Después de conocidas las medidas anunciadas por el Gobierno para evitar una caída del consumo y llevar alivio a los bolsillos tras la devaluación, las principales entidades empresariales del país advirtieron sobre los inconvenientes que crearán las sumas fijas y su difícil aplicación.
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Después de conocidas las medidas anunciadas por el Gobierno para evitar una caída del consumo y llevar alivio a los bolsillos tras la devaluación, las principales entidades empresariales del país advirtieron sobre los inconvenientes que crearán las sumas fijas y su difícil aplicación.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) consideraron que es una "decisión unilateral" y que otorgar la suma fija de $60.000 a los empleados "distorsiona las negociaciones colectivas". En sintonía con lo planteado más por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), fuentes de la central fabril manifestaron: "Para los industriales cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias".
"Estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas". En ese sentido, plantearon que actualmente la industria argentina cuenta "con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios".
El rechazo de la Unión Industrial
Para la UIA, el Gobierno tomó una decisión "unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto". "Generará superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas libremente por las partes en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas, económicas y negociales diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama", planteó.
En tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó el pago de un bono para empleados registrados, por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado "son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales".
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pago de una suma fija de $60.000, en dos cuotas de $30.000 a cobrarse en septiembre y octubre, para los trabajadores privados y los estatales de la Nación que ganan hasta $400.000.
Diferentes situaciones
La entidad pyme sostuvo que cada sector de la economía y cada empresa en particular "atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto". En particular, indicó que los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales "acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado".
"Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida", se quejó CAME.
Y advirtió que "la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente".
Es apenas un paliativo
El paquete de medidas anunciado es apenas un paliativo que, además, puede llegar a aumentar el gasto fiscal y hacer más difícil de cumplir la meta acordada con el FMI, según la opinión de los expertos.
El gasto que implicarán las nuevas medidas ascenderá a $730.000 millones, lo que equivale a 0,4% del producto bruto interno (PBI). Según analistas privados, esa suma apenas alcanza para una mínima ayuda y, aunque esta cuestión dependerá de la evolución de la inflación, puede llegar a complicar el objetivo de tener un déficit fiscal de 1,9% del PBI anual.