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Sin fondos, continúan parados 8 mil trabajadores de la construcción

Hay incertidumbre en el sector por la paralización de la obra pública. Y desde la UOCRA aseguran que el sector privado absorberá solo una parte de la mano de obra.
Miércoles, 28 de febrero de 2024 01:05

La incertidumbre que hay en el sector de la construcción se siente en la calle y hay preocupación. Hoy, los trabajadores enfrentan un futuro incierto, por la cantidad de proyectos suspendidos o paralizados que hay en Salta y, sobre todo, porque hay una falta de claridad sobre cuándo y cómo se reactivará la actividad.

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La incertidumbre que hay en el sector de la construcción se siente en la calle y hay preocupación. Hoy, los trabajadores enfrentan un futuro incierto, por la cantidad de proyectos suspendidos o paralizados que hay en Salta y, sobre todo, porque hay una falta de claridad sobre cuándo y cómo se reactivará la actividad.

El principal motivo de esta paralización es la falta de financiamiento nacional a obras públicas en la provincia que enfrentan un pronunciado recorte. Con más de 2.000 viviendas detenidas, junto con proyectos de envergadura como la ciudad judicial de Orán y el embalse El Limón, la Provincia está llamada a reinventarse para no paralizar por completo la actividad.

Según números proporcionados por el Ministerio de Economía a El Tribuno, la deuda del Gobierno nacional por la paralización de las obras que financiaban por Nación antes de que asuma Javier Milei, asciende a $12.080 millones.

En una entrevista con Rubén Aguilar, el secretario General de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) seccional Salta, abordó la preocupante situación de la obra pública en Salta, donde la actividad de construcción se encuentra prácticamente paralizada. Aguilar explicó que esta falta de financiamiento tuvo un fuerte impacto en el sector, dejando a miles de obreros sin empleo y en suspenso obras claves para la provincia.

"La obra pública de Salta está prácticamente paralizada en su totalidad. Hay muy poca gente trabajando. Hoy, no te sé decir si es el 50 o el 90 por ciento, porque hay mucha gente que está suspendida. Pero por ejemplo, la planta depuradora de la zona sur que se estaba haciendo, a fines de año tenía más de 100 trabajadores, volvieron de vacaciones y quedaron 50. Ahora creo que van a quedar 10 o menos, porque también está paralizada", expresó el representante gremial.

Aguilar explicó que, como parte de una estrategia del Gobierno nacional, fue que en todos los estamentos de la administración no hay responsables nombrados y es por eso que no hay quién pague o quién ordene el pago de un certificado de obra . "Así se han parado todas las rutas nacionales", añadió.

"Se paró también la Ciudad Judicial en Orán. Las obras chicas como las refacciones de escuelas, olvídate, no quedó nadie. Inclusive el hospital del Carmen, de Metán, también que estaba haciendo una refacción, no quedó nada. Se paralizaron las obras del IPV en Rosario del Lerma, en Rosario de la Frontera, en Pereyra Rozas, quedan muy pocas personas trabajando. Si vos hacés una visita ahí, vas a ver el yuyaral que hay, abandonado totalmente", relató Aguilar.

Las empresas

El secretario general de la UOCRA expresó que la cantidad de trabajadores del sector de la construcción que están cesanteados ronda los ocho mil obreros. Además, aclaró que son muy pocas las empresas que están con deuda o quedaron debiendo alguna liquidación final o el pago de alguna quincena. Comentó que "casi todas" han cumplido con los pagos a los trabajadores.

Aguilar remarcó que el sector privado va a absorber la mano de obra que requiera y mostró preocupación porque aseguró que algunos empleadores están aprovechando la situación para pagar salarios en negro y reducir las condiciones laborales.

"Sobre ese tema tengo alguna duda. Porque aprovechando la situación, hay muchos del sector privado que tienen la gente en negro, están pagando la mitad del sueldo en negro, la mitad en blanco. Es un desastre. Es una pena lo que hacen. Con la Secretaría de Trabajo estamos inspeccionando, pero es mucho el trabajo para hacer", remarcó.

A pesar de que el Gobierno provincial aseguró que se van a reanudar las obras, para Aguilar la incertidumbre persiste. Los trabajadores enfrentan un futuro incierto, con una falta de claridad sobre cuándo y cómo se reactivará la actividad.

"Hablé con el ministro Sergio Camacho y me dio toda la garantía de que la Provincia iba a encarar las obras como sea y que no va a permitir que queden paralizadas, pero del dicho al hecho hay una realidad que es la que impera", finalizó Aguilar.

Fuerte comunicado de la UOCRA

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) envió un comunicado declarando el "Estado de Alerta y Asamblea Permanente" en todas las obras, públicas y privadas, del país.

"La medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional; la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria", remarca el comunicado.

El gremio remarcó que además de la "caída abrupta" de la actividad económica, el sector se ve perjudicado por la "reticencia" de los empresarios a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo.

"En los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción. La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública", expresa el documento.

Para la UOCRA es "inaceptable" que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno y que no convoque al diálogo social.

 

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