La necesidad de las fiscalías ambientales es un hecho e interpela al Estado por su obligación, compartida por todos y cada uno de los ciudadanos, de cuidar el ambiente por mandato constitucional.
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La necesidad de las fiscalías ambientales es un hecho e interpela al Estado por su obligación, compartida por todos y cada uno de los ciudadanos, de cuidar el ambiente por mandato constitucional.
No entraré a mencionar artículos, porque esa opinión no aspira a convertirse en una no es una clase de la Facultad de Derecho; mi intención es la de informar a todos que existen normas internacionales, nacionales provinciales y municipales que obligan a respetar y velar por la atmósfera, la biósfera y el agua.
Y ¿qué sucede cuando esa obligación no se cumple? Se produce un daño ambiental que, sostenido en el tiempo, puede ser catastrófico. Se trata de daños que van deteriorando al ecosistema, los bosques, la forestación urbana, los pastizales, el suelo, los glaciares y las zonas de peri glaciares, el aire, por la emisión de gases, el polvo de algunas industrias, el agua por la contaminación con desechos industriales, cloacales y basurales a cielo abierto.
Todas estas contaminaciones y daños tienen origen en el comportamiento humano. Por una parte, es necesario desarrollar una cultura ambiental que concientice y prepare a las personas para modificar el estilo de vida, para el tratamiento de los residuos y para la superación de prácticas contaminantes. Y esto debe comenzar por el Estado, evitando que sus organismos se desentiendan de la calidad del agua, la preservación de los suelos, el manejo de sustancias contaminantes y una mejora sustancial en el sistema energético y el uso de combustibles; por orea parte, el Estado debe controlar en el cumplimiento de las leyes por parte de las empresas y los ciudadanos.
Además de la debida y necesaria participación social, ya las empresas no pueden tomar determinadas decisiones que puedan afectar al resto de la sociedad sin comunicarlas previamente y someterlas en audiencia pública, cuya realización es una obligación establecida por ley. Y brindar allí información clara y detallada, antes, durante y una vez finalizados los procesos.
La realidad es que cuando se incendian los campos, los bosques, los cerros, cunde escándalo y proliferan las grandes declaraciones; Todos los discursos y las propagandas muestran a la dirigencia embanderara con el ambiente, hasta que se apaga fuego. Todo se olvida, y quedan dañados las personas, la fauna, la flora y todo el ecosistema.
En el año 2018, el entonces senador metanense Roberto Gramaglia presentó un proyecto de ley para la creación de las fiscalías ambientales, proyecto interesante, bastante completo y oportuno, teniendo en cuenta que la Argentina ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un incumplimiento de Salta. Si bien ese fallo tuvo su origen en el reclamo de comunidades wichi por la falta de entrega de tierras, en su parte resolutiva, habla del agua, de la consulta previa, de los valores culturales y de la biodiversidad.
Pues bien, en 2022, cuatro años más tarde, como consecuencia de los incendios que ocurrieron en Salta, los funcionarios se acordaron del proyecto, y lo desarchivaron, lo desempolvaron, lo trataron y la comisión de Ambiente de Diputados que lo tenía desde hace dos años, decidió tratarlo en comisión.
Allí me convocaron y expresé que el 28 de octubre de 2020 personalmente había presentado una nota al Senado, a su pedido, como opinión técnica. Allí había manifestado que el proyecto para crear una fiscalía que se encargue de proteger el medio ambiente, el maltrato animal, y el patrimonio cultural, era oportuno y necesario. Todo esto en mi calidad de directora del Ideas de la Ucasal.
Invoqué como fundamento sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recordé que otros países americanos tienen esta figura por ley, y lo importante que tenga jurisdicción por cuencas, es decir, ajustada a la necesidad ambiental ya que por cuencas se piensa siempre el ordenamiento territorial y el daño al ecosistema. Incluso me permití señalar que se comience con dos fiscales, pero todo sigue en veremos. Tanto que el proyecto perdió estado parlamentario. Y el año próximo, si piensan en el tema (esperemos que no sea después de otro desastre), habría que presentar un nuevo proyecto.
Los mismos asesores ponían objeciones administrativas y presupuestarias, aunque todavía no se había presentado el presupuesto para el año 2023. No generaron ninguna idea con valor jurídico y estratégico.
El cuidado del ambiente no les interesa. No quieren hacer el menor esfuerzo por impulsar el desarrollo sustentable. Ni la dirigencia ni el Estado demuestran estar en condiciones de proyectar, legislar y controlar.
El mismo gobernador de Salta, el pasado 3 de noviembre, en diálogo con FM Profesional reconoció necesaria la creación de una fiscalía especializada. Del dicho al hecho, en este caso, no debería haber ningún trecho.
La realidad es que adecuarse a la realidad del mundo contemporáneo, a las exigencias de los acuerdos que el país ha suscripto y a la función política de construcción y gestión es demasiado para una dirigencia enfrascada en otras preocupaciones. Estamos hablando de la sustentabilidad, el medio ambiente, la salud y la vida de la población.
Al no comprender el problema, no les interesa crear fiscalías ambientales.