dictado anoche son un error y están mal por dónde se los mire. Representan la banalidad de la institución de la palabra presidencial y de su instrumento normativo por excelencia.
Que la máxima autoridad de un poder diga por cadena nacional que llamó a la jueza que tiene a cargo la investigación para darle instrucciones, es básicamente una violación en vivo y en directo de sus facultades.
Lo es también realizar un ejercicio mayéutico y especulativo sobre lo que no se sabe y se está tratando de establecer en una investigación abierta, que tiene en vilo a un país. La palabra presidencial tiene un valor aumentado en un escenario como éste; mejor callar que emitir palabras ígneas.
Dictar un decreto disponiendo un feriado nacional para "que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación…", es para los anales.
Claro está que no hace falta un feriado para expresar repudio. Y que el repudio es tal y depende de cada ciudadano cómo lo expresa en el marco de la ley; no hacen falta gradaciones ("más profundo"). Y lo más grave, ante un hecho que está investigando otro poder del Estado, no solo se lo llamó para instruirlo, sino que además se lo condiciona con una marcha convocada por decreto. Para completar la faena, solo faltaría que se dicte un decreto instruyendo al Poder Judicial a dictar una sentencia.
Es tiempo de introspección, no de atolondramiento ni uso político. Actuar con responsabilidad institucional a esta altura es mucho más que un deber porque es mucho lo que está y lo que puede estar en juego. Estamos hablando de la vida de una persona y, si no estamos a la altura de las circunstancias, también de la vida del sistema institucional argentino. Con la Constitución en la mano, siempre.