"Nadie conoce realmente cómo es una Nación hasta haber estado en una de sus cárceles". Esta cita encabeza el informe 2023 del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Salta y corresponde a Nelson Mandela, una figura emblemática del siglo XX.
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"Nadie conoce realmente cómo es una Nación hasta haber estado en una de sus cárceles". Esta cita encabeza el informe 2023 del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Salta y corresponde a Nelson Mandela, una figura emblemática del siglo XX.
Mandela soportó 27 años de cárcel por enfrentarse al "apartheid" en su país, Sudáfrica, donde la herencia de la colonización británica y holandesa trazó uno de los períodos más xenófobos y racistas de la historia moderna. El gobierno blanco sudafricano decretó el "apartehid" para preservar "la pureza de la raza blanca" el mismo año en que la ONU proclamó la declaración universal de los derechos del hombre. Siguiendo la recomendación de Mandela, los miembros del comité salteño visitaron 18 sitios de detención y crearon un sistema de comunicación directa para recibir pedidos y demandas de las personas privadas de libertad.
El extenso informe del Comité salteño describe un escenario sobre la situación carcelaria en Salta, que en nada difiere del que ofrecen todos los centros de reclusión de todo el país. Lo que está en juego son los derechos humanos, es decir las garantías que el Estado está obligado a brindar a todas las personas que quedan a su cargo. Incluso, los peores criminales. Y es inadmisible tomar decisiones inspirados en prejuicios, odio de clases, o cualquier forma de desprecio que desconozca al recluso su condición de ser humano.
Ningún funcionario, ningún gobierno debería cerrar los ojos. El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un organismo oficial creado para proteger derechos básicos.
El informe fue presentado por el presidente Rodrigo Sebastián Solá, el vice Ramón Rosa Corregidor, y por Cristina del Valle Cobos Rodríguez, Andrés Marcelo Giordamachi, María José Castillo, Tania Nieves Kiriaco y Mercedes Coria.
En las 129 páginas del texto se señalan carencias severas en materia de atención sanitaria, hacinamiento, alimentación y, especialmente, la inadecuación de la infraestructura penitenciaria de toda la provincia para el alojamiento de mujeres, de niños menores de cuatro años al cuidado de sus madres, y a la situación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBQ+.
Hay un dato insoslayable. La provincia tiene una capacidad declarada para el alojamiento de personas privadas de su libertad que asciende a 2777 plazas; a su vez, el servicio informa que los detenidos son 3929. Es decir, hay 1152 personas, el 41,48%, que exceden el cupo oficial. Pero el Comité informa, de acuerdo con la normativa vigente, que los lugares disponibles son 1579 solamente, debido a que se deben calcular 6 metros cuadrados por detenido; es decir, que hay 2350 de excedente, el 148,83% de estas personas alojadas a cargo del Estado. El hacinamiento solo puede derivar en vulneraciones a los derechos humanos, porque es imposible preservar la higiene más básica y garantizar una convivencia razonable entre personas encerradas en condiciones infrahumanas. Esto se agrava en el caso de las mujeres, que representan el 5% de la población carcelaria. Según la abogada Tania Kiriaco, en su mayoría están detenidas por microtráfico, encerradas en espacios físicos inadecuados para cubrir sus necesidades específicas y para cuidar a sus bebés. Y lo mismo ocurre con las minorías sexuales, víctimas de maltratos y discriminaciones.
Las cárceles son el reflejo de una crisis social que ha generado, a lo largo de varias décadas, infinidad de hogares con tres generaciones de desocupados, y que se refleja también en el deterioro del nivel de los conocimientos y las destrezas de los egresados de la enseñanza media.
Es imprescindible que el Estado adopte decisiones que estén fundamentadas en conocimientos de la sociología del delito. Los extremos son miradas que eluden la realidad humana de los reclusos. Desde la cosmovisión abolicionista, parte del mito de la inocencia intrínseca del delincuente, caracterizado como una víctima de la sociedad hasta el modelo de la represión encarnado por las policías y los servicios penitenciarios caracterizados elogiosamente como "bravos", la seguridad de la totalidad de los ciudadanos requiere otros enfoques.
El Estado es imprescindible este tema, que no es policial sino social. Por eso es destacable la referencia de Rodrigo Solá: convertir al sistema penitenciario como organismo auxiliar de la justicia, profesionalizado y técnico. Además, vinculado con los ministerios de educación y salud. Incluso, para la formación de los agentes.
En el mundo occidental, las leyes y los acuerdos van coincidiendo en frenar la barbarie sin utilizar métodos bárbaros. Es decir, trata de superar la resignada sentencia publicada en 1879, en La vuelta de Martín Fierro: "La ley es tela de araña,/ y en mi ignorancia lo explico,/ no la tema el hombre rico, no la tema el que mande,/ pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos".
No es fácil, pero es imprescindible.