El crecimiento de la violencia criminal en la ciudad de Rosario enciende una luz de alerta para todo el país, pero, al mismo tiempo, exige una mirada precisa y equilibrada. No será posible resolver un problema de notoria gravedad si se lo niega, pero tampoco si se lo sobredimensiona y, sobre todo, si no se detectan las causas reales del fenómeno, que ya lleva dos décadas.
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El crecimiento de la violencia criminal en la ciudad de Rosario enciende una luz de alerta para todo el país, pero, al mismo tiempo, exige una mirada precisa y equilibrada. No será posible resolver un problema de notoria gravedad si se lo niega, pero tampoco si se lo sobredimensiona y, sobre todo, si no se detectan las causas reales del fenómeno, que ya lleva dos décadas.
En lo que va del año se registró en esa ciudad el promedio inédito de un homicidio doloso por día. El año pasado, según la ONU, la Argentina mostró una tasa de homicidios de 5,5 cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio americano que alcanza los 15,4. Pero en Rosario hubo 21,57 homicidios dolosos cada 100.000 personas. En tres de cada cuatro casos se trató de crímenes planificados asociados al narcotráfico.
En esa ciudad se ha producido una eclosión del crimen organizado, llevado a cabo por bandas territoriales locales alentadas por el aumento de la oferta y la demanda de cocaína y marihuana, las modificaciones del mapa del narcotráfico del continente, las fronteras permeables y las vías pluviales de la Argentina, que convierten al puerto de Rosario en un lugar estratégico. Pero, al mismo tiempo, los hechos de violencia registrados el lunes, cuando los vecinos del niño asesinado en el barrio Los Pumitas intentaron linchar a un miembro de una de las gavillas, mostraron el escenario de pobreza y exclusión donde los narcotraficantes se disputan el territorio, así como la utilización de jóvenes marginales, enviados a matar sin dominar el manejo de armas.
La debilidad y la corrupción policial, la complicidad de parte del poder político y la insuficiencia de fiscales y jueces federales han contribuido a la pérdida del control territorial por parte del Estado.
Ni en esa ciudad ni en el territorio argentino funcionan carteles como los clásicos de Colombia o México, ni gavillas equiparables a las maras de El Salvador. Y no se ha comprobado que organizaciones de otros países desarrollen actividad territorial en el nuestro.
El crimen organizado local se dedica, especialmente, al procesamiento de la pasta base y al narcomenudeo, con un mercado interno creciente, a cargo de bandas cuyo poder se agranda con el repliegue de la policía y con la contribución de estructuras profesionales legales, que actúan también fuera de la ley. El negocio moviliza mucho dinero, tanto con la venta local como con la exportación. Ese ingreso es lavado, es decir, invertido con apariencias de legalidad, con la complicidad de expertos del mundo financiero e inmobiliario, a quienes los protagonistas de las balaceras no conocen, pero que mantienen fluidos vínculos con los jefes que comandan a sus secuaces desde las cárceles de Santa Fe y Buenos Aires, y con narcotraficantes de alto rango que intervienen en las etapas de ingreso de la droga al país o en el embarque hacia Europa o Asia menor.
Es muy difícil anticipar si la sola presencia de gendarmes, policías federales e ingenieros del Ejército alcanzará para detener la guerra entre narcos.
La venta de droga es un negocio en alza y con un 40% de la economía en negro, recesión y desempleo, el narcomenudeo resulta una salida rentable para jóvenes sin horizontes personales.
Los expertos coinciden en que Rosario es el espejo de una realidad que está latente en el resto de un país que debe profesionalizar y jerarquizar a sus fuerzas policiales y de seguridad. Pero que necesita perentoriamente de dirigencias políticas con un compromiso ético, que debatan los problemas de fondo en base a la experiencia, la técnica y la ciencia, y que, sobre todo, cierren una grieta que es una bomba de tiempo y que nace de las ambiciones y la corrupción.
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