La investigación por la desaparición de la niña E se inicio el pasado 5 de enero. Desde ese día la policía de Salta desplegó un importante operativo de búsqueda de persona que involucro a diversas áreas como la Dirección General de Investigaciones, Dirección General de Ciberseguridad y la Dirección Unidad Regional 7, que trabajaron bajo la dirección de la Fiscalía Penal de General Güemes.
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La investigación por la desaparición de la niña E se inicio el pasado 5 de enero. Desde ese día la policía de Salta desplegó un importante operativo de búsqueda de persona que involucro a diversas áreas como la Dirección General de Investigaciones, Dirección General de Ciberseguridad y la Dirección Unidad Regional 7, que trabajaron bajo la dirección de la Fiscalía Penal de General Güemes.
Inmediatamente se coordinaron acciones con la Brigada de Investigaciones de la Provincia de Jujuy, Gendarmería Nacional y Policía Federal y de esa manera con la colaboración vecinal y el minucioso análisis de cámaras de seguridad permitieron establecer que la joven podría haberse trasladado hacia el vecino país de Bolivia.
Con los datos y pruebas reunidas tomó intervención la Fiscalía Federal a cargo de Ignacio Irigoyen, dando participación a la División Prevención y Lucha Contra la Trata de personas quienes realizaron las coordinaciones necesarias con el área de Inteligencia Criminal de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, logrando esta fuerza constatar el paradero de la joven en una vivienda de esa localidad.
El exitoso trabajo no terminó aún, ya que resta una investigación profunda sobre un hecho que mostró a las claras que una niña de cualquier punto de la provincia de Salta o más lejos aún puede llegar a la frontera con el vecino país en solo pocas horas, son ser detectadas por los controles habituales que realizan las distintas fuerzas de seguridad. La vulnerabilidad de la frontera es otro tema preocupante ya que por ese "colador" se producen ingresos y egresos de delincuentes, muchos de ellos ligados a los carteles del narcotráfico y a las actividades de sicariato, con varios casos ocurridos en la frontera norte que aún no pudieron dilucidarse y que tienen solo a ciudadanos argentinos como responsables.