Por primera vez, quizá en nuestra historia, el presidente de la Nación estuvo ausente del acto oficial en homenaje a la fundación de la Patria. Este jueves 25 de mayo, una facción del oficialismo convocada por la vicepresidenta Cristina Kirchner proscribió el ingreso de Alberto Fernández al palco, que estaba montado de tal forma que se evitara como fondo la imagen de la Casa de Gobierno.
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Por primera vez, quizá en nuestra historia, el presidente de la Nación estuvo ausente del acto oficial en homenaje a la fundación de la Patria. Este jueves 25 de mayo, una facción del oficialismo convocada por la vicepresidenta Cristina Kirchner proscribió el ingreso de Alberto Fernández al palco, que estaba montado de tal forma que se evitara como fondo la imagen de la Casa de Gobierno.
La escenografía y la centralidad absoluta de Cristina estuvieron orientadas con indudable prolijidad a reivindicar los veinte años del comienzo de un ciclo de Gobierno, con la presidencia de Néstor Kirchner, y proponerlos como un acontecimiento histórico.
Un acto que eclipsó por completo el recuerdo de aquellos días que, hace 213 años, sellaron el nacimiento de la Nación. Entre los argentinos es entrañable el sentimiento que inspira aquella Primera Junta, que desplazó al virrey Cisneros e inauguró el primer gobierno patrio, poniendo en marcha una historia de heroísmo y sacrificios, que sigue siendo la historia de todos. Los héroes y los próceres pertenecen a sus pueblos, no a las elites o las minorías partidarias.
Manipular la historia para adecuarla a intereses ideológicos y políticos es una forma de fraude científico.
Usurpar la gloria de los próceres, un abuso de poder.
La evaluación de estas dos décadas, sin embargo, debe ser abordada a partir de la crisis política en el seno de la Alianza, en el año 2000, con la renuncia compulsiva del vicepresidente Carlos Álvarez y el desconcierto del presidente Fernando de la Rúa para resolver la crisis macroeconómica surgida del exceso de gasto público y que precipitó el fin de la convertibilidad.
Tras el desplazamiento de De la Rúa y el escándalo de los cinco presidentes, con la asunción de Eduardo Duhalde se inició un camino de normalización sumamente traumático y que se interrumpió a poco de andar. Las elecciones de 2003 mostraron que, por primera vez, el justicialismo concurría a las urnas con tres fórmulas y el radicalismo con dos. Ambos partidos tradicionales habían perdido su identidad.
Desde entonces transcurrieron cinco períodos presidenciales y el balance final es dramático.
En dos décadas la planta de personal del Estado se duplicó, lo mismo que el crecimiento del gasto público con respecto al PBI. Pero también, al ritmo galopante de la inflación, se multiplicaron la pobreza y el número de personas que dependen del Estado para vivir, además de crecer exponencialmente la economía en negro y la declinación de la educación pública frente a las exigencias del sistema productivo y laboral.
De esta realidad debe hacerse cargo toda la dirigencia argentina, porque afecta al pueblo de la Nación en su conjunto.
La Argentina necesita, como hace dos siglos, producir un viraje histórico. La crisis social requiere una respuesta económica enérgica y sostenida, que exigiría esfuerzos de la política. Entre ellos erradicar la demagogia y el facilismo. No podrá llevarse adelante sin reconstruir las instituciones de la democracia representativa y recuperar el prestigio de la Justicia, que solo será posible mientras actúe con total independencia y profesionalidad, y cuando el poder político no interfiera en la designación de magistrados, tratando de subordinarlos a la voluntad del líder. Es imprescindible que el Congreso y las legislaturas asuman que su rol consiste en ser representantes del pueblo y no de un jefe político.
Ya no hay lugar para mesías iluminados o fórmulas mágicas.
Es imprescindible, en definitiva, construir un sistema político sin pretensiones absolutistas y garantizar que el Estado esté conducido por personas elegidas por la ciudadanía, en elecciones realizadas en el marco de la Constitución, con gabinetes idóneos y responsables, que actúen, exclusivamente, al servicio del bien común.