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La contadora Gabriela Juárez, titular de Rentas de la Municipalidad de Cerrillos, denunció amenazas y una campaña mediática en su contra impulsada por algunos comerciantes irregulares y sectores políticos de esta ciudad. Detrás del conflicto salen a la luz viejas maniobras de corrupción y cobros clandestinos durante gestiones municipales pasadas, que dejaron a decenas de negocios sin habilitaciones legales pese a haber pagado.
Detrás de una convocatoria a protestar este jueves por persecuciones a tres comercios clausurados, por debajo, la trama es mucho más oscura de lo que se pensaba. Juárez, denunció haber sido amenazada y difamada públicamente por un grupo de supuestos comerciantes, varios de los cuales tienen antecedentes por venta de carne en mal estado, usurpación de locales y evasión de controles sanitarios.
El cabecilla de esta insólita manifestación, ya denunciado por ocupar ilegalmente un local en barrio Los Pinares y ofrecer alimentos en condiciones deplorables —con 148 kilos de carne podrida decomisados—, intenta ahora mostrarse como víctima de una supuesta persecución del municipio. Pero los antecedentes del sujeto hablan por sí solos: causas penales abiertas, decomisos reiterados, usurpación de un local comercial y clausuras.
Detrás de esta maniobra hay un trasfondo político evidente. La protesta surge justo cuando el municipio avanza con controles y auditorías que revelan años de desmanejo y corrupción administrativa durante gestiones municipales anterior
Según la funcionaria Juárez, el equipo actual descubrió más de 100 comercios con habilitaciones irregulares y casos en los que los pagos de derechos nunca ingresaron a la caja municipal. "Había comercios que mostraban un número de padrón, pero sus expedientes tenían dos o tres hojas. Otros pagaron por habilitaciones que jamás se registraron. La plata iba a una cartera, no a Rentas", explicó la contadora en una entrevista televisiva.
El mecanismo, denunciado por testigos y respaldado por documentos, consistía en cobros "por izquierda" dentro del propio municipio, donde empleados infieles recibían dinero en mano y lo desviaban antes de registrarlo en el sistema oficial. Esa red de recaudación paralela permitió que decenas de locales operaran "de palabra" y fuera de toda norma, bajo la protección política del poder de turno.
Juárez confirmó que varios empleados fueron cesanteados y que las actuaciones ya pasaron a la Justicia, aunque las resistencias internas persisten. "Cada vez que intentamos ordenar algo, aparecen las amenazas y las campañas sucias. No soportan que les exijamos cumplir la ley", sostuvo la funcionaria.
En los últimos meses, el área de Rentas realizó relevamientos en más de 240 comercios, de los cuales la mitad ya regularizó su situación. Sin embargo, los controles en barrios como en la zona de Los Pinares, Santa Rita y Paraíso despertaron reacciones violentas entre quienes se beneficiaron del viejo descontrol.
"El municipio insiste en que no se trata de persecución política, sino de poner orden donde antes reinaba el vale todo. Pero el costo es alto: campañas mediáticas armadas, denuncias falsas y amenazas personales contra mi persona y ahora se la agarran con mi familia. Yo simplemente cumplo con mi trabajo".
Mientras tanto, la justicia avanza en las investigaciones sobre los cobros truchos, habilitaciones fantasmas y desvíos de fondos que marcaron aparentemente gestiones municipales pasadas.