Lo que El Tribuno daba a conocer a la opinión pública el pasado 28 de junio, y tras un proceso judicial que a diario tiene novedades, se terminó confirmando: el empleado infiel que desde el 2015 trabajaba en el sector de tesorería de la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Salta fue imputado ayer luego de ser detenido en el marco de un allanamiento que se realizó en su vivienda.
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Lo que El Tribuno daba a conocer a la opinión pública el pasado 28 de junio, y tras un proceso judicial que a diario tiene novedades, se terminó confirmando: el empleado infiel que desde el 2015 trabajaba en el sector de tesorería de la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Salta fue imputado ayer luego de ser detenido en el marco de un allanamiento que se realizó en su vivienda.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó de forma provisional al hombre, empleado de la institución, como autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta.
Estuvo acompañado de un defensor particular y tras conocer la acusación en su contra se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención.
La investigación se inició a partir de la denuncia de las autoridades de la institución, quienes fueron alertadas por personal del área contable sobre una irregularidad detectada en el cobro de un expediente y que al hacer un relevamiento detectaron que hubo otra situación similar.
La maniobra consistía en recibir un pago y en forma posterior anular el recibo respectivo, sin dejar asentada la razón o motivo de este accionar, provocando que en los registros informáticos internos el pago efectivamente realizado por el aportante figurara como adeudado, cuando en los hechos se extendió por caja un recibo perfectamente conformado y valido para ser presentado en juicio como constancia de pago.
El acusado cumplía la función de cajero y se habría apoderado de bienes ajenos a su propiedad, accediéndolos ilegítimamente a su patrimonio, luego de efectuar maniobras registrales fraudulentas y con las cuales evitaba que se detecte su proceder.
El fiscal explicó que la investigación continúa en atención de que estos fondos son de origen privado pero están vinculados a la seguridad social de los abogados matriculados, adquiriendo un interés que excede lo privado.
Remarcó que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas tendientes a esclarecer la situación y determinar si se trata de hechos aislados y si existió la participación de terceras personas. Desde el 2011 se venían haciendo anulaciones, lo que supone más de 1.600 anulaciones, de las cuales muchas eran correctas y otras no. Lo cierto es que se presume un robo multimillonario.